Desde las 9:00 de la mañana de este lunes, en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial creado para articular las reformas pactadas entre el Gobierno nacional y 19 gobernadores en el llamado Pacto de Mayo. Participaron representantes del Ejecutivo, los gobiernos provinciales, los sindicatos y el empresariado. A pesar del absoluto hermetismo con el que se manejaron todos los sectores, se anticipa que la reforma laboral fue uno de los ejes centrales del debate.

La convocatoria fue encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien busca mantener el ritmo mensual de encuentros acordado en la reunión inaugural del 24 de junio. El objetivo del encuentro fue coordinar la elaboración de un documento consensuado que sirva como base para la implementación legislativa de las reformas.

Estuvieron presentes los seis consejeros plenos designados por decreto: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (Gobernadores), Carolina Losada (Senado), Cristian Ritondo (Diputados), Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA). También participaron funcionarios clave como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, lo que refuerza la hipótesis de que el Gobierno comenzó a avanzar sobre una propuesta concreta de reforma laboral.

Las primeras filtraciones del temario apuntan a modificaciones sustanciales: limitación de las cuotas sindicales obligatorias, eliminación del principio de ultraactividad en los convenios colectivos y descentralización de las negociaciones laborales. Estas propuestas han encendido las alarmas dentro del sindicalismo tradicional, en especial en la CGT, que teme una pérdida de poder institucional y una progresiva flexibilización del sistema de relaciones laborales.

Además de la reforma laboral, el temario contempla una reforma tributaria orientada a la simplificación fiscal y el incentivo a la inversión privada. Más adelante se prevé abordar la reforma previsional y una reestructuración del sistema de coparticipación federal, aunque ambos puntos requieren mayor grado de consenso político y técnico.

El encuentro se desarrolló en un clima de tensión y estricto silencio informativo. Desde el Gobierno consideran que este espacio puede funcionar como una herramienta de concertación institucional que permita avanzar en reformas estructurales sin necesidad de depender exclusivamente del Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría.

Para algunos gobernadores, sin embargo, este proceso genera incertidumbre. Mientras que los sectores más cercanos a Casa Rosada se muestran dispuestos a acompañar, otros dirigentes provinciales insisten en que las reformas deben ser acompañadas por acuerdos presupuestarios concretos. En paralelo, gremios ajenos a la UOCRA —como los nucleados en las CTA y sectores industriales de la CGT— ya manifestaron su preocupación frente a lo que consideran un «intento de desregular sin protección».

Desde el entorno presidencial se insiste en que el Consejo de Mayo representa una oportunidad histórica para avanzar en transformaciones postergadas. La próxima reunión del Consejo está prevista para agosto, y el objetivo del oficialismo es llegar a ese encuentro con un borrador cerrado del documento de consenso, que luego sería traducido en proyectos de ley.

El Gobierno apuesta a que, con respaldo político, gremial y empresarial, esos proyectos puedan superar las resistencias parlamentarias y convertirse en el núcleo de una nueva etapa institucional. Mientras tanto, los sectores involucrados mantendrán el silencio, evitando filtraciones que puedan anticipar el contenido de una agenda aún en construcción.