El Presupuesto 2026 se transformó en la pieza política más relevante del año legislativo para el Gobierno de Javier Milei y en una prueba de gobernabilidad que excede largamente la discusión técnica sobre ingresos y gastos del Estado. Se trata de la llamada “ley de leyes”, la norma que fija el marco general de funcionamiento del Estado nacional, autoriza erogaciones, establece previsiones macroeconómicas, define prioridades de política pública y condiciona la relación del Poder Ejecutivo con las provincias, los organismos descentralizados y el sistema político en su conjunto. Su aprobación o su fracaso no solo impactan en el ordenamiento fiscal, sino que envían una señal política determinante sobre la capacidad del oficialismo para construir mayorías en un Congreso donde es minoría.

Desde su concepción, el proyecto enviado por el Ejecutivo respondió a la lógica central del programa económico libertario: equilibrio fiscal estricto, reducción del gasto, eliminación de subsidios, reordenamiento de partidas y un fuerte control sobre el uso de recursos públicos. El Presupuesto 2026 proyecta un esquema de administración austera, con recortes significativos en áreas sensibles y una reasignación de fondos que prioriza el cumplimiento de metas fiscales por sobre la expansión del gasto social. Esa orientación generó resistencias inmediatas, incluso entre sectores que acompañan políticamente al Gobierno, y obligó a una negociación intensa durante todo su recorrido parlamentario.

El tratamiento en la Cámara de Diputados fue el primer gran test para el oficialismo. Allí, el Gobierno logró aprobar el proyecto en general, pero quedó claro que no contaba con los votos suficientes para sostener todos los artículos en la discusión en particular. La sesión expuso tensiones internas, reclamos de aliados y una presión constante de gobernadores, universidades, sindicatos y organizaciones sociales que advirtieron sobre el impacto de los recortes. El golpe más duro llegó con el rechazo del capítulo XI, que incluía la derogación del financiamiento universitario y la eliminación de la emergencia en discapacidad, dos puntos que concentraron un amplio rechazo transversal y que terminaron cayendo incluso con votos de sectores dialoguistas.

Esa derrota obligó al Gobierno a redefinir su estrategia. En la Casa Rosada asumieron que insistir con esos artículos podía poner en riesgo la totalidad del proyecto y optaron por priorizar la aprobación del Presupuesto aun a costa de resignar capítulos clave. El texto que llegó al Senado, entonces, es el resultado de una negociación forzada, donde el oficialismo preservó la estructura general de la ley pero aceptó perder partes sustanciales de su iniciativa original. Esa decisión marcó el tono de la etapa siguiente: avanzar sin reabrir discusiones y cerrar el trámite legislativo antes de fin de año.

En el Senado, el escenario se presenta todavía más complejo. La Libertad Avanza no cuenta con una mayoría propia y necesita construir acuerdos voto a voto para alcanzar los 37 sufragios afirmativos que exige la mayoría simple. El oficialismo depende del acompañamiento del PRO, de sectores del radicalismo, de bloques provinciales y, de manera decisiva, de una fractura dentro del peronismo, que sigue siendo la principal fuerza de oposición en la Cámara alta.

Ese quiebre comenzó a consolidarse con la decisión de los cinco senadores de Convicción Federal de anticipar su voto afirmativo en general. Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza integran un espacio que, si bien forma parte del interbloque justicialista, no responde al liderazgo político de Cristina Kirchner ni a la estrategia del sector que conduce José Mayans. Se trata de legisladores vinculados al peronismo del interior, con una agenda fuertemente atravesada por el federalismo y por las necesidades concretas de sus provincias.

Detrás de ese posicionamiento aparecen los gobernadores, actores clave en la negociación presupuestaria. Mandatarios como Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo marcaron límites claros al Gobierno nacional en temas sensibles, como el financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad, pero al mismo tiempo necesitan contar con una ley de Presupuesto para garantizar previsibilidad financiera en 2026. Sin esa norma, las provincias quedan atadas a prórrogas presupuestarias, mayor discrecionalidad del Ejecutivo nacional y un margen de maniobra reducido para renegociar deudas, planificar inversiones o sostener gastos corrientes. Para ese sector del peronismo, el Presupuesto es una herramienta de gestión indispensable, aun cuando no compartan el rumbo político del Gobierno.

El apoyo de Convicción Federal no es total ni incondicional. El espacio ya adelantó que rechazará el artículo 30, que afecta fondos de Educación Técnico Profesional y reduce partidas del sistema de Ciencia y Tecnología, una postura que coincide con la del kirchnerismo. Sin embargo, la diferencia está en la estrategia política. Mientras el sector alineado con Cristina Kirchner busca convertir el Presupuesto en un límite político al ajuste y en una herramienta de confrontación con el Gobierno, Convicción Federal opta por habilitar la sanción de la ley y discutir los artículos en particular sin poner en riesgo el texto completo.

Para Javier Milei, esa distinción es fundamental. El Gobierno no necesita unanimidad ni un respaldo ideológico pleno, sino garantizar que el Presupuesto se apruebe en general y no vuelva a Diputados. Cualquier modificación sustancial obligaría a reabrir el debate en la cámara de origen, prolongar las negociaciones y asumir nuevas concesiones en un contexto de desgaste político y cierre de año. Por eso, la estrategia oficial es clara: votar el Presupuesto “a libro cerrado” y cerrar el trámite legislativo este viernes.

Patricia Bullrich, encargada del armado político en el Senado, fue explícita en las conversaciones previas: no se reabre el capítulo XI, no se reinstalan artículos rechazados y no se aceptan cambios que alteren el texto aprobado por Diputados. Además, desde el punto de vista reglamentario, la cámara revisora no puede revivir capítulos caídos en la cámara de origen, lo que refuerza la posición del oficialismo y limita el margen de maniobra de la oposición.

El viernes se concentra así toda la definición. Ese día, el Senado debatirá el Presupuesto 2026 en general y luego avanzará en la votación en particular, donde algunos artículos podrían caer sin que eso modifique el resultado final. El oficialismo calcula que podría reunir alrededor de 45 votos afirmativos sumando a La Libertad Avanza, el PRO, sectores del radicalismo y bloques provinciales como los misioneros, la senadora neuquina Julieta Corroza y los representantes santiagueños que responden a Gerardo Zamora. Ese número le permitiría superar con holgura el umbral necesario y mostrar fortaleza política en la Cámara alta.

El clima político, sin embargo, está lejos de ser estable. El PRO arrastra malestar tras quedar afuera del reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación, mientras que el radicalismo reclama señales más claras sobre el rumbo político del Gobierno y su relación con los gobernadores. Estos últimos acompañan con cautela: necesitan el Presupuesto, pero buscan despegarse del costo político del ajuste y de los recortes más sensibles, especialmente en áreas como educación, ciencia y políticas sociales.

Si el Presupuesto 2026 se aprueba este viernes, Javier Milei habrá conseguido su primera “ley de leyes” en el Senado en un contexto adverso, sostenido por acuerdos parciales, intereses cruzados y un peronismo fragmentado. No será una victoria construida sobre consensos amplios ni sobre una coalición sólida, sino sobre una arquitectura política frágil, armada voto a voto. La sesión funcionará no solo como una definición presupuestaria, sino como una radiografía del nuevo equilibrio de poder en el Congreso y del modo en que el Gobierno construye gobernabilidad en un sistema político todavía en plena reconfiguración, donde cada ley refleja tanto las debilidades como las fortalezas del oficialismo.