El oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto y del proyecto de Inocencia Fiscal, aunque no logró avanzar con la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El texto ahora pasará al Senado.

El Gobierno de Javier Milei logró en la madrugada de este jueves aprobar en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, dos piezas centrales de su programa económico, aunque la sesión dejó un revés político significativo al no conseguir los votos necesarios para derogar las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Si bien el texto obtuvo media sanción en general, la votación en particular expuso los límites del armado oficialista y anticipa un debate complejo en el Senado, en un contexto marcado por el ajuste fiscal, la negociación con los gobernadores y las proyecciones económicas del Ejecutivo.

Se trata del primer presupuesto aprobado durante la gestión libertaria, luego de dos años en los que el Poder Ejecutivo gobernó con prórrogas del esquema de gastos e ingresos correspondiente a 2023. Para avanzar con la aprobación en general, La Libertad Avanza construyó una mayoría con el respaldo del PRO, sectores de la UCR, el MID y distintos bloques provinciales alineados con gobernadores dialoguistas. Acompañaron también legisladores de Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Juan, mientras que Provincias Unidas tuvo un rol clave al inicio de la sesión al aportar al quórum, aunque luego se abstuvo. En contraposición, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda rechazaron el proyecto desde el inicio del debate.

El conflicto se concentró en el artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Allí comenzaron a quebrarse los acuerdos que habían permitido avanzar con la votación en general. Varios diputados aliados se negaron a acompañar ese punto y votaron en contra, entre ellos legisladores de Catamarca, Tucumán, Salta, Neuquén y un amplio sector de Provincias Unidas, donde tienen fuerte peso los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. La Unión Cívica Radical, por su parte, mostró una posición dividida, con votos a favor, en contra y abstenciones.

Ante la falta de respaldo, el oficialismo intentó una maniobra reglamentaria para que la votación en particular se realizara por títulos completos, lo que hubiera impedido rechazar específicamente el artículo cuestionado. La oposición denunció el intento y reclamó una votación nominal artículo por artículo. Aunque la moción fue aprobada inicialmente, el resultado final terminó siendo adverso para el Gobierno: el capítulo completo que incluía la derogación de las emergencias fue rechazado por 123 votos contra 117 y dos abstenciones, lo que dejó sin efecto también otras modificaciones incorporadas a último momento.

Un presupuesto con proyecciones discutidas y tensión política

El Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar que rondaría los 1.423 pesos hacia fines del próximo año. Además, proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%, junto con un aumento de las exportaciones del 10,6%. El texto elimina metas de financiamiento mínimo en áreas como educación, ciencia y defensa, uno de los puntos más cuestionados por la oposición, que consideró las proyecciones poco realistas y desconectadas de la situación económica actual.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió el proyecto y sostuvo que el equilibrio fiscal es una condición indispensable para ordenar la economía y reducir impuestos. Desde los bloques opositores advirtieron, en cambio, que el presupuesto consolida un ajuste que impacta de lleno en el consumo y en sectores sensibles, y cuestionaron la viabilidad de los números oficiales.

En el tramo final de la sesión, la Casa Rosada intentó sumar apoyos incorporando el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires y un aumento de fondos para el Poder Judicial, pero ambas iniciativas quedaron incluidas en el capítulo que terminó siendo rechazado, lo que generó malestar incluso entre aliados del oficialismo.

Con este resultado, el proyecto ahora pasará al Senado, donde el Gobierno buscará introducir modificaciones y recomponer acuerdos para avanzar con el núcleo de su programa económico. El revés sufrido en Diputados dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para avanzar sobre áreas con amplio consenso social, como discapacidad y universidades, y anticipa un escenario legislativo más complejo para la Casa Rosada en los próximos meses.