Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el oficialismo apuesta a destrabar en el Senado una reforma laboral clave para el programa de Javier Milei, en un escenario de minoría parlamentaria y negociaciones contrarreloj.

La Casa Rosada necesita sumar votos dialoguistas, enfrenta resistencias provinciales por el ajuste fiscal y busca cerrar acuerdos antes del inicio del período ordinario.

El Congreso retoma este lunes su actividad formal con la apertura del período de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. Tras un cierre de 2025 menos turbulento de lo previsto y un receso estival con bajo nivel de conflicto político, la Casa Rosada vuelve a concentrar su capital político en una sola iniciativa: la reforma laboral. El temario extraordinario se extenderá hasta el 27 de febrero y funcionará como una instancia clave para medir la capacidad real del oficialismo de transformar su programa económico en leyes concretas.

El proyecto laboral se convirtió, con el paso de las semanas, en algo más que una discusión sobre normas de contratación o relaciones de trabajo. En el oficialismo lo leen como un test político de gobernabilidad en el Senado, una cámara donde La Libertad Avanza está lejos de tener mayoría propia y depende de acuerdos inestables con sectores dialoguistas. Lo que ocurra en febrero marcará no solo el futuro inmediato de la reforma, sino también el clima con el que Milei llegará a la apertura de sesiones ordinarias el 1° de marzo.

La reforma laboral como eje de la estrategia oficial

El texto impulsado por el Gobierno ya cuenta con dictamen habilitado en la Cámara alta, un paso relevante que se logró antes de fin de año, aunque sin llegar al recinto. En diciembre, el oficialismo priorizó cerrar la sanción del Presupuesto 2026, la primera ley de gastos aprobada durante la gestión libertaria, y postergó el debate laboral para evitar un escenario de derrota política. Aquella decisión ordenó la agenda, pero dejó pendiente una discusión sensible que ahora vuelve con plazos más ajustados.

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, trabaja con dos fechas tentativas para llevar el proyecto al recinto: el 11 o el 12 de febrero. En las últimas semanas, el oficialismo intensificó reuniones reservadas con senadores de la oposición moderada, en especial de la Unión Cívica Radical, el PRO y espacios provinciales. El objetivo es introducir cambios puntuales que permitan ampliar el respaldo sin vaciar de contenido la iniciativa.

Durante enero, asesores del Ejecutivo recopilaron observaciones técnicas y políticas de esos bloques. El resultado de ese trabajo quedó concentrado en un documento que hoy está bajo análisis del Ministerio de Economía. El rol de Luis Caputo se volvió central en esta etapa, no solo por el impacto fiscal de la reforma, sino porque varios senadores condicionan su voto a señales de estabilidad macroeconómica y previsibilidad presupuestaria.

Para el Gobierno, la reforma laboral es una pieza estructural de su programa. No se trata únicamente de modificar reglas del mercado de trabajo, sino de enviar una señal clara a inversores y sectores productivos sobre el rumbo económico. Por eso, un traspié legislativo tendría un costo político y simbólico que excede el debate parlamentario.

Los votos que faltan y el peso de las provincias

El principal obstáculo para el oficialismo sigue siendo aritmético. Con poco más de veinte senadores propios, La Libertad Avanza necesita alcanzar los 37 votos necesarios para el quórum. Esa realidad obliga a una negociación fina con bloques que no responden de manera automática a la Casa Rosada y que priorizan, en muchos casos, las demandas de sus provincias.

El radicalismo, con una decena de bancas, aparece como uno de los actores decisivos. También el PRO, aunque con un bloque reducido, y un conjunto de senadores provinciales que suelen moverse con autonomía relativa respecto de los gobernadores. En ese esquema, cada voto cuenta y cada concesión se analiza al detalle.

La principal preocupación que atraviesa a los mandatarios provinciales es el impacto del ajuste fiscal y la caída de recursos coparticipables. Desde el Ejecutivo sostienen que el mayor esfuerzo lo asume la Nación, pero en el interior el margen es más estrecho y cualquier recorte se traduce rápidamente en tensión política y social. Ese factor explica la cautela de muchos senadores, más atentos al equilibrio local que a la épica reformista.

Tras dos años de un ajuste sostenido, el clima político es más frágil. Algunos legisladores dialoguistas admiten en privado que acompañar una reforma laboral de alto impacto requiere compensaciones concretas, ya sea en obras públicas, asistencia financiera o flexibilidad en otras votaciones. En ese terreno aparecen los negociadores habituales del Congreso, que aprovechan cada instancia para condicionar al Ejecutivo.

Un temario amplio y un Senado en equilibrio inestable

La reforma laboral no es el único punto de la agenda extraordinaria. En el Senado también esperan tratamiento otros proyectos con alto impacto político y económico. Uno de ellos es la iniciativa para modificar la Ley de Glaciares, que enfrenta a sectores ambientalistas con provincias y empresas interesadas en habilitar inversiones millonarias. Aunque el tema perdió visibilidad pública, sigue siendo un foco de tensión latente.

También figuran en el temario el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y distintos pliegos diplomáticos. Estos asuntos requieren la conformación de comisiones y reabren disputas internas por espacios de poder dentro de la Cámara alta, un terreno históricamente áspero donde oficialistas y aliados compiten por protagonismo y control institucional.

En paralelo, el kirchnerismo mantiene un perfil bajo. Sin grandes intervenciones públicas, el principal bloque opositor observa el desarrollo de las negociaciones y espera el momento oportuno para intervenir. Su estrategia parece orientada a dejar que el oficialismo exponga sus límites antes de fijar posición definitiva.

Con este escenario, Javier Milei encara un nuevo período de sesiones extraordinarias con margen acotado y alto riesgo político. El resultado de la discusión laboral será leído como una señal clara sobre la capacidad del Gobierno de sostener su agenda en un Congreso fragmentado. Más allá del desenlace puntual, febrero aparece como un mes clave para definir el tono de la relación entre la Casa Rosada y el Parlamento en el inicio de un nuevo año legislativo.

Fotos: Jaime Olivos