La reforma laboral volvió a reconfigurar el tablero político en el Congreso luego de que el Gobierno resolviera retirar uno de los puntos más sensibles del proyecto que ya había obtenido media sanción en el Senado. Se trata del artículo que modificaba el régimen de licencias médicas por accidentes o enfermedades inculpables, una disposición que alteraba el esquema de pago salarial durante las ausencias por motivos de salud y que había encendido señales de alarma tanto en la oposición como en bloques aliados.

La decisión de la administración de Javier Milei no fue menor: el inciso en cuestión impactaba directamente sobre el bolsillo de los trabajadores formales y se había convertido en un obstáculo para garantizar los votos necesarios en la Cámara de Diputados. En un escenario parlamentario fragmentado y con negociaciones abiertas hasta último momento, el oficialismo optó por sacrificar ese punto para preservar el núcleo central de la reforma.

El debate no solo giró en torno a una cuestión técnica, sino que expuso una discusión más profunda sobre el modelo laboral que se busca consolidar en la Argentina. Mientras el Gobierno argumentó que el cambio apuntaba a ordenar el sistema y desalentar abusos, sectores políticos y sindicales advirtieron que la redacción aprobada en el Senado implicaba una reducción de derechos vigentes desde hace décadas. La eliminación del artículo, finalmente, fue interpretada como un gesto hacia los aliados que reclamaban una redacción más equilibrada.

Qué cambiaba el artículo 44 en las licencias médicas

El artículo eliminado sustituía el actual régimen previsto en la Ley de Contrato de Trabajo respecto de las enfermedades y accidentes inculpables, es decir, aquellos que no guardan relación con la tarea desempeñada por el trabajador. Hasta ahora, la normativa garantiza el pago del 100% del salario durante un período determinado, según la antigüedad y la situación familiar del empleado.

La redacción que había sido incorporada en el Senado modificaba de manera sustancial ese esquema. En lugar de asegurar la remuneración completa, establecía el pago de un porcentaje reducido del salario mientras durara la imposibilidad de trabajar. El punto más controversial era la diferenciación según el origen de la dolencia.

Si la enfermedad o el accidente eran consecuencia de una “actividad voluntaria y consciente” del trabajador que implicara un riesgo para su salud, el proyecto disponía que percibiera el 50% de su remuneración habitual. Ese porcentaje se abonaría durante tres meses si no tenía personas legalmente a cargo y durante seis meses si sí las tenía.

En los casos en que la imposibilidad de trabajar no derivara de una conducta voluntaria y riesgosa, el trabajador tendría derecho al 75% del salario, también por un plazo de tres o seis meses según su situación familiar. En ningún supuesto se contemplaba el pago del 100% del sueldo, como ocurre bajo el régimen vigente.

Otro aspecto relevante era el tratamiento de las enfermedades crónicas. El texto indicaba que una recaída no sería considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara luego de dos años desde el último episodio. Esto implicaba que, dentro de ese lapso, no se reiniciaría el cómputo de plazos para la percepción del beneficio.

El artículo también aclaraba que las suspensiones dispuestas por el empleador por razones económicas o disciplinarias no afectarían el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial prevista durante el período de enfermedad o accidente. Es decir, aun en esos casos, el empleado mantendría el cobro del porcentaje establecido.

El impacto económico y laboral que generó el debate

La modificación del régimen de licencias médicas no solo tenía implicancias jurídicas, sino también económicas. Para los trabajadores, la reducción al 50% o 75% del salario durante una enfermedad podía significar una caída abrupta de ingresos en momentos de especial vulnerabilidad. En contextos de inflación y alto costo de vida, esa diferencia resulta determinante para la economía familiar.

Desde el lado empresarial, en cambio, el argumento oficial apuntaba a la necesidad de reducir costos asociados a ausencias prolongadas y de fortalecer los mecanismos de control y certificación médica. El Gobierno sostiene que el sistema actual puede generar distorsiones y que es necesario introducir reglas más claras que otorguen previsibilidad.

Sin embargo, el punto generó resistencia incluso entre aliados legislativos. El bloque del PRO en Diputados, encabezado por Cristian Ritondo, manifestó públicamente que el artículo requería una revisión más profunda. Desde ese espacio se advirtió que la solución a posibles abusos no debía traducirse en un recorte generalizado de derechos.

El cuestionamiento político fue clave. En un Congreso donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia, cada modificación puede resultar determinante. El temor a que el artículo 44 pusiera en riesgo la aprobación global de la reforma aceleró las negociaciones y terminó inclinando la balanza hacia su eliminación.

La discusión también dejó en evidencia la tensión entre dos enfoques: uno orientado a flexibilizar y reducir cargas para incentivar la contratación formal, y otro que prioriza la protección del ingreso ante contingencias de salud. Esa tensión atraviesa buena parte del debate sobre la reforma laboral 2026 y anticipa nuevos cruces en el recinto.

Por qué el Gobierno optó por retirarlo y qué puede pasar ahora

La decisión de suprimir el artículo fue leída como un movimiento estratégico para asegurar la viabilidad política del proyecto. En lugar de arriesgar la caída de la iniciativa por un punto conflictivo, el oficialismo eligió preservar el resto del articulado y mantener abiertas futuras discusiones.

El retiro del inciso no implica que el debate sobre las licencias médicas haya quedado cerrado. Por el contrario, expone que se trata de un tema sensible que probablemente vuelva a discutirse en el marco de eventuales reformas o reglamentaciones. La cuestión de cómo equilibrar control, costos y protección salarial seguirá presente en la agenda laboral.

De cara al tratamiento en Diputados, la reforma avanzará sin el capítulo que reducía los porcentajes de pago durante enfermedades inculpables. Esto podría facilitar acuerdos transversales y despejar uno de los principales focos de conflicto político. No obstante, el clima de negociación permanente anticipa que aún pueden surgir nuevas modificaciones.

El episodio deja una señal clara sobre la dinámica legislativa actual: en un Congreso sin mayorías automáticas, cada artículo cuenta y cada concesión puede definir el destino de una ley. La eliminación del punto sobre licencias médicas refleja tanto los límites del oficialismo como su capacidad de adaptación frente a un escenario cambiante.

Más allá del desenlace puntual, la discusión reabre una pregunta de fondo: cómo reformar el sistema laboral argentino sin erosionar derechos considerados esenciales por amplios sectores sociales. La respuesta no parece cerrada y seguirá alimentando el debate político y económico en los próximos meses, en un contexto donde cada definición impacta de manera directa en trabajadores, empresas y en la estabilidad del propio programa de reformas.