El comienzo de las sesiones extraordinarias en el Congreso expone un clima de actividad desigual y prioridades bien marcadas dentro del oficialismo. Mientras el Gobierno concentra su principal esfuerzo legislativo en el Senado, con la reforma laboral como eje central de negociación política, la Cámara de Diputados avanza con movimientos administrativos que, por ahora, no garantizan un debate concreto en el recinto. En ese marco, La Libertad Avanza (LLA) impulsó el llamado a conformar comisiones clave para tratar, entre otros temas, una eventual reforma de la Ley Penal Juvenil, aunque en el propio oficialismo reconocen que las chances de aprobarla en febrero son reducidas.

El pedido para que los bloques designen a sus representantes busca reactivar una Cámara baja que atravesó enero sin reuniones relevantes ni señales claras de agenda. Sin embargo, la ausencia de proyectos formales y un cronograma recortado por feriados colocan un manto de dudas sobre el verdadero alcance de la iniciativa. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad vuelve a instalarse en la agenda política, pero lo hace rodeada de cautela, especulación parlamentaria y un cálculo fino de costos políticos.

Un arranque condicionado por prioridades y señales cruzadas

El contraste entre ambas cámaras del Congreso es evidente. En el Senado, el oficialismo apuesta fuerte a lograr dictamen y avanzar con la reforma laboral, un proyecto que concentra negociaciones intensas con bloques dialoguistas y expone tensiones internas, especialmente en torno a los cambios impositivos para las empresas. En Diputados, en cambio, el escenario es más frío y menos definido.

Luego de semanas de virtual parálisis, la presidencia de la Cámara baja decidió retomar la actividad con un llamado a los bloques para conformar nuevas comisiones. El pedido incluye la designación de diputados y diputadas para tres espacios específicos: Relaciones Exteriores y Mercosur, Justicia y Familia. La selección de estas comisiones no es casual y responde a los temas que el Ejecutivo tiene en carpeta para este período extraordinario.

En el oficialismo explican que la intención es “ordenar la Cámara” y dejar listos los ámbitos institucionales necesarios para iniciar debates apenas ingresen los proyectos. Sin embargo, desde la oposición advierten que el movimiento llega sin textos concretos y sin definiciones políticas cerradas, lo que reduce el margen real de avance.

La comisión de Relaciones Exteriores aparece asociada a la posibilidad de reabrir la discusión sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un tema de largo recorrido que genera apoyos transversales, pero también resistencias sectoriales. Las comisiones de Justicia y Familia, en tanto, son indispensables para tratar una reforma de la Ley Penal Juvenil, uno de los puntos más sensibles de la agenda de seguridad del Gobierno.

Pese al llamado formal, legisladores de distintos bloques coinciden en que el inicio de febrero encuentra a Diputados sin una hoja de ruta clara. La expectativa está puesta en saber si el Ejecutivo enviará efectivamente los proyectos y, sobre todo, en qué términos lo hará.

El reloj legislativo y las dificultades para llegar al recinto

El principal obstáculo para que la Ley Penal Juvenil avance en extraordinarias no es solo político, sino también temporal. El cronograma que circula entre los legisladores muestra un margen de acción extremadamente reducido. La idea es que las comisiones puedan conformarse entre martes y miércoles de la próxima semana, elegir autoridades y, en el mejor de los casos, comenzar a analizar los proyectos si estos llegan a tiempo.

La semana siguiente, sin embargo, aparece prácticamente descartada para la actividad parlamentaria. Los feriados de Carnaval, que abarcan lunes, martes y miércoles, recortan de manera significativa la posibilidad de reuniones y dejan apenas una semana efectiva para emitir dictamen antes del cierre del período extraordinario.

Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados permite tratar un proyecto en el recinto el mismo día en que se firma el dictamen, esa alternativa suele utilizarse solo cuando existe un consenso amplio previo. En el caso de la Ley Penal Juvenil, las diferencias políticas y la sensibilidad social del tema hacen poco probable que se recurra a ese mecanismo.

Desde el propio oficialismo admiten que el escenario es complejo. Conformar las comisiones es un paso necesario, pero no garantiza resultados. Sin textos oficiales, sin acuerdos cerrados y con un calendario adverso, la posibilidad de lograr una media sanción en febrero aparece como lejana.

En la oposición, en tanto, predomina una mirada expectante. Varios bloques anticipan que evaluarán el contenido del proyecto antes de fijar posición, aunque advierten que no están dispuestos a acompañar cambios que rompan los consensos construidos el año pasado.

La edad de imputabilidad, el punto que define el destino del proyecto

El debate sobre la Ley Penal Juvenil vuelve a girar, una vez más, en torno a la edad de imputabilidad. El antecedente inmediato es el proyecto que obtuvo dictamen en 2025 y que perdió estado parlamentario al no llegar al recinto. Aquella iniciativa proponía bajar la edad de 16 a 14 años y había logrado un equilibrio frágil entre sectores del oficialismo y la oposición.

La nueva señal política del Gobierno introduce un factor de tensión adicional. Desde el área de Seguridad, y con el respaldo de Patricia Bullrich, se deslizó la intención de avanzar hacia una baja aún mayor, llevándola a 13 años. Esa definición, lejos de ampliar consensos, encendió alertas en varios bloques que habían acompañado el esquema anterior.

Operadores parlamentarios reconocen que una propuesta de ese tipo tiene pocas posibilidades de prosperar en Diputados. Incluso sectores dialoguistas advierten que no acompañarían una baja más drástica y que, de insistirse en ese camino, el proyecto quedaría rápidamente empantanado en comisión.

La alternativa que evalúan algunos bloques es retomar el texto consensuado el año pasado y discutir ajustes vinculados al régimen de responsabilidad penal juvenil, el fortalecimiento de las medidas socioeducativas y la articulación con el sistema de protección de derechos. En ese escenario, anticipan que podrían acompañar en general y presentar modificaciones en particular.

Este dilema explica la cautela con la que el oficialismo administra los tiempos. Impulsar el armado de comisiones permite mostrar iniciativa política y sostener el tema en agenda, pero también deja margen para recalcular si el costo político de enviar un proyecto sin consenso resulta demasiado alto.

Así, el futuro de la Ley Penal Juvenil queda atado a una combinación de factores: el contenido final del proyecto, la voluntad del Ejecutivo de sostener o flexibilizar su postura y un calendario legislativo que juega en contra. Con la reforma laboral absorbendo la mayor parte del capital político del Gobierno y febrero avanzando a ritmo lento, la discusión de fondo podría terminar postergándose para el período ordinario, cuando el Congreso recupere volumen político y margen de negociación.