La interna del kirchnerismo atraviesa una etapa de fuerte tensión y creciente desconfianza, con el conurbano bonaerense como principal escenario del conflicto. Los episodios registrados en Quilmes y Lanús, ambos distritos gobernados por intendentes de La Cámpora, reavivaron una disputa que ya venía escalando y que ahora derivó en acusaciones directas contra el entorno político del gobernador Axel Kicillof.

El conflicto superó rápidamente el cruce inicial entre la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el dirigente social Juan Grabois, desatado por una ordenanza municipal vinculada a la regulación de los “trapitos”. Los incidentes posteriores, primero en Quilmes y luego en Lanús, expusieron un nivel de confrontación mayor, con protestas, cortes y episodios de violencia que profundizaron las sospechas internas dentro del espacio kirchnerista.

En Lanús, la manifestación frente al municipio que conduce Julián Álvarez derivó en momentos de alta tensión, entre ellos el incendio de un árbol de Navidad ubicado frente al edificio comunal. Desde la gestión local señalaron que la protesta estuvo protagonizada por dirigentes del Movimiento Evita y sectores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a quienes vinculan con el Movimiento Derecho al Futuro, el armado político que impulsa Kicillof a nivel provincial y nacional.

Dentro de La Cámpora pusieron el foco en la presencia de referentes territoriales ligados a Agustín Balladares, ex presidente del Concejo Deliberante de Lanús y dirigente alineado políticamente con el gobernador bonaerense. En los últimos días, Balladares había participado de actividades junto a Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque y el jefe de Gabinete Carlos Bianco, todos integrantes del núcleo político más cercano al mandatario provincial.

Con ese trasfondo, en La Cámpora endurecieron su lectura de los hechos. En el espacio que responde a Cristina Fernández de Kirchner sostienen que las protestas no fueron espontáneas ni aisladas, sino parte de una maniobra política articulada por el Movimiento Evita, la UTEP y Juan Grabois, con el respaldo indirecto del kicillofismo. “No se puede interpretar de otra manera”, repiten dirigentes camporistas, que ven en los episodios una señal de hostigamiento contra intendencias propias.

Desde el entorno del gobernador rechazaron de plano esas acusaciones. En La Plata aseguran que el Ejecutivo provincial está concentrado en la gestión cotidiana y en la consolidación del Movimiento Derecho al Futuro como herramienta política, tal como quedó expuesto en el reciente plenario encabezado por Kicillof en Ensenada. Niegan cualquier tipo de intervención en conflictos municipales y consideran que las denuncias forman parte de una interna que busca trasladar responsabilidades.

Pese a esas desmentidas, en La Cámpora el malestar persiste. Dirigentes del espacio remarcan que los incidentes se produjeron en dos municipios camporistas en días consecutivos, en pleno mes de diciembre y a pocos días de la Navidad, lo que alimenta las sospechas. “No parece casualidad ni una protesta desorganizada. Hay vínculos políticos claros que terminan en el esquema del gobernador”, afirman en privado.

Las acusaciones, aunque no formalizadas públicamente, tienen un peso político significativo porque colocan bajo cuestionamiento al propio Kicillof. Desde el entorno de Balladares salieron a responder con dureza y calificaron los señalamientos como “forzados” y “sin sustento”. Además, apuntaron contra la gestión municipal de Lanús y cuestionaron la política social de Julián Álvarez, al que acusaron de priorizar el discurso político por sobre la resolución de los problemas concretos.

Desde la UTEP y el Movimiento Evita, en tanto, ofrecieron una versión diferente de los hechos. Aseguraron que la protesta tuvo un reclamo puntual vinculado a las condiciones laborales de trabajadores contratados a través de cooperativas municipales, que perciben salarios bajos por jornadas reducidas. Según explicaron, el conflicto se originó por la falta de respuestas del municipio ante pedidos de recomposición salarial y mejoras en las condiciones de trabajo.

“La situación de esos trabajadores es muy precaria y no hay voluntad política para resolverla. Es más sencillo desviar la discusión hacia una interna que dar explicaciones sobre los sueldos que se pagan”, señalaron desde el Movimiento Evita, al tiempo que negaron que la movilización haya estado impulsada por disputas dentro del kirchnerismo.

En Quilmes, el clima político también sigue cargado. En La Cámpora interpretan que Grabois mantiene una relación política cercana con Kicillof y remarcan que el dirigente social cuestionó el accionar de la Policía Bonaerense durante las protestas, pero evitó responsabilizar directamente al gobernador, quien tiene bajo su órbita a la fuerza de seguridad. Ese detalle es leído como otro elemento que alimenta las sospechas internas.

De este modo, la interna kirchnerista suma nuevos capítulos y se vuelve cada vez más visible en el territorio bonaerense. Con acusaciones cruzadas, interpretaciones enfrentadas y un clima de creciente desconfianza, el conflicto expone una fractura que amenaza con profundizarse y reconfigurar los equilibrios internos del espacio en un contexto político cada vez más complejo.