La causa judicial conocida como caso $Libra acaba de dar un giro clave: la jueza federal María Servini asumió el control de la investigación, luego de que la Cámara Federal de San Martín declarara incompetente a la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Esta decisión marca un cambio significativo en una de las investigaciones judiciales más delicadas y resonantes de los últimos años en Argentina.

El caso gira en torno a la criptomoneda $Libra, que fue promovida por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales oficiales. Tras su publicación, el valor de la criptomoneda se disparó, captando la atención de miles de inversores que vieron una oportunidad financiera prometedora. Sin embargo, poco después, los principales accionistas y promotores de $Libra retiraron sus activos, lo que provocó una caída abrupta en la cotización y pérdidas millonarias para los inversores.

La jueza Servini hereda una causa cargada de tensiones políticas y judiciales. La decisión de trasladar la investigación a su juzgado en Comodoro Py se basa en que su fiscalía había iniciado una pesquisa similar antes que Arroyo Salgado y había avanzado más en la recolección de pruebas. Además, según argumentó la Cámara Federal, la justicia federal con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en mejor posición para abordar la totalidad de los hechos.

El fiscal federal Eduardo Taiano, que trabaja en conjunto con Servini, ya ha iniciado nuevas medidas de prueba, mientras continúa recolectando testimonios y pericias informáticas sobre los movimientos digitales vinculados a $Libra. La complejidad del caso radica en la multiplicidad de actores involucrados y en el cruce entre finanzas digitales, promoción política y posible fraude.

Entre los imputados figuran, además de Milei, el empresario estadounidense Hayden Davis, quien está sindicado como uno de los principales impulsores del proyecto criptográfico, y varios colaboradores locales, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. La justicia realizó recientemente allanamientos en propiedades vinculadas a Morales y Novelli, y también en las oficinas de la empresa Tech Forum, presuntamente vinculada al desarrollo de $Libra.

Desde el entorno presidencial niegan cualquier vinculación con un esquema fraudulento y aseguran que la promoción de la criptomoneda se dio en el marco de una «libertad de expresión» sobre tecnologías emergentes. Sin embargo, el caso ha escalado a nivel internacional: incluso el FBI habría mostrado interés en la causa por presunta estafa internacional, según medios internacionales.

La llegada del caso a Comodoro Py aumenta las expectativas sobre los próximos pasos judiciales. María Servini, una de las juezas más experimentadas del fuero federal, tendrá la difícil tarea de deslindar responsabilidades y determinar si hubo delito, quiénes fueron los autores y cuáles fueron los mecanismos utilizados.

El caso $Libra pone sobre la mesa una problemática compleja: la regulación de activos digitales, la responsabilidad de los funcionarios en la promoción de proyectos financieros y el rol del Estado frente a posibles estafas tecnológicas. En un contexto de creciente incertidumbre económica, la causa podría marcar un precedente clave para el futuro de las criptomonedas en el país.

Por ahora, los ojos de la opinión pública, de los medios y del sistema judicial están puestos en los despachos de Comodoro Py, donde la jueza Servini y el fiscal Taiano buscan respuestas en un caso que ya sacude los cimientos del poder político y financiero argentino.