En medio del debate sobre la reorganización del Estado y la redefinición de las relaciones fiscales entre Nación y provincias, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se pronunció a favor de una de las iniciativas más sensibles y estructurales del federalismo argentino: la incorporación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) al régimen de coparticipación federal.
La propuesta, impulsada por un grupo de gobernadores, apunta a eliminar la discrecionalidad con la que históricamente se han distribuido estos fondos, para que su reparto se haga en base a criterios objetivos y automáticos, como ocurre con otros recursos coparticipables.
Qué son los ATN y por qué son clave en el sistema fiscal
Los Aportes del Tesoro Nacional fueron creados para asistir financieramente a las provincias en situaciones de emergencia o desequilibrio. Su distribución depende casi en su totalidad del Poder Ejecutivo nacional, lo que convierte a esta herramienta en uno de los instrumentos más poderosos para el ejercicio de la política fiscal discrecional.
Durante décadas, los distintos gobiernos utilizaron los ATN como un modo de fortalecer alianzas provinciales, condicionar opositores o dar auxilio a gobernadores aliados. Aunque su uso está contemplado en la ley de coparticipación vigente, su reparto nunca ha sido automático ni igualitario, lo que ha generado reiteradas críticas desde el interior del país.
La propuesta de los gobernadores
En ese contexto, y en paralelo a las negociaciones por el Pacto de Mayo, varios mandatarios provinciales propusieron que los ATN pasen a formar parte del régimen general de coparticipación. Esto implicaría establecer un mecanismo legal para su reparto, con criterios definidos en una nueva ley, sancionada y modificable desde el Congreso, sin intervención discrecional del Ejecutivo.
La propuesta no solo representa una reivindicación federalista, sino también una respuesta a la lógica de ajuste que viene aplicando el Gobierno nacional, que busca reducir al mínimo la transferencia de recursos discrecionales y forzar a las provincias a equilibrar sus cuentas sin asistencia externa.
El respaldo de Sturzenegger: una señal con múltiples lecturas
En declaraciones recientes, el ministro Sturzenegger sugirió que el Gobierno debería promulgar la iniciativa de los gobernadores, ya que eso permitiría que cualquier cambio posterior se canalice directamente a través del Congreso. Según el funcionario, institucionalizar el régimen de los ATN es un paso necesario para avanzar hacia un federalismo más transparente y moderno.
No obstante, desde el entorno presidencial dejaron trascender que se trata de una “reforma de tercera generación”, es decir, una medida estructural importante, pero que no forma parte del núcleo duro de las prioridades legislativas del corto plazo.
Este enfoque no implica un rechazo, sino una postergación. La prioridad actual del Gobierno sigue siendo la aprobación de la Ley de Bases y el avance de otras reformas incluidas en el paquete fundacional del nuevo orden económico.
Una tensión entre poder y transparencia
La posible reforma encierra una tensión clásica de la política argentina: la necesidad de dotar al federalismo de reglas claras y previsibles versus la tentación del poder central de mantener herramientas de control político sobre las provincias.
Coparticipar los ATN implicaría que el Gobierno nacional pierda una herramienta clave para condicionar o premiar a los gobernadores, lo cual cambiaría sensiblemente el equilibrio de fuerzas en el vínculo Nación-provincias. Por esta razón, la propuesta genera entusiasmo en varios distritos, especialmente aquellos que se sienten marginados o discriminados en la actual distribución de recursos.
Lo que viene
Aunque por ahora la propuesta no tiene tratamiento legislativo concreto, su mención por parte de un ministro de primera línea abre una ventana de oportunidad. En un contexto donde el Ejecutivo busca reposicionarse frente a las provincias y relanzar la agenda de reformas estructurales, la cuestión de los ATN podría volver al centro del debate.
En paralelo, los gobernadores seguirán presionando para que se consolide un modelo de federalismo más equitativo, que les garantice autonomía financiera y previsibilidad. La discusión recién empieza, pero promete ser una de las más profundas de los próximos meses.





