La reforma laboral ingresó en su etapa decisiva y el Gobierno busca transformar esa expectativa en una victoria política concreta. Tras una reunión extensa con los bloques dialoguistas del Senado, la conducción libertaria aseguró que el proyecto se encuentra “en un 95% cerrado” y confirmó que ya fue solicitado el llamado a una sesión extraordinaria para el miércoles 11 de febrero. El oficialismo sostiene que el número está garantizado, mientras que los aliados admiten avances importantes, aunque todavía quedan aspectos sensibles por terminar de acordar.

El encuentro se realizó en la Cámara alta y reunió a representantes de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales clave. Durante más de dos horas se discutieron los últimos detalles de una iniciativa que el Ejecutivo considera central para su programa económico y que, al mismo tiempo, genera expectativas y resistencias en distintos sectores del arco político y productivo. La confirmación de la fecha marcó un cambio de ritmo: el debate dejó de ser exploratorio y pasó a una cuenta regresiva concreta.

Desde el Gobierno transmiten que la reforma laboral no solo busca modificar normas vigentes, sino enviar una señal política hacia adentro y hacia afuera del país. La apuesta es mostrar capacidad de construir mayorías en un Senado fragmentado y, a la vez, avanzar con una ley que impacta directamente en el mercado de trabajo, la estructura de costos de las empresas y la relación entre Nación y provincias.

Un acuerdo político amplio, con impacto económico en discusión

La jefa libertaria en el Senado evitó detallar públicamente los puntos ya consensuados y defendió una estrategia de negociación reservada. La lógica es cerrar el texto definitivo antes de exponer cada cambio, para evitar que se reabran discusiones que ya fueron saldadas en la mesa política. El objetivo es llegar al martes previo a la sesión con un proyecto prácticamente cerrado y con aval suficiente para su tratamiento en el recinto.

Los bloques dialoguistas reconocieron que hubo avances sustanciales en cuestiones laborales de fondo, como mecanismos para reducir la litigiosidad, incentivos para la formalización del empleo y esquemas diferenciales para pequeñas y medianas empresas. Ese último punto aparece como uno de los ejes que permitió acercar posiciones, especialmente entre senadores del interior que reclaman medidas concretas para economías regionales.

Sin embargo, el capítulo fiscal sigue siendo uno de los más delicados. Algunos legisladores plantearon dudas sobre el impacto de la reforma en la coparticipación y en las cuentas provinciales, aun cuando Nación sería el distrito más afectado. El debate no es menor: para muchos gobernadores, cualquier modificación que altere previsiones presupuestarias se convierte en un límite político difícil de cruzar sin compensaciones claras.

En ese marco, las conversaciones continuarán hasta último momento entre senadores, gobernadores y funcionarios del área económica. La señal que dejan trascender desde los bloques aliados es que existe voluntad de acompañar, pero no a cualquier costo. El respaldo final dependerá de cómo se resuelvan esos puntos grises y de las garantías que el Ejecutivo esté dispuesto a ofrecer.

El Senado, los votos y una mayoría ajustada

La confirmación de la sesión del 11 de febrero expuso, una vez más, la debilidad numérica del oficialismo en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con 21 bancas propias, lejos del mínimo de 37 votos necesarios para aprobar una ley. Por eso, el éxito de la reforma laboral depende de un delicado equilibrio político que involucra a varios espacios.

La Unión Cívica Radical se posiciona como un actor clave, con un bloque de diez senadores que, en líneas generales, se muestran dispuestos a acompañar si se preservan ciertos criterios de federalismo fiscal. El PRO, con tres votos decisivos, también forma parte del engranaje que el Gobierno necesita para alcanzar la mayoría. A ese esquema se suman senadores provinciales que responden a intereses locales y que suelen definir su postura en función de acuerdos específicos.

Desde el oficialismo sostienen que ese armado está encaminado y que la suma de apoyos alcanza para habilitar la sesión y avanzar con la votación. En los pasillos del Senado, en cambio, algunos admiten que el escenario sigue siendo frágil y que cualquier cambio de último momento podría alterar el resultado. La historia reciente de la Cámara alta alimenta esa cautela.

En paralelo, surgieron versiones sobre la posible inclusión de otros proyectos en la misma sesión, como modificaciones a la ley de glaciares impulsadas por provincias mineras. Aunque esas iniciativas generan interés en ciertos gobernadores, todavía no hay confirmaciones formales y todo indica que el eje de la jornada será exclusivamente la reforma laboral.

Tensiones internas y una semana decisiva

Antes del encuentro con los bloques dialoguistas, la conducción libertaria mantuvo reuniones internas para ordenar su tropa en el Senado. Allí afloraron tensiones vinculadas a la definición de autoridades y a la distribución de espacios estratégicos dentro de la Cámara, un tema que se resolverá en la sesión preparatoria prevista para fines de febrero.

El Gobierno busca llegar a la discusión de la reforma laboral con un frente interno ordenado y sin fisuras visibles. Para eso, avanzó en la asignación de presidencias de comisiones clave, una señal destinada a fortalecer la cohesión del bloque propio en un momento político sensible.

La reforma laboral se convirtió así en una prueba de fuego para el oficialismo. No solo por su contenido, sino por lo que representa en términos de gobernabilidad y capacidad de construir acuerdos. El Ejecutivo apuesta a que una aprobación en el Senado marque un punto de inflexión en su relación con el Congreso y le permita avanzar con otras iniciativas estructurales.

Con la fecha de sesión ya fijada y un acuerdo que el Gobierno describe como casi cerrado, el escenario quedó planteado. Las próximas horas serán determinantes para pulir los últimos detalles y confirmar si los votos alcanzan. El miércoles 11 de febrero puede convertirse en un hito legislativo o en una nueva muestra de las dificultades que enfrenta el oficialismo para transformar sus anuncios en leyes efectivas.