En el mes de julio, la crisis educativa en la Provincia de Buenos Aires se agudiza como resultado de la sostenida reducción de transferencias nacionales dispuestas por el Gobierno de Javier Milei. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo bonaerense por mantener el funcionamiento del sistema escolar con fondos propios, la caída en el financiamiento afecta directamente a infraestructura, comedores escolares y mantenimiento básico de los edificios educativos.

En el marco del ajuste nacional, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) continúa sin restituirse y los fondos discrecionales para programas escolares siguen paralizados. Esta situación se refleja con claridad en las partidas correspondientes al Fondo Provincial Compensador, un instrumento clave para la gestión cotidiana de las escuelas a través de los Consejos Escolares.

Durante julio, numerosos distritos denunciaron una reducción de más del 50 % en los fondos que reciben mensualmente para obras menores y urgentes. Según expuso la diputada provincial Belén Malaisi (Cambio Federal), algunos Consejos Escolares que recibían cerca de $20 millones mensuales pasaron a percibir apenas $9 millones. Este recorte compromete directamente la posibilidad de garantizar servicios básicos como calefacción, arreglos eléctricos o refacciones de techos, en un contexto climático adverso como el invierno.

“Con este recorte no se puede reparar una escuela. Nos enfrentamos a un congelamiento de recursos en el peor momento del ciclo escolar”, advirtió una consejera escolar del sur bonaerense, que pidió mantener el anonimato. La situación no solo afecta la infraestructura, sino también el funcionamiento de los comedores escolares, donde los montos por ración resultan insuficientes para garantizar una alimentación adecuada.

Desde la administración de Axel Kicillof admiten que el impacto de los recortes nacionales en las finanzas provinciales es “profundo y sostenido”. El gobierno bonaerense dejó de recibir transferencias por más de $2,8 billones en nueve meses, un monto que equivale a más de tres años del programa alimentario escolar. Sin embargo, las autoridades provinciales insisten en que no aplicarán un ajuste interno y que mantendrán los servicios esenciales con recursos del tesoro provincial.

En respuesta a esta crisis, legisladores de la oposición presentaron un proyecto para modificar la Ley 13.010, que regula la distribución del Fondo Compensador. La propuesta busca ampliar del 25 % al 29,25 % la participación de los Consejos Escolares en los recursos provenientes de impuestos provinciales, con el objetivo de asegurar una base mínima de financiamiento ante la retracción nacional.

Al mismo tiempo, el gobierno provincial anunció el refuerzo de partidas educativas con fondos propios: en julio transfirió $2.529 millones para complementar el financiamiento de junio, orientado a infraestructura y equipamiento escolar. Aunque la medida busca mitigar el impacto del ajuste, las necesidades acumuladas superan con creces la capacidad presupuestaria disponible.

En este contexto, la educación pública bonaerense transita el segundo semestre del año con recursos menguados, sostenida en buena medida por el esfuerzo fiscal de la Provincia y en tensión con el Gobierno nacional. La falta de diálogo con Nación, la ausencia de paritaria docente federal y la paralización de programas educativos configuran un escenario de alta conflictividad para los próximos meses.

Frente a este panorama, distintos gremios docentes y organizaciones de la comunidad educativa ya anticipan nuevas movilizaciones y reclamos por el restablecimiento del financiamiento nacional. La discusión, de fondo, parece extenderse más allá del presupuesto: se disputa el modelo de sistema educativo que se pretende sostener.