La situación de las escuelas públicas en La Plata no es nueva, pero cada año se agrava y se reconfigura bajo un mismo patrón: anuncios de inversiones millonarias, obras que comienzan pero no terminan, y aulas que, en el mejor de los casos, funcionan entre vidrios rotos, falta de calefacción y condiciones mínimas de seguridad. Mientras el discurso oficial insiste en destacar cifras y promesas, el día a día en las instituciones muestra otra cara: la de la desidia, la improvisación y el abandono estructural del sistema educativo.

Durante 2025, la Provincia de Buenos Aires anunció una inversión de más de 3.700 millones de pesos destinada a la infraestructura escolar en La Plata. Se trata de un plan que, en los papeles, incluye mejoras esenciales como instalaciones eléctricas, sanitarios, calefacción y accesibilidad. Sin embargo, estas cifras que suenan imponentes se diluyen en la falta de ejecución efectiva, la lentitud de las licitaciones y una coordinación institucional que muchas veces se convierte en una cadena de responsabilidades vacías.

Hoy, a pesar de esa inversión, hay escuelas que no pueden prender una estufa porque los sistemas de gas están clausurados desde hace años. Otras ven sus clases interrumpidas por falta de auxiliares, consecuencia directa de la precarización del empleo estatal y del ajuste que atraviesan las políticas públicas. También hay instituciones que conviven con baños rotos, filtraciones en los techos o aulas inhabilitadas por fallas estructurales. La distancia entre lo que se dice y lo que sucede se vuelve insostenible.

No se trata solo de dinero. Se trata de una lógica de gestión que actúa sobre la urgencia pero no sobre la prevención. De fondos que se anuncian con bombos y platillos pero que rara vez llegan a tiempo. De obras que se inauguran a medias, con actos oficiales que celebran una normalidad que no existe. De gobiernos que, frente al deterioro sistemático de las condiciones educativas, optan por respuestas parciales, muchas veces con fines electoralistas.

Las escuelas no pueden seguir siendo el escenario de la emergencia perpetua. No hay calidad educativa posible cuando se enseña con abrigo, cuando no hay agua en los baños, o cuando las clases se suspenden porque nadie limpia. Y no hay derecho más vulnerado que el de los chicos y chicas que aprenden en la precariedad.

Contar esta realidad no es una operación política: es una obligación ética. Porque el futuro no se construye con cemento que no llega, ni con promesas que no se cumplen. Se construye con decisión política, con transparencia y, sobre todo, con compromiso real con la escuela pública.