Con la coordinación directa de Karina Milei, la mesa política del oficialismo resolvió incorporar al temario legislativo el proyecto que reduce la edad de imputabilidad a 14 años. La decisión se da en un contexto de agenda cargada, negociaciones abiertas y una estrategia parlamentaria que busca ordenar prioridades antes del inicio del año legislativo ordinario.

La calma habitual de enero en la Casa Rosada se vio alterada este lunes por una reunión clave de la mesa política del Gobierno nacional. Durante poco más de dos horas, los principales referentes del oficialismo se reunieron en las oficinas del Ministerio del Interior para definir la estrategia legislativa de cara a las sesiones extraordinarias del Congreso. Con asistencia completa y bajo la supervisión directa de Karina Milei, el encuentro dejó una definición central: la incorporación de la Ley Penal Juvenil al temario que el Ejecutivo intentará tratar en febrero.

La decisión implica sumar un proyecto de alta sensibilidad política y social a una agenda ya cargada, en la que sobresale la reforma laboral como prioridad absoluta del presidente Javier Milei. El texto en cuestión propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal, una iniciativa que había quedado en suspenso durante los últimos meses pero que volvió al centro del debate interno tras una serie de hechos de fuerte impacto público y una evaluación política del contexto parlamentario.

El encuentro funcionó, además, como una instancia de ordenamiento general del temario. El lunes 2 de febrero está previsto el inicio formal de la actividad en ambas cámaras, con el objetivo de activar las comisiones y comenzar el tratamiento de los proyectos incluidos en la convocatoria a extraordinarias. Aunque el Ejecutivo había oficializado inicialmente un listado acotado, en la mesa política reconocen que la agenda sigue abierta y que no se descarta sumar nuevas iniciativas si las condiciones políticas lo permiten.

Una decisión política con cálculo parlamentario

La inclusión de la Ley Penal Juvenil no fue una resolución improvisada. Según fuentes oficiales, el tema venía siendo analizado desde hace semanas en distintos despachos del Ejecutivo, en particular en el Ministerio de Justicia. El proyecto sobre el que se trabajará toma como base el dictamen que obtuvo aval en la Cámara de Diputados en mayo de 2025, aunque incorpora modificaciones técnicas y ajustes de enfoque definidos en las últimas reuniones internas.

El trabajo previo estuvo a cargo de la Secretaría de Justicia, conducida por Sebastián Amerio, en coordinación con la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa. El objetivo fue actualizar el articulado sin reabrir un debate integral sobre el sistema penal juvenil, una discusión de mayor alcance que el Gobierno decidió postergar para más adelante.

En ese sentido, desde el oficialismo aclaran que la reforma integral del Código Penal, que también contempla cambios en materia de responsabilidad penal de menores, no forma parte del temario inmediato. Ese proyecto, que originalmente se había evaluado tratar en diciembre, quedó relegado para el inicio del período ordinario de sesiones, a partir del 1° de marzo. La prioridad, explican, es concentrar capital político y capacidad de negociación en un número limitado de iniciativas.

La señal política fue explicitada públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien utilizó su cuenta en la red social X para confirmar la decisión. Con un mensaje escueto, informó que la Ley Penal Juvenil formará parte del temario de las sesiones extraordinarias, dando por cerrado un debate que hasta entonces se mantenía en reserva.

Puertas adentro, la lectura es clara: el Gobierno considera que el clima político y social habilita avanzar con una discusión que genera resistencias en sectores de la oposición, pero que también encuentra apoyos transversales, especialmente en provincias atravesadas por casos de violencia protagonizados por menores de edad. La estrategia apunta a instalar el tema en el Congreso sin desplazar del centro de la escena a la reforma laboral, que sigue siendo el eje ordenador de la negociación legislativa.

Una agenda cargada y negociaciones en revisión

La ampliación del temario se da en un contexto de múltiples frentes abiertos para el oficialismo. Además de la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, la lista de proyectos incluye la Ley de Glaciares, el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación del diputado del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, en el marco de la Ley del Servicio Exterior de la Nación.

Cada uno de estos puntos presenta complejidades propias. En el caso del acuerdo Mercosur–Unión Europea, la situación se volvió más incierta luego de que el Parlamento Europeo remitiera el entendimiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la Casa Rosada evalúan si tiene sentido avanzar con su tratamiento legislativo durante febrero o si conviene esperar una definición del lado europeo para evitar un desgaste político innecesario.

El debate interno no está saldado. Hay sectores del oficialismo que consideran que, aun con el proceso judicial en curso en Europa, el Congreso argentino debería avanzar para enviar una señal política clara. Otros, en cambio, sostienen que una eventual aprobación local podría quedar vaciada de contenido si el acuerdo enfrenta obstáculos insalvables del otro lado del Atlántico.

Este tema fue parte de las conversaciones recientes entre los negociadores legislativos y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió de cerca las novedades durante su participación en el Foro de Davos. La definición final, admiten, dependerá de cómo evolucione el escenario internacional en las próximas semanas.

Mientras tanto, la mesa política funciona como un espacio de coordinación permanente. El jefe de Gabinete es quien convoca formalmente a los encuentros, que suelen realizarse en los despachos de la planta baja de la Casa Rosada. En esta ocasión, la reunión debió adelantarse por cuestiones de agenda, en un día marcado por un cronograma intenso para varios de los asistentes.

La mesa chica y el rol de los protagonistas

El encuentro de este lunes tuvo una postal que el propio oficialismo buscó difundir: una foto de la mesa política con todos sus integrantes, una imagen poco habitual en las últimas semanas. Karina Milei, ausente en algunos encuentros previos, participó activamente y avaló las definiciones adoptadas.

Entre los primeros en llegar estuvo el jefe de Gabinete, seguido por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se retiró antes de la finalización del encuentro para viajar a Mar del Plata, donde el presidente Milei tenía previsto realizar actividades públicas y participar de un evento partidario. También dijeron presente el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quienes ingresaron juntos al edificio.

Aunque no integra formalmente la mesa política, la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, fue considerada clave. Su participación responde a la necesidad de evaluar el impacto fiscal y presupuestario de algunas iniciativas, así como de habilitar recursos para la implementación de eventuales reformas. Completó la nómina el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien actúa como nexo operativo entre la Casa Rosada y el Congreso.

En el entorno presidencial reconocen que las próximas semanas serán decisivas. La incorporación de la Ley Penal Juvenil al temario de extraordinarias no solo amplía la agenda, sino que también obliga al oficialismo a recalibrar su estrategia de diálogo con los bloques opositores. El desafío será lograr avances concretos sin dispersar esfuerzos, en un Congreso fragmentado y con márgenes de maniobra ajustados.

Con el inicio del período ordinario cada vez más cerca, el Gobierno apuesta a que febrero funcione como una antesala intensa, capaz de ordenar prioridades y marcar el ritmo legislativo del año. La discusión sobre la edad de imputabilidad, ahora formalmente en la agenda, será una de las pruebas más delicadas de esa estrategia.