El programa de privatizaciones previsto en la Ley Bases comienza a materializarse y AySA se perfila como el primer caso de alto impacto en entrar en etapa decisiva. En la Casa Rosada aseguran que el proceso ya superó la fase política y normativa y que ahora se transita la recta final administrativa, con el pliego prácticamente listo para ser publicado. La salida del Estado del capital accionario de la empresa de agua y saneamiento marcará un punto de inflexión en la estrategia económica del Gobierno y funcionará como antecedente para el resto de las compañías incluidas en la ley.

La definición no es menor. AySA es una de las empresas públicas con mayor alcance territorial y volumen de usuarios del país, y su privatización implica un cambio profundo en la gestión de un servicio esencial. Por eso, el Ejecutivo busca mostrar previsibilidad, reglas claras y un esquema que resulte atractivo para inversores privados sin desatender el marco regulatorio vigente. La publicación del pliego abrirá formalmente la competencia y permitirá conocer, por primera vez, el interés real del mercado.

En el entorno presidencial sostienen que la operación es prioritaria dentro del cronograma de reformas estructurales. No solo por el valor económico de la compañía, sino porque su resultado será leído como una señal hacia los mercados financieros, los organismos internacionales y el resto de los sectores que observan con atención el rumbo del programa de privatizaciones.

Cómo será la venta del paquete accionario y el nuevo rol del Estado

El esquema diseñado por el Gobierno contempla la venta de la participación mayoritaria que hoy mantiene el Estado nacional, que representa el 90% del capital social de AySA. El objetivo es transferir el control de la compañía a un operador estratégico mediante una licitación pública, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del programa de propiedad participada, un aspecto que no será modificado.

La operación prevé que el comprador adquiera, como mínimo, el 51% de las acciones, lo que garantiza el control efectivo de la empresa y la responsabilidad sobre las decisiones operativas, financieras y de inversión. El porcentaje restante, hasta completar el total del capital estatal, podrá colocarse posteriormente en el mercado, ampliando el capital flotante y permitiendo la participación de inversores institucionales y financieros.

El proceso es coordinado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que trabajan en conjunto con la Secretaría Legal y Técnica para cerrar los aspectos regulatorios y contractuales. En el Ejecutivo remarcan que el diseño apunta a minimizar riesgos legales futuros, uno de los factores que históricamente generó conflictos en procesos de privatización anteriores.

En cuanto a los requisitos para los oferentes, el pliego no limitará la competencia exclusivamente a empresas de agua y saneamiento. Podrán presentarse compañías o consorcios con experiencia comprobable en la gestión de servicios públicos, una definición amplia que busca maximizar la cantidad de interesados y elevar el nivel de competencia. En los últimos meses se registraron consultas y manifestaciones de interés, aunque la mayoría de los potenciales oferentes optó por mantener reserva hasta conocer las condiciones finales.

Desde el Gobierno sostienen que la licitación no estará orientada solo al precio, sino también a la capacidad técnica, el plan de inversiones y la sustentabilidad económica del proyecto. El foco está puesto en garantizar continuidad del servicio, eficiencia operativa y cumplimiento de los compromisos regulatorios.

Inversiones, tarifas y condiciones económicas para atraer capital privado

Uno de los pilares del proceso fue la implementación de un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026, destinado a dejar a AySA en condiciones más competitivas de cara a la gestión privada. Ese plan contempla inversiones estatales por más de 750 mil millones de pesos, orientadas principalmente a obras de infraestructura, mantenimiento de redes y mejoras operativas.

En paralelo, el Gobierno avanzó en una fuerte reducción de las transferencias corrientes del Tesoro. Los datos oficiales muestran una caída significativa en los aportes interanuales, lo que refleja el cambio de lógica en la relación entre el Estado y la empresa. La señal hacia el mercado es clara: AySA debe operar con criterios de autosustentabilidad económica y previsibilidad financiera.

La actualización tarifaria fue otro elemento central del proceso. El Ejecutivo avaló incrementos superiores a los aplicados en años anteriores con el objetivo de recomponer ingresos y acercar los valores a los costos reales de operación. En la visión oficial, sin un esquema tarifario consistente no hay posibilidad de atraer inversiones privadas ni de sostener planes de expansión de largo plazo.

A ese marco se sumó la aprobación de un nuevo régimen regulatorio que redefine derechos y obligaciones de la futura operadora. Entre los cambios más relevantes figura la habilitación para suspender el suministro en casos de falta de pago, una herramienta que busca reducir la morosidad y mejorar la eficiencia en la gestión de ingresos. El control del servicio seguirá en manos del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, mientras que la planificación estratégica y las inversiones continuarán bajo supervisión de la Agencia de Planificación.

El Gobierno sostiene que este esquema combina control público con gestión privada, una fórmula que apunta a mejorar la calidad del servicio sin resignar capacidad regulatoria. La expectativa oficial es que un operador con incentivos económicos claros pueda acelerar obras, optimizar costos operativos y mejorar la atención a los usuarios.

Impacto territorial, usuarios y el efecto demostración del primer caso

AySA presta servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense, alcanzando a más de quince millones de personas. Su dimensión territorial y social explica por qué la privatización genera un alto nivel de atención política y económica. No se trata solo de una operación financiera, sino de una redefinición del modelo de gestión de un servicio esencial.

Desde el Ejecutivo insisten en que la salida del Estado del capital accionario no implica un abandono de responsabilidades. El rol estatal se desplazará hacia la regulación, el control tarifario y la fiscalización de la calidad del servicio. El argumento central es que una gestión privada, bajo reglas claras, puede mejorar la eficiencia y reducir los costos que históricamente terminaron siendo absorbidos por el conjunto de los contribuyentes.

En términos más amplios, la privatización de AySA funcionará como un caso testigo para el resto de las empresas incluidas en la Ley Bases. Compañías como Belgrano Cargas, Corredores Viales, Enarsa o Nucleoeléctrica siguen de cerca el proceso, ya que su desarrollo marcará el clima político, económico y judicial de las próximas operaciones.

El desafío para el Gobierno es doble. Por un lado, demostrar que el proceso puede realizarse con transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica. Por otro, garantizar que el impacto sobre los usuarios sea administrado dentro de los márgenes regulatorios establecidos. La publicación del pliego será el primer paso visible de esa etapa y abrirá un período clave para medir el interés real del mercado.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, AySA se convierte en el símbolo inicial de una política que busca redefinir el rol del Estado en la economía. El resultado de esta privatización no solo definirá el futuro de la empresa, sino que también anticipará hasta dónde puede llegar el ambicioso programa de reformas que impulsa el Gobierno.