Con un fuerte respaldo político, académico y territorial, finalizó en la Provincia de Buenos Aires la PRECOP30, un encuentro clave que reunió a diversos actores del ambientalismo regional en el camino hacia la próxima Conferencia de las Partes (COP30), que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, Brasil. La actividad fue impulsada por el Ministerio de Ambiente bonaerense y dejó como resultado un documento que refleja una visión latinoamericana de la crisis climática y una agenda compartida con propuestas concretas.

Entre los presentes en el cierre del evento se destacó la participación del diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, quien acompañó al ministro de Ambiente, Daneli Gollán, y a referentes de la sociedad civil, del ámbito académico y de gobiernos locales. Su presencia aportó volumen político a un espacio que busca posicionar a la región como actor activo frente a la emergencia climática global.

Durante las jornadas se debatieron temas como la transición energética, la producción agroecológica, la educación ambiental, la gestión del riesgo climático y el rol de las juventudes, los pueblos originarios y las universidades, entre otros ejes estratégicos.

“La acción climática no puede seguir esperando y debe ser impulsada desde los territorios. No hay justicia climática sin justicia social”, señalaron desde el Ministerio de Ambiente, en un mensaje que fue acompañado por Kirchner.



Un enfoque latinoamericano frente a un problema global

El documento final del encuentro, titulado Camino a Belém: una voz latinoamericana hacia la justicia climática global, denuncia que la crisis climática no afecta a todas las personas ni territorios por igual, sino que profundiza desigualdades estructurales ya existentes. Frente a ello, se exige que los países con mayor responsabilidad histórica reconozcan su deuda ecológica con el Sur Global, y se comprometan con un financiamiento justo, accesible y sin condicionalidades.

Desde Buenos Aires, se convocó a conformar un frente ambiental latinoamericano, con cinco puntos clave:

Financiamiento climático directo para gobiernos subnacionales.

Transición ecológica inclusiva, con trabajo digno y soberanía energética y alimentaria.

Participación de ciudadanía, juventudes, pueblos originarios y el conocimiento científico regional.

Gobernanza climática transparente, con rendición de cuentas.

Acción climática como eje de un nuevo modelo de desarrollo más justo, resiliente y humano.


Una cumbre de alta relevancia histórica

La COP30 no será una cumbre más. Coincidirá con los diez años del Acuerdo de París, los veinte del Protocolo de Kioto y una década desde la publicación de la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco. En ese contexto, el documento reafirma que no es posible hablar de justicia ambiental sin hablar de justicia social, ni avanzar en políticas climáticas sin democracia.

Cuestionamientos al Gobierno Nacional y advertencia regional

También advierte sobre el avance del lawfare en América Latina y lo vincula directamente con obstáculos a proyectos transformadores. Se señala la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner como un caso emblemático, en línea con lo ocurrido en Brasil con Lula da Silva, en Ecuador con Rafael Correa y en Paraguay con Fernando Lugo.

En esa línea, se realizó una crítica directa al Gobierno de Javier Milei por su política de negacionismo climático. Se denunció el desfinanciamiento de organismos ambientales, la desregulación normativa y la falta de voluntad política frente a la crisis.

“Mientras en la Provincia de Buenos Aires trabajamos todos los días para enfrentar la crisis climática, el Gobierno Nacional niega su existencia”, remarca el documento, en un párrafo que fue respaldado por la dirigencia política presente.



Un mandato colectivo rumbo a Belém

Desde la Provincia de Buenos Aires se planteó un mandato claro: llevar la voz latinoamericana a Belém con propuestas concretas y compromiso popular. El documento concluye con una definición que sintetiza el espíritu del encuentro:

“Construir un modelo de desarrollo compatible con el buen vivir de nuestros pueblos no es una opción: es una responsabilidad ética y política”.