La ministra de Seguridad y candidata al Senado por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, exigió este jueves que José Luis Espert regrese a los estudios y brinde “respuestas claras” sobre la denuncia que lo vincula con el empresario Fred Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico. La demanda pública de la dirigente se produjo en el marco de una entrevista con A24, donde además cuestionó el uso político de las investigaciones judiciales.

Bullrich sostuvo que, aunque entiende el recurso de la oposición de denunciar irregularidades, existe un límite que no debe cruzarse: “No podemos permitir que se convierta en una herramienta para desalojar a cargos por mera mayoría circunstancial”. Sin embargo, subrayó que su espacio se rige por “una vara muy alta” y que, por eso, los candidatos vinculados por denuncias deben dar explicaciones convincentes ante la ciudadanía y los medios.

La ministra contrastó esa exigencia con lo que, según ella, ocurre en otros espacios políticos: “Hay sectores donde el voto se sostiene pese a las sospechas; aquí pedimos transparencia y respuestas”. En ese sentido, Bullrich fue tajante: “José Luis tiene que volver y ser claro. Punto”.

Espert evitó desmentir el supuesto depósito de 200.000 dólares que aparece en la causa, aunque negó haber recibido financiamiento directo de Machado para su campaña de 2019. El economista y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires calificó la denuncia como una reapertura de hechos que, dijo, vienen circulando desde 2021 y atribuyó parte del episodio a lo que definió como “campañas sucias” para desprestigiarlo cuando empezó a tener protagonismo político.

Según su relato, conoció a Machado en 2018, en un evento por la presentación de su libro, y reconoció que el empresario le ofreció un avión para desplazamientos puntuales. Espert explicó además que en 2019 utilizó recursos logísticos provistos por los sellos partidarios con los que se vinculó —mencionó a UNIR y luego a UNITE— y remarcó que los candidatos suelen subirse a los medios de transporte que les facilita la estructura partidaria: “Cuando arrancás en política, la cantidad de gente que se te acerca es enorme; hay apoyos de todo tipo”.

Respecto del supuesto pago de 200.000 dólares, el candidato lo vinculó a documentación ligada a una causa paralela en Estados Unidos y evitó centrar la discusión en ese punto: “No voy a permitir que eso sea lo único que se discuta en campaña”, afirmó, y deslizó que hay actores políticos interesados en desviar la atención de otros temas.

La disputa sumó temperatura cuando Espert respondió a los planteos de su contrincante social, hablando de “gente buena y gente mala” que se aproxima a una campaña cuando un candidato despierta interés. Además, dirigió críticas hacia Juan Grabois, a quien acusó de buscar rédito personal y a quien adelantó que enfrentará judicialmente por la denuncia.

El episodio reaviva interrogantes sobre la relación entre financiamiento de campaña y actores con antecedentes cuestionados, y pone a prueba la capacidad de los dirigentes para dar explicaciones públicas que satisfagan tanto a la opinión pública como a sus propias fuerzas políticas. Mientras la oposición formalizó un pedido de remoción del diputado José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto —una decisión anclada en la gravedad de las acusaciones—, el oficialismo del interbloque mantuvo, por el momento, su respaldo, lo que perfila un escenario de fuerte polarización política y judicial.

En los próximos días será clave seguir la evolución de la causa y las nuevas apariciones mediáticas de los protagonistas: la forma en que Espert decida afrontar las preguntas, y la respuesta institucional de los bloques parlamentarios, determinarán si el episodio queda circunscripto a un cruce electoral o desemboca en medidas parlamentarias efectivas.