La cantante e influencer Valentina Olguín enfrenta un grave proceso judicial tras ser acusada de contrabando por simulación y uso indebido de datos fiscales protegidos. El caso, que conmociona tanto al mundo del espectáculo como al ámbito político, revela una maniobra sofisticada que involucró la utilización del CUIT de al menos seis gobernadores argentinos para importar indumentaria desde Estados Unidos, superando los límites permitidos por la normativa aduanera.

La investigación, que se inició a partir de una denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, destapó un esquema mediante el cual Olguín habría realizado compras por más de 3.000 dólares en el sitio Revolve, fraccionando los envíos y utilizando identidades ajenas para evitar el control aduanero. Entre los mandatarios cuyos datos habrían sido utilizados se encuentran Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis).

El Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, dictó el procesamiento de Olguín sin prisión preventiva, pero con un embargo sobre sus bienes por cinco millones de pesos. Según el artículo 863 del Código Aduanero, el delito de contrabando por simulación contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.

Durante los allanamientos realizados en el domicilio de la cantante en el barrio porteño de Núñez, se secuestraron prendas, dispositivos electrónicos y documentación vinculada a las operaciones. Según fuentes judiciales, parte de la mercadería adquirida era vendida a través de canales de comercialización no habilitados.

Como parte de su estrategia defensiva, Olguín solicitó una “probation”, ofreciendo realizar tareas comunitarias y brindar un show gratuito en Tucumán como forma de reparación simbólica.

La causa fue parcialmente desmembrada y enviada a otros juzgados federales con competencia en las provincias afectadas. El caso promete seguir sumando capítulos y podría sentar un precedente en cuanto al uso indebido de datos fiscales por parte de figuras públicas.