La «motosierra» llegó a la Secretaría de Vivienda, generando incertidumbre sobre el destino de miles de unidades habitacionales inconclusas en La Plata y el resto del país. El Gobierno nacional, mediante el Decreto 70/2025, disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, trasladando la responsabilidad de la política habitacional a provincias, municipios y el sector privado.

Obras sin terminar y transferencia de proyectos

Actualmente, unas 17.000 viviendas del Plan Procrear quedaron en proceso de construcción sin finalizar. El Gobierno anunció que la conclusión de estas unidades dependerá de la gestión de cada jurisdicción local y del interés de empresas privadas en asumir estos proyectos.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof asumió el compromiso de continuar y entregar viviendas que ya presentaban un avance significativo. En municipios como Avellaneda, la gestión provincial ha financiado la construcción de 3.000 unidades con recursos propios.

El esquema de transferencia de proyectos ya ha sido aplicado en provincias como Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Opciones para el destino de las viviendas

El Gobierno evalúa diversas alternativas para resolver la situación de los desarrollos urbanísticos. Una de ellas es la subasta de las propiedades, aunque aún no se ha definido si contarán con financiamiento privado. También se considera la posibilidad de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) disponga de las unidades en función de las necesidades habitacionales.

Auditorías y control de fondos fiduciarios

Desde principios de 2024, la administración nacional inició auditorías sobre las obras en ejecución para garantizar la transparencia. Se detectaron irregularidades en el uso de fondos fiduciarios, como falta de control y registros contables deficientes. Esto llevó a la disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social y del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, ambos señalados por manejos poco claros.

Además, el Gobierno revisó los últimos 2.500 créditos otorgados bajo el Plan Procrear en noviembre de 2023. A los beneficiarios se les ofreció la posibilidad de cambiar su crédito hipotecario por uno personal, y hasta el momento, el 75% aceptó la propuesta.

Consecuencias y futuro de la política habitacional

El cierre de la Secretaría de Vivienda se implementará de manera progresiva a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET). La administración nacional sostiene que el modelo habitacional debe orientarse hacia el crédito privado y la participación de desarrolladores inmobiliarios.

Mientras tanto, gremios advierten que la medida podría derivar en el despido de unos 500 trabajadores de la ahora ex Secretaría. La normativa establece que quienes formen parte de la planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto por el decreto 1421/02.

El impacto de estas decisiones en La Plata y otras ciudades será determinante para el acceso a la vivienda en los próximos años, en un contexto de creciente demanda y cambios en la política estatal.