El país se prepara para una jornada de alta tensión: la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general de 24 horas que coincidirá con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La medida afectará a colectivos, trenes, subtes y taxis, dejando a millones de argentinos sin transporte público durante toda la jornada.
Esta paralización será la cuarta desde que Javier Milei asumió la presidencia, y busca enviar un mensaje claro al Gobierno sobre la falta de consenso con los trabajadores. La decisión fue tomada tras una reunión virtual del Consejo Directivo de la CGT, donde se evaluaron distintas formas de manifestar el rechazo al proyecto. Aunque algunos dirigentes propusieron movilizarse al Congreso, finalmente se priorizó un paro total que pueda evidenciar la fuerza de los sindicatos y garantizar visibilidad mediática.
El paro también busca reflejar el malestar de los trabajadores frente a disposiciones de la reforma laboral que consideran lesivas a derechos históricos, en particular cambios en licencias, salarios y asambleas sindicales. Analistas coinciden en que esta medida tendrá un fuerte impacto no solo en la movilidad urbana, sino también en la economía diaria y la percepción política del Ejecutivo.
Todos los gremios de transporte confirmaron su adhesión
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que había dudado sobre su participación, confirmó finalmente su adhesión al paro. Roberto Fernández, titular de la UTA, aseguró: “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro, acompañaremos la medida”. En la última huelga, la UTA había permitido que los colectivos circulasen debido a una conciliación obligatoria, pero esta vez la paralización será completa.
La medida también cuenta con la participación de la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, sindicato de maquinistas dirigido por Omar Maturano. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a Camioneros, aeronavegantes, personal del subte y trabajadores marítimos, también se sumará al paro. En conjunto, la medida garantiza que el transporte público de pasajeros no funcione durante toda la jornada en el país.
Otros sindicatos confirmados incluyen:
- Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)
- Personal Superior Ferroviario (UPSF)
- Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)
- Señaleros (ASFA)
- Federación Argentina de Remises (FAREM)
- Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)
- Gremios de la aviación y marítimo-fluviales
- Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)
- Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)
El comunicado de la UGATT, firmado por Maturano, enfatizó: “En defensa del trabajo argentino y de nuestro derecho a huelga, el día que se trate la reforma laboral en Diputados no habrá transporte”. Esta declaración subraya la intención de los gremios de mostrar fuerza y visibilidad mediática frente al proyecto de ley.
Los motivos del rechazo sindical y la tensión política
El malestar principal de los sindicatos se centra en el artículo 44 de la reforma laboral, aprobado en el Senado, que limita el pago completo durante licencias por enfermedad o accidentes no relacionados con la actividad laboral. Según la norma, los trabajadores percibirán el 50% del salario, con posibilidad de llegar al 75% en situaciones excepcionales. Este recorte, que no estaba previsto en el debate inicial, generó críticas internas dentro de la CGT y otros sectores del sindicalismo.

Un dirigente de la central obrera expresó que la disposición “vulnera derechos individuales de los trabajadores y nunca estuvo entre los cambios discutidos”, mostrando descontento incluso entre sectores tradicionalmente dialoguistas. Además, la CGT considera que la reforma laboral contradice la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional, incumpliendo además las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige un debate tripartito.
Desde el Gobierno, admiten que existe desacuerdo sobre este artículo y analizan modificaciones mediante decreto reglamentario. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, justificó la medida en TN alegando que “existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, pero dejó abierta la posibilidad de exceptuar casos de enfermedades graves.
El rechazo sindical no se limita al artículo 44: incluye también restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, modificaciones en indemnizaciones, la implementación del banco de horas, cambios en vacaciones y limitaciones a las asambleas. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, ya anunció movilización al Congreso durante el debate parlamentario, anticipando el alcance de la medida.
El impacto del paro será múltiple: la paralización del transporte afectará a millones de personas, provocará retrasos en la economía y reforzará la confrontación política entre el Gobierno y los sindicatos. Analistas prevén que, si no se producen cambios en la reforma, la medida podría extenderse a otras regiones del país, aumentando la presión sobre el Ejecutivo y generando un escenario de alta conflictividad social.
La jornada del debate parlamentario se presenta como un punto crítico en la relación entre el sindicalismo y el gobierno. Con adhesión masiva de todos los gremios de transporte y potencial expansión a otros sectores, el paro promete ser una de las medidas de fuerza más visibles desde que Milei asumió la presidencia. Los sindicatos buscan demostrar fuerza y defender derechos históricos, mientras el Ejecutivo enfrenta el desafío de aprobar la reforma sin profundizar la confrontación ni afectar servicios esenciales.
La magnitud del paro y la cobertura mediática que se espera podrían convertir la jornada en un termómetro político y social sobre el alcance del sindicalismo en la Argentina. La combinación de transporte paralizado, adhesión total de gremios y tensiones legislativas asegura que millones de argentinos seguirán la noticia y que la jornada será un hito en la conflictividad laboral del país.





