Más de 100 familias cumplieron el sueño de la casa propia en Berazategui tras años de espera y abandono

El barrio Kennedy Norte fue escenario de una jornada emotiva y transformadora: el Estado entregó 106 viviendas que habían quedado paralizadas por más de cinco años. La iniciativa forma parte del Plan Reconstruir, que busca reactivar miles de obras inconclusas en todo el país. “Estos son los derechos que tenemos que defender con todas nuestras fuerzas”, señalaron desde el Gobierno nacional.

La historia de 106 familias cambió para siempre esta semana en el barrio Kennedy Norte, ubicado en el partido bonaerense de Berazategui. Luego de años de espera, incertidumbre y abandono, recibieron las llaves de sus nuevas viviendas como parte de un plan de reactivación de obras paralizadas impulsado por el Gobierno nacional.

Las casas, que se encontraban con distintos niveles de avance desde hacía más de un lustro, fueron terminadas y acondicionadas gracias al Plan Reconstruir, una política pública orientada a finalizar más de 55 mil viviendas en todo el país que habían quedado inconclusas entre 2016 y 2019. En Berazategui, la finalización de este complejo habitacional fue posible gracias a la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el municipio local.

Cada una de las viviendas cuenta con instalaciones completas de gas, agua potable, cloacas y electricidad, así como con conexiones a la red vial del barrio. El proyecto también incluyó la mejora de veredas, accesos peatonales y espacios comunes, promoviendo no solo el acceso a la casa propia, sino a una vida digna en un entorno urbanizado y planificado.

El acto de entrega se desarrolló con fuerte presencia de autoridades nacionales y municipales, quienes acompañaron a las familias en un momento cargado de emoción. Para muchos, fue la primera vez que cruzaban la puerta de un hogar propio. Para otros, significó el cierre de una larga etapa de alquileres, hacinamiento o viviendas precarias.

“Esto no es un favor ni un regalo. Es el resultado de una política que entiende que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía. Cada casa entregada es una deuda saldada con quienes durante años esperaron una respuesta del Estado”, expresó uno de los funcionarios durante el acto.

La iniciativa no solo se enmarca en un enfoque federal y de inclusión social, sino que también busca reactivar la economía local a través de la obra pública. La reanudación de estos proyectos permitió generar empleo en el sector de la construcción y dinamizar economías regionales, afectadas por años de recesión.

Además del impacto social directo, la entrega de viviendas en Kennedy Norte representa un símbolo político y humano. En un contexto en el que muchas veces se cuestiona la intervención del Estado en áreas sensibles como el acceso a la tierra y la vivienda, esta acción se posiciona como una muestra concreta de lo que es posible cuando existe decisión política y articulación con los municipios.

Las historias de vida detrás de cada adjudicatario dan cuenta de realidades diversas, pero unidas por un denominador común: la espera prolongada. Hay familias que se anotaron hace más de diez años en los registros del Instituto de la Vivienda, madres solteras que criaron a sus hijos en hogares prestados o en condiciones inadecuadas, y jubilados que ven materializado un sueño que parecía postergado para siempre.

“Vamos a recordar este día toda la vida. Esta casa es para mis hijos, para que tengan un lugar en el mundo. Es más que una vivienda: es un futuro”, expresó Mariana, una de las beneficiarias, mientras ingresaba emocionada junto a sus hijos al nuevo hogar.

Desde el Gobierno nacional destacaron que este tipo de políticas no solo mejoran la calidad de vida, sino que también consolidan comunidad, identidad y arraigo. “Estos son los derechos que tenemos que defender sumando todas nuestras fuerzas. No hay desarrollo posible sin justicia social y sin acceso a una vivienda digna”, concluyó una de las autoridades presentes.

La entrega de las 106 viviendas en Berazategui no solo salda una deuda histórica con decenas de familias, sino que representa también una apuesta por el rol activo del Estado en garantizar derechos. En tiempos de incertidumbre económica y tensión política, este tipo de acciones refuerzan la idea de que otra forma de gobernar y construir país es posible.

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