El intendente de La Plata, Julio Alak, supervisó el avance de la demolición del edificio afectado por el devastador incendio ocurrido el pasado 15 de julio en el predio ubicado en diagonal 77 y 48, en pleno centro platense. Se trata de un depósito comercial que ardió por completo y obligó a evacuar a unas 190 familias que viven en las inmediaciones, muchas de ellas estudiantes universitarios que habitan en pensiones y departamentos de alquiler temporario.

El siniestro, que se desató en horas de la noche, generó escenas de tensión y temor en la comunidad. Las columnas de humo negro alcanzaron varios metros de altura y fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque sí importantes pérdidas materiales y un fuerte impacto emocional en los vecinos. Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación judicial, y no se descarta ninguna hipótesis, desde un cortocircuito hasta una posible negligencia operativa dentro del inmueble.

Durante la recorrida por la zona afectada, Alak informó que la demolición demandará al menos tres semanas de trabajo continuo. “Es una demolición muy grande y hay que ir aliviando la estructura para evitar derrumbes bruscos”, señaló el mandatario municipal, quien aseguró que el operativo se está llevando a cabo con personal especializado y estrictas medidas de seguridad.

El Municipio contrató a la empresa Grupo Mitre para llevar adelante los trabajos, dado que los propietarios del edificio no estaban en condiciones de asumir los costos ni garantizar una intervención inmediata. “Era urgente actuar para evitar mayores riesgos. No podíamos esperar a que se resolviera la situación judicial de la propiedad, porque había peligro para la vida y los bienes de cientos de personas”, explicó Alak.

En paralelo a la demolición, el Municipio articula asistencia con diversas áreas sociales para acompañar a las familias evacuadas. Desde la comuna informaron que se otorgó alojamiento temporal a los damnificados más afectados, y se habilitaron líneas de contacto directo para brindar contención psicológica, asistencia alimentaria y ayuda en el reingreso progresivo a sus hogares, siempre y cuando se descarte todo tipo de riesgo estructural.

El hecho reabrió el debate sobre el control edilicio en la ciudad, particularmente en zonas donde proliferan depósitos, galpones antiguos y estructuras comerciales reconvertidas, muchas de ellas sin habilitaciones claras ni condiciones de seguridad adecuadas. “Este episodio nos obliga a revisar con mayor profundidad el estado de los inmuebles que puedan presentar riesgos. Vamos a lanzar un plan de control preventivo de estructuras en riesgo, con inspecciones conjuntas entre Infraestructura, Defensa Civil y la Secretaría de Planeamiento Urbano”, anticipó Alak.

Ese programa incluirá un relevamiento técnico de los edificios con más de 40 años de antigüedad, en especial aquellos que estén siendo utilizados con fines comerciales, depósitos o almacenamiento de materiales. También se fortalecerá la normativa que obliga a los propietarios a presentar certificaciones de mantenimiento y revisión estructural periódica.

En lo inmediato, el operativo de demolición implica el retiro por etapas de las partes más comprometidas del edificio, el uso de maquinaria pesada y una logística específica para no afectar las construcciones vecinas. La zona permanecerá parcialmente vallada durante todo el proceso y se reforzará la presencia de inspectores municipales para garantizar que se cumplan los protocolos de seguridad.

Mientras tanto, vecinos y comerciantes de la zona expresaron su preocupación por las condiciones edilicias de otros inmuebles linderos y reclamaron mayor control por parte del Estado local. Algunos testimonios recogidos en el lugar refieren que el edificio siniestrado ya presentaba signos visibles de deterioro desde hacía tiempo, lo cual podría haber sido advertido con inspecciones previas más estrictas.

El intendente cerró su declaración afirmando que “la prioridad ahora es terminar con esta demolición de manera segura, y avanzar en la reconstrucción urbana y social que necesita la ciudad después de este episodio tan grave”. La expectativa oficial es que una vez culminada la obra, se evalúe el destino futuro del terreno, que quedará bajo revisión legal hasta que se resuelva la situación patrimonial del inmueble.