El Congreso volverá a poner en el centro de la escena una de las normas ambientales más sensibles del país: la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares. El oficialismo impulsa cambios que, según argumenta, permitirían dar mayor previsibilidad a las inversiones vinculadas a la megaminería y a la explotación de hidrocarburos. Desde la oposición, especialmente el bloque peronista, advierten que cualquier flexibilización podría poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce destinadas al consumo humano y al riego.

La norma vigente, sancionada en 2010, estableció presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. Su eje central es la prohibición de actividades que puedan afectar su condición natural, entre ellas la minería y la exploración hidrocarburífera en zonas protegidas. Ahora, el debate se concentra en redefinir el alcance de esa protección y en delimitar con mayor precisión qué áreas deben quedar bajo resguardo estricto.

El oficialismo sostiene que la ley actual genera “inseguridad jurídica” y paraliza inversiones en provincias con potencial minero. La oposición replica que el objetivo original fue justamente blindar un recurso escaso en un contexto de cambio climático y creciente estrés hídrico. En el trasfondo del debate no solo hay argumentos técnicos y económicos, sino también tensiones políticas y disputas federales.

Qué plantea el oficialismo y por qué impulsa cambios

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado promueve una modificación de artículos clave de la Ley 26.639 con el objetivo de restringir la protección a aquellos glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y estratégica”. En otras palabras, busca acotar el alcance del concepto de ambiente periglacial, que hoy incluye no solo masas de hielo visibles sino también suelos congelados que cumplen un rol esencial en la regulación del agua.

Según la postura oficial, la redacción actual es demasiado amplia y termina bloqueando proyectos productivos incluso en zonas donde no existiría un impacto directo sobre reservas hídricas críticas. Desde esta mirada, redefinir técnicamente qué debe protegerse permitiría compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado ambiental, sin eliminar controles ni auditorías.

Otro punto central del planteo oficial es el reconocimiento del dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional tras la reforma de 1994. El argumento es que cada jurisdicción debería contar con mayor margen de decisión sobre la explotación de sus recursos, especialmente en territorios con fuerte potencial para la extracción de litio, cobre y otros minerales estratégicos.

Provincias como San Juan, Catamarca y Jujuy, donde existen proyectos mineros en distintas etapas, observan con atención el debate. Para sus gobiernos, una flexibilización podría traducirse en nuevas inversiones, empleo y divisas en un contexto económico complejo.

El oficialismo también remarca que la transición energética global incrementa la demanda de minerales críticos y que la Argentina no debería quedar al margen de ese proceso. Bajo esta lógica, sostienen que es posible avanzar en esquemas de producción responsables sin desproteger los glaciares esenciales para el abastecimiento de agua.

El rechazo opositor y la defensa del agua como prioridad

Del otro lado, el bloque mayoritario del peronismo y otros espacios opositores advierten que la modificación puede desnaturalizar el espíritu de la ley. Para ellos, el texto vigente fue diseñado para prevenir daños irreversibles en ecosistemas frágiles y garantizar el acceso al agua como derecho humano básico.

Desde esta perspectiva, limitar la protección solo a glaciares con función hídrica “comprobada” podría abrir la puerta a interpretaciones laxas y a la habilitación de actividades en zonas que cumplen un rol regulador menos visible pero igualmente relevante. El ambiente periglacial, aunque no siempre esté cubierto de hielo permanente, actúa como reserva y regulador del recurso hídrico, especialmente en regiones cordilleranas.

El presidente del bloque justicialista, José Mayans, ha manifestado una postura crítica frente a la reforma. En sintonía con sectores sindicales y ambientalistas, sostiene que la prioridad debe ser la preservación de las reservas de agua dulce, sobre todo en un contexto de sequías prolongadas y eventos climáticos extremos.

La oposición también cuestiona la idea de que la ley sea responsable de la “parálisis” de inversiones. Señalan que la norma no prohíbe toda actividad minera en la Argentina, sino únicamente aquellas que puedan afectar directamente glaciares y áreas periglaciales. Desde su punto de vista, modificarla implicaría retroceder en estándares ambientales que han sido valorados incluso a nivel internacional.

Además, recuerdan que el acceso al agua es un factor clave para comunidades rurales, poblaciones andinas y sistemas productivos regionales. Cualquier alteración en las cuencas hídricas podría tener consecuencias a largo plazo difíciles de revertir.

Un conflicto que combina federalismo, ambiente y desarrollo

El debate no es nuevo. Desde su sanción, la Ley de Glaciares generó tensiones entre gobiernos provinciales, empresas mineras, organizaciones ambientalistas y el Estado nacional. En los últimos años, la discusión se reactivó ante el auge del litio y otros minerales vinculados a la transición energética global.

Dentro del propio peronismo existen matices. Senadores que representan provincias mineras enfrentan presiones cruzadas: por un lado, la defensa histórica de la ley; por otro, la expectativa de desarrollo económico en sus territorios. Esa tensión interna refleja la complejidad del dilema entre producción y preservación.

En paralelo, el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto alternativo que busca fortalecer el régimen vigente. Su iniciativa propone actualizar periódicamente el Inventario Nacional de Glaciares, reforzar el monitoreo científico y consolidar la protección del agua como recurso estratégico de interés nacional. También plantea priorizar el consumo humano y el riego por sobre cualquier actividad económica.

La controversia, en definitiva, no se limita a un tecnicismo legislativo. Se trata de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo del país y sobre cómo equilibrar la necesidad de generar divisas con la obligación de resguardar recursos naturales finitos. En un escenario de cambio climático, la gestión del agua adquiere una centralidad creciente.

El Senado será el escenario inmediato de esta disputa. Allí confluirán argumentos jurídicos, económicos y ambientales que exceden la coyuntura. Para algunos, la reforma es una herramienta para dinamizar inversiones y fortalecer la autonomía provincial. Para otros, representa un riesgo de retroceso en materia de protección ambiental.

La definición no solo impactará en proyectos mineros e hidrocarburíferos, sino también en la señal política que el país envíe respecto de su compromiso con la preservación de recursos estratégicos. Entre la promesa de crecimiento económico y la defensa del agua como bien común, la modificación de la Ley de Glaciares se convierte en un nuevo capítulo de un debate estructural que atraviesa a la Argentina desde hace años.

Foto: Greenpeace/Agencia NA