La semana que viene, la Marcha Federal Universitaria marcará un nuevo capítulo en la defensa de la educación superior pública frente al ajuste y el abandono. No es solo una demanda sectorial, es un reclamo por el país que queremos

El miércoles 28 de mayo no será un día más. Las calles volverán a llenarse de miles de voces que exigen algo esencial: sostener el acceso al saber, la inclusión social y la soberanía intelectual. La comunidad académica y distintos sectores de la población se unirán en una movilización nacional para decirle no al desfinanciamiento y a la indiferencia del poder político frente al deterioro del sistema universitario público.

No se trata solo de salarios congelados, edificios que se caen a pedazos o proyectos de investigación paralizados. Lo que está en juego es el modelo de país. Las universidades no son burbujas aisladas: generan respuestas a problemas concretos, promueven el pensamiento crítico, forman profesionales comprometidos y articulan con los territorios para construir alternativas en tiempos difíciles.

Negarles recursos es un acto deliberado. Se busca disciplinar, callar voces, interrumpir trayectorias educativas, y reforzar desigualdades. Frente a eso, la movilización es una forma de resistencia, pero también de esperanza. Porque cada persona que estudia en una institución gratuita y abierta está ejerciendo un derecho que costó décadas conquistar.

Salir a las calles no es un capricho, es una necesidad. La indiferencia oficial no puede anestesiar la conciencia colectiva. Lo que hoy se pone en juego es mucho más que el funcionamiento de las casas de estudio: es el futuro de millones, el proyecto de una sociedad donde el conocimiento no sea un lujo, sino una herramienta de transformación.

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