La tensión política y social en Quilmes sumó este lunes un nuevo capítulo con la difusión de un fuerte audio enviado por Mayra Mendoza a Juan Grabois, luego de los graves incidentes registrados frente a la Municipalidad durante una protesta contra la ordenanza que regula la actividad de los cuidacoches. El mensaje privado, que rápidamente se volvió público, dejó al descubierto un enfrentamiento directo entre dos figuras centrales del universo peronista, con acusaciones cruzadas por el uso de la protesta y el manejo del conflicto social.

El episodio se produjo horas después de que militantes y trabajadores de la economía popular vinculados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se manifestaran frente al Concejo Deliberante, mientras se debatía el proyecto impulsado por el Ejecutivo local para ordenar el estacionamiento en el distrito. La protesta derivó en enfrentamientos con la Policía Bonaerense, forcejeos y detenciones, en un clima de alta tensión que se trasladó rápidamente al plano político.

En el audio dirigido a Grabois, Mendoza lo responsabiliza por el clima de violencia generado durante la movilización y le recrimina su rol como referente de las organizaciones que participaron de la protesta. Con un tono duro, la dirigente le marca un límite personal y político, al sostener que no está dispuesta a tolerar métodos que, según su mirada, promueven el conflicto cuando el municipio propone mecanismos de formalización laboral y ordenamiento del espacio público.

La exintendenta defendió la legitimidad de la ordenanza aprobada, remarcando que la iniciativa responde a reclamos sostenidos de vecinos por situaciones de desorden y conflictos vinculados al estacionamiento informal. En ese marco, señaló que el objetivo del proyecto no es la persecución de trabajadores, sino la regulación de una actividad que hoy se desarrolla sin controles, y recordó otros procesos de reorganización impulsados durante su gestión, como la erradicación de la tracción a sangre y la formalización de recolectores urbanos.

Uno de los puntos más sensibles del mensaje fue la referencia a las consecuencias concretas de los incidentes. Mendoza aseguró que, durante los disturbios, una vecina resultó herida mientras realizaba un trámite en la Municipalidad, y afirmó que ese tipo de situaciones “no pueden naturalizarse” como forma de protesta. Desde su entorno sostienen que ese hecho fue determinante para endurecer su postura frente a las organizaciones movilizadas.

El audio también expuso diferencias más profundas dentro del espacio político que ambos integran. En un pasaje particularmente tenso, Mendoza puso en duda la conducción política a la que responde Grabois y cuestionó si realmente comparten los mismos intereses estratégicos. Esa definición dejó en evidencia una fractura que trasciende el conflicto puntual por los trapitos y se inscribe en una disputa más amplia sobre el rol de las organizaciones sociales, la gestión territorial y los límites de la protesta en contextos de crisis social.

Desde el MTE y la UTEP, en tanto, sostienen una lectura opuesta de los hechos. Denuncian que el operativo policial se desplegó para impedir el diálogo previo a la votación y acusan al municipio de avanzar en una “privatización encubierta” del sistema de estacionamiento. Según las organizaciones, la ordenanza pone en riesgo el sustento de cientos de familias que dependen de esa actividad informal y criminaliza a los sectores más vulnerables.

Pese a los incidentes, el Concejo Deliberante avanzó con la aprobación de la norma, que prevé un esquema de licitación pública para el control del estacionamiento medido y la posibilidad de incorporar a trabajadores preexistentes bajo condiciones formales, con aportes y cobertura social. Desde el Ejecutivo local insisten en que se trata de un paso necesario para ordenar el tránsito y reducir conflictos en la vía pública.

El cruce entre Mendoza y Grabois dejó expuesta una interna cada vez más áspera dentro del peronismo bonaerense, en un escenario marcado por la crisis económica, el crecimiento de la informalidad y la presión social sobre los gobiernos locales. Lejos de cerrarse, el conflicto anticipa nuevos debates sobre cómo equilibrar orden, inclusión y protesta en los territorios más tensionados del conurbano.