El Gobierno nacional decidió profundizar en 2026 una estrategia que combina ajuste fiscal, señalización financiera y venta de activos públicos como eje central para cumplir con los compromisos de deuda. En un contexto de fuerte restricción de financiamiento externo y con la decisión política de no aumentar el stock de títulos públicos, la administración de Javier Milei apuesta a la liquidación de bienes del Estado como vía para afrontar pagos de intereses y obligaciones con organismos internacionales sin alterar las previsiones presupuestarias.

La lógica que guía este rumbo es clara: sostener la idea de escasez de bonos soberanos en el mercado, reducir expectativas de emisión futura y generar un escenario que permita, en el mediano plazo, una baja del riesgo país. En esa hoja de ruta, la venta de empresas públicas, concesiones de infraestructura estratégica y subastas de inmuebles estatales aparecen como herramientas clave para obtener divisas en un año marcado por vencimientos exigentes.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del desafío financiero. Solo durante 2026, la Argentina debe enfrentar pagos netos por varios miles de millones de dólares con organismos multilaterales y con el Fondo Monetario Internacional. Si bien parte de esos compromisos se compensan con desembolsos previstos, el resultado final obliga al Tesoro a cubrir un saldo negativo significativo, que el Ejecutivo busca afrontar sin recurrir a nueva deuda ni a emisión monetaria.

Deuda, mercados y la decisión de no emitir más bonos

El Presidente ratificó públicamente que el Estado hará frente al pago de intereses y obligaciones externas mediante la liquidación de activos públicos. El mensaje estuvo dirigido, principalmente, a los inversores y al sistema financiero, con el objetivo de reforzar la credibilidad del programa económico y despejar dudas sobre la capacidad de pago en el corto plazo.

Desde la visión oficial, mantener estable el nivel de títulos públicos en circulación es una condición necesaria para modificar las expectativas del mercado. La apuesta es que una menor oferta de bonos soberanos contribuya a reducir la percepción de riesgo y, con ello, el costo de financiamiento futuro. En ese marco, el Gobierno considera que vender activos no solo permite cumplir con vencimientos inmediatos, sino que también refuerza la coherencia de su política fiscal y monetaria.

El esquema incluye tanto los compromisos con organismos multilaterales distintos del FMI como los pagos al propio Fondo. En ambos casos, el balance entre desembolsos y vencimientos arroja un resultado neto negativo que obliga al Estado a conseguir recursos adicionales. Para el Ejecutivo, la monetización de activos estatales es la alternativa más consistente con su diagnóstico económico y con el objetivo de reducir la presencia del Estado en sectores que considera prescindibles.

Un antecedente reciente fortaleció esta convicción. A comienzos de año, el Gobierno obtuvo alrededor de 700 millones de dólares mediante la privatización del control de varios complejos hidroeléctricos del Comahue. Esos fondos resultaron determinantes para completar pagos relevantes y cerrar operaciones financieras sensibles, lo que fue interpretado en la Casa Rosada como una prueba concreta de que la estrategia puede funcionar si se ejecuta con precisión y oportunidad.

Privatizaciones clave y reconfiguración del Estado empresario

En los próximos meses, el Ejecutivo espera avanzar con privatizaciones que podrían aportar nuevos ingresos significativos. Entre los procesos más relevantes se destacan los de Belgrano Cargas y Logística y Agua y Saneamientos Argentinos, dos empresas emblemáticas por su tamaño, su impacto territorial y su peso en el gasto público.

Belgrano Cargas opera una extensa red ferroviaria que atraviesa más de una decena de provincias y cumple un rol central para el transporte de granos, minerales y cargas industriales. El modelo diseñado por el Gobierno contempla una desintegración vertical del sistema, con licitaciones por líneas y talleres, venta de material rodante y un esquema de acceso abierto para nuevos operadores. Aunque existe interés de grupos agroexportadores, mineros y ferroviarios internacionales, dentro del propio sector técnico se debate si la fragmentación del negocio puede afectar su atractivo y sostenibilidad, lo que abre la puerta a eventuales ajustes en el diseño original.

El caso de AySA aparece más avanzado. La empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense transita un proceso de reordenamiento que incluye reducción de subsidios y la definición de un nuevo marco regulatorio. El plan oficial prevé vender hasta el 90% del capital estatal, con una porción destinada a los trabajadores, y asegurar que el control quede mayoritariamente en manos privadas mediante una licitación pública.

A estas iniciativas se suman otras previstas en la Ley Bases. Enarsa inició su proceso de privatización con la venta de sus distintas unidades de negocio, que incluyen participaciones en proyectos de generación energética. También está prevista la salida del Estado de Transener, la principal transportista de electricidad del país, en una operación considerada estratégica por su impacto en el sistema energético.

En materia de infraestructura vial, Corredores Viales avanza hacia un esquema de concesiones por peaje que abarca miles de kilómetros de rutas nacionales. El Gobierno ya adjudicó los primeros tramos y proyecta una segunda etapa de licitaciones durante 2026, con el objetivo de reducir de manera sustancial el gasto público asociado al mantenimiento y la operación de la red vial. En el sector aerocomercial, la venta total de Intercargo, empresa estatal que brinda servicios de rampa, aparece como otra fuente potencial de divisas, con interés de operadores internacionales.

Subastas de inmuebles y el ingreso silencioso de dólares

Más allá de las grandes privatizaciones, el Ejecutivo también puso el foco en los bienes inmuebles del Estado como una vía complementaria para obtener recursos. La Agencia de Administración de Bienes del Estado viene encabezando un proceso de subastas públicas que ya dejó resultados concretos y que promete ampliarse a lo largo del año.

Las primeras ventas permitieron recaudar más de 200 millones de dólares mediante la enajenación de propiedades que estaban en manos de distintos organismos públicos. A ese conjunto se suman nuevos inmuebles próximos a ser rematados y un listado más amplio de bienes que el Estado planea ofrecer en futuras subastas. Cada propiedad es valuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, lo que explica la ausencia de un monto global estimado para el total de las operaciones previstas.

Desde el Gobierno subrayan que estas ventas no solo generan ingresos extraordinarios, sino que también reducen costos de mantenimiento y administración de activos subutilizados. En la narrativa oficial, se trata de transformar patrimonio inmovilizado en recursos líquidos que permitan cumplir compromisos financieros y, al mismo tiempo, achicar el tamaño del Estado.

El proceso, sin embargo, no está exento de tensiones. Algunas privatizaciones enfrentan cuestionamientos judiciales y resistencia sindical, mientras que sectores de la oposición advierten sobre el riesgo de desprenderse de activos estratégicos en un contexto de urgencia fiscal. El Ejecutivo responde que la prioridad es garantizar el cumplimiento de la deuda, sostener la estabilidad macroeconómica y consolidar un cambio estructural en el rol del Estado.

En ese delicado equilibrio entre necesidad financiera, señales al mercado y debate político, la liquidación de activos se consolidó como una de las piezas centrales del programa económico de Milei. El resultado de esta estrategia no solo será clave para atravesar 2026 sin sobresaltos en materia de deuda, sino que también definirá el alcance y la profundidad del modelo económico que el Gobierno busca dejar como legado.