Desde el 1º de mayo rige una nueva suba en las tarifas de colectivos en la provincia. Los usuarios con SUBE registrada pagarán hasta $617, mientras que los no registrados deberán abonar casi $1.000 por tramo. El ajuste se siente cada vez más en el bolsillo del trabajador que viaja todos los días.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aplicará un nuevo aumento del 5,9 % en el transporte público de pasajeros, a partir del miércoles 1º de mayo. La medida afecta a los colectivos de jurisdicción provincial —es decir, aquellos que circulan exclusivamente dentro del territorio bonaerense— y forma parte de una política de actualización mensual de tarifas basada en la inflación del mes anterior más un 2 % adicional.

Tarifas actualizadas desde mayo

Las nuevas tarifas para quienes tengan registrada su tarjeta SUBE son las siguientes:

• 0 a 3 km: $450,68
• 3 a 6 km: $501,49
• 6 a 12 km: $539,63
• 12 a 27 km: $580,62
• Más de 27 km: $617,74

Para los usuarios que no tengan su SUBE registrada, los valores aumentan considerablemente:

• 0 a 3 km: $715,39
• 3 a 6 km: $798,71
• 6 a 12 km: $860,71
• 12 a 27 km: $916,29
• Más de 27 km: $982,32

Además, continúa vigente la Tarifa Social, que otorga un 55 % de descuento para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, personas con discapacidad y otros sectores sociales con ingresos bajos.

Un ajuste que recae sobre el trabajador

Aunque el aumento fue anunciado como parte de una readecuación previsible, su impacto en la economía cotidiana de miles de trabajadores es evidente. Una persona que viaja dos veces al día durante los cinco días hábiles de la semana deberá destinar entre $18.000 y $25.000 mensuales solo en transporte, dependiendo del tramo recorrido.

En hogares donde más de un integrante utiliza el colectivo para trabajar o estudiar, el gasto mensual en movilidad supera con facilidad los $50.000. En un contexto de inflación persistente, caída del consumo y salarios estancados, este aumento representa un recorte indirecto al ingreso real de la clase trabajadora.

Brechas y desigualdades

La política de aumento mensual también deja al descubierto una brecha entre los usuarios que acceden a la SUBE registrada y quienes, por desconocimiento, limitaciones tecnológicas o falta de conectividad, no logran completar el trámite. Estos últimos deben pagar hasta un 60 % más por el mismo servicio.

Asimismo, muchos trabajadores informales, monotributistas o autónomos quedan fuera de la Tarifa Social, a pesar de tener ingresos bajos o inestables. El resultado es un sistema que tiende a penalizar a quienes más necesitan del transporte público.

Qué líneas quedan excluidas

Cabe aclarar que esta suba no afecta a las líneas nacionales, es decir, aquellas que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense. Esas tarifas, por el momento, permanecen congeladas. Sin embargo, las líneas provinciales alcanzadas por el aumento abarcan un vasto sector del Gran Buenos Aires y localidades del interior, donde el colectivo es muchas veces el único medio de movilidad disponible.

Una tendencia que se profundiza

El esquema de aumentos mensuales, que se mantiene desde principios de 2025, refuerza una tendencia regresiva: el transporte público deja de ser un derecho accesible para convertirse en una carga económica cada vez más difícil de sostener. El Estado, en lugar de garantizar el acceso equitativo a un servicio esencial, transfiere el costo del ajuste a quienes menos margen tienen para soportarlo.

El trabajador, que todos los días se sube al colectivo para sostener la economía real, vuelve a ser el más perjudicado en una política de tarifas que prioriza la recaudación sobre la inclusión.

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