Mientras el Gobierno nacional evalúa convocar a sesiones extraordinarias en febrero para avanzar con su agenda legislativa, el escenario político dentro del Congreso comienza a volverse cada vez más adverso. En los primeros días del año, la oposición logró algo que hasta hace poco parecía improbable: ordenarse, coordinar posiciones y construir una estrategia común que amenaza con frustrar los planes del oficialismo. El riesgo no es menor y tiene consecuencias directas sobre la gobernabilidad, ya que una mala lectura del clima parlamentario podría derivar en una derrota política temprana para La Libertad Avanza.

El eje del conflicto es doble. Por un lado, el oficialismo aún no tiene garantizados los votos necesarios para aprobar la reforma laboral, una de las iniciativas centrales del Ejecutivo. Por el otro, la eventual reapertura del Congreso habilitaría el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Inteligencia, un texto que ya enfrenta un fuerte rechazo opositor y que podría ser rechazado en el recinto. Si eso ocurriera, el Gobierno no solo perdería una herramienta clave, sino que quedaría expuesto políticamente en el inicio del año legislativo.

En ese contexto, la decisión de llamar o no a sesiones extraordinarias dejó de ser un trámite administrativo y pasó a convertirse en una jugada de alto riesgo. Para el oficialismo, avanzar sin los votos asegurados implica abrir un frente de conflicto que puede condicionar el resto de su agenda política y legislativa durante 2026.

Durante la segunda quincena de enero, el presidente Javier Milei tiene previsto firmar el decreto de convocatoria a un nuevo período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, en las últimas horas esa posibilidad comenzó a generar fuertes dudas dentro del propio oficialismo. El motivo central es que el DNU que reformó la Ley de Inteligencia fue firmado el 31 de diciembre, un día después de finalizado el último período de extraordinarias, y publicado oficialmente el 2 de enero, cuando el Congreso ya no estaba en funciones.

Desde la oposición sostienen que, si el Ejecutivo convoca nuevamente a sesionar, debería incluir ese decreto en el temario. De lo contrario, se debilitaría el principal argumento que justifica su validez: la urgencia. En los pasillos del Congreso se repite una consigna clara: si el Parlamento está funcionando, no existe urgencia que habilite el uso de un DNU. Esa interpretación es la base sobre la cual la oposición planea avanzar rápidamente para llevar el decreto al recinto.

Los plazos legales refuerzan esa estrategia. El Ejecutivo tiene tiempo hasta mediados de enero para enviar el DNU al Congreso. Luego, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dispone de plazo hasta el 30 de enero para expedirse. Una vez vencido ese período, ambas cámaras quedan habilitadas para tratar el decreto, una situación que coincidiría casi exactamente con el inicio de las sesiones extraordinarias. Para La Libertad Avanza, ese cruce de calendarios representa una amenaza concreta.

El antecedente inmediato tampoco juega a favor del oficialismo. En otras oportunidades, iniciativas vinculadas a los servicios de inteligencia y a la asignación de fondos sensibles ya encontraron resistencia en el Congreso. La posibilidad de repetir ese escenario vuelve a encender alarmas en la Casa Rosada, donde evalúan si vale la pena exponerse a una derrota que podría tener alto costo político.

En paralelo, la reforma laboral avanza por un carril igualmente incierto. Dentro del oficialismo reconocen que el poroteo de votos todavía no cierra. Las conversaciones con bloques dialoguistas continúan, pero los apoyos firmes son escasos y están atados a múltiples condiciones. En ese contexto, enfrentar una votación adversa por el DNU de Inteligencia podría debilitar aún más la capacidad de negociación del Gobierno.

Del lado opositor, el reordenamiento ya se traduce en números concretos. En la Cámara de Diputados, distintos espacios aseguran contar con al menos 121 votos dispuestos a rechazar el decreto. Ese número surge de la suma del peronismo, sectores de Unidos, la izquierda, la Coalición Cívica y legisladores provinciales que ya adelantaron su rechazo. Según admiten fuentes parlamentarias, ese conteo se realizó sin incluir a la UCR, al PRO ni a otros bloques que podrían sumarse, lo que deja abierta la posibilidad de una derrota aún más amplia para el oficialismo.

La decisión política es clara: si el recinto se abre, el DNU será tratado. En la oposición descartan esperar una definición judicial sobre los amparos presentados y cuestionan la estrategia oficial de minimizar el impacto del decreto bajo el argumento de que no genera daños inmediatos. Incluso sectores del ámbito jurídico ya expresaron reparos formales, lo que refuerza la voluntad de avanzar por la vía parlamentaria.

A este escenario se suman factores estrictamente políticos. Algunos sectores opositores consideran que este debate abre una oportunidad para saldar cuentas pendientes con el oficialismo, especialmente después de acuerdos parlamentarios que dejaron a ciertos bloques fuera de espacios clave de control institucional. En ese marco, el rechazo al DNU aparece también como una señal política frente a lo que interpretan como un manejo poco consensuado del poder legislativo.

Frente a este panorama, el Gobierno reunirá a su mesa política el próximo 16 de enero. Allí se realizará un poroteo fino de votos, se evaluarán los reclamos de los bloques aliados y se analizará el impacto que tendría una sesión extraordinaria atravesada por el debate del DNU de Inteligencia. De ese encuentro surgirá una definición clave: avanzar y asumir el riesgo o postergar la convocatoria y ganar tiempo.

La decisión no es menor. Convocar a extraordinarias permitiría intentar avanzar con proyectos centrales, pero también podría exponer al Gobierno a un revés institucional que condicione su autoridad política durante el resto del año. Postergar la convocatoria, en cambio, implicaría reconocer la falta de consensos y retrasar una agenda que el oficialismo considera prioritaria. En ese delicado equilibrio, la oposición parece haber encontrado un punto de coordinación que transforma al Congreso en un terreno mucho más hostil de lo previsto y pone en jaque la estrategia del Ejecutivo para el inicio de 2026.