En una sesión maratónica que concentró gran parte de la atención política de la semana, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley que obliga al Poder Ejecutivo a distribuir de manera automática y diaria el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. El proyecto, impulsado por los 24 gobernadores en un comienzo y luego fracturado por los alineamientos electorales con el oficialismo, logró 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones.

La iniciativa ya había pasado el filtro del Senado y ahora representa un cambio de reglas en el reparto de una caja millonaria que, hasta ahora, dependía del manejo discrecional de la Casa Rosada. Se calcula que durante 2025 el monto de los ATN rondará el billón de pesos, según lo establecido en la Ley de Coparticipación Federal.

Un nuevo esquema de reparto

Con la reforma aprobada, el Ejecutivo nacional recibirá el 41,2% del fondo, mientras que el 58,8% restante se distribuirá entre las provincias bajo los porcentajes de coparticipación. En la práctica, los gobernadores pasarán a contar con ingresos diarios adicionales que hasta ahora dependían de la voluntad política del Gobierno central.

El cambio es significativo porque quita al Poder Ejecutivo la posibilidad de usar los ATN como una herramienta de presión o negociación con los mandatarios provinciales, algo que había sido señalado por varios jefes territoriales desde el inicio de la gestión libertaria.

Tensiones políticas y fracturas provinciales

El acompañamiento inicial de los 24 gobernadores sufrió modificaciones tras el cierre de alianzas electorales. Mandatarios como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) instruyeron a sus diputados a votar en contra, alineados con los acuerdos sellados con La Libertad Avanza.

Pese a esas disidencias, la iniciativa se consolidó en Diputados y generó un triunfo político para los gobernadores, que habían visto disminuir sus ingresos coparticipables y presionaron en bloque para frenar el manejo unilateral de los recursos.

La respuesta del oficialismo y el fantasma del veto

Desde Casa Rosada se intentó frenar la norma con una propuesta alternativa, que mantenía la discrecionalidad pero ofrecía transferencias mensuales de fondos remanentes. Ese dictamen quedó como minoría y no prosperó.

Sin embargo, el oficialismo todavía tiene una carta a jugar: el presidente Javier Milei puede vetar la ley, ya que la votación no alcanzó los dos tercios necesarios para blindarla. El antecedente de otros vetos recientes en materia previsional y social mantiene latente esa posibilidad.

Un debate que se cruza con otros frentes fiscales

La discusión sobre los ATN se dio en paralelo a otro proyecto que buscaba redistribuir la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, iniciativa que finalmente no fue tratada por falta de consensos. Allí también se jugaban intereses de Nación y provincias en torno al reparto de recursos clave.

En definitiva, la aprobación del reparto automático de los ATN marca un hito en la pulseada entre gobernadores y Gobierno central. Para los mandatarios provinciales significa recuperar autonomía financiera y previsibilidad en sus cuentas; para el oficialismo, un traspié legislativo que lo deja a las puertas de una nueva definición política: aceptar la ley o volver a apelar al veto presidencial.