En una entrevista con Comunicadores LP, el exministro de Desarrollo Social y exdiputado nacional Daniel Arroyo lanzó una dura advertencia sobre el rumbo que está tomando la política sanitaria del Gobierno nacional, particularmente tras la decisión de reducir de manera drástica el programa de cardiopatías congénitas. La desvinculación de una parte sustancial del equipo técnico y profesional que sostenía la iniciativa encendió alarmas en el sistema de salud y reabrió un debate de fondo sobre el rol del Estado en la protección de la infancia.

“En materia de salud, el Gobierno está retrocediendo cien años”, afirmó Arroyo durante la entrevista, al considerar que la medida no puede leerse como un simple reordenamiento administrativo. Para el exfuncionario, se trata de una definición política que impacta directamente en los sectores más vulnerables y que compromete capacidades estatales construidas a lo largo de décadas.

Las cardiopatías congénitas constituyen una de las principales causas de mortalidad infantil cuando no son diagnosticadas y tratadas a tiempo. En Argentina, el programa nacional había logrado articular detección precoz, derivaciones oportunas y tratamientos de alta complejidad en distintas provincias, reduciendo desigualdades estructurales entre regiones con realidades sanitarias muy dispares. El ajuste aplicado, advirtió Arroyo, pone en riesgo ese entramado y deja a miles de familias frente a un escenario de incertidumbre.

Desde su experiencia en la gestión pública y en el diseño de políticas sociales, Arroyo sostuvo que este tipo de decisiones no pueden evaluarse únicamente en términos presupuestarios. A su entender, la salud infantil es un área en la que los retrocesos se pagan caro, no solo en términos humanos, sino también sociales y económicos.

Un retroceso en la política sanitaria y sus efectos concretos

Para Arroyo, el desarme del programa de cardiopatías congénitas expresa una concepción de la salud pública que subestima la importancia de la planificación, la prevención y la presencia activa del Estado. “Cuando se desarman programas de este tipo, no se pierde solo presupuesto: se pierden capacidades del Estado que tardan años en construirse”, explicó en diálogo con Comunicadores LP.

El exministro detalló que el programa no se limitaba a financiar cirugías complejas. Su valor central estaba en la detección temprana, la capacitación de profesionales de la salud, la elaboración de protocolos comunes y la coordinación entre hospitales y provincias. Esa red permitía que un diagnóstico realizado en una maternidad de una provincia con pocos recursos pudiera activar, en tiempo real, un circuito de derivación y tratamiento.

Cada año nacen en el país miles de bebés con algún tipo de cardiopatía congénita, muchas de ellas detectables durante el embarazo o en los primeros días de vida. “Sin un programa estructurado, miles de chicos quedan afuera del sistema”, alertó Arroyo. La falta de detección temprana, explicó, no solo compromete la salud inmediata, sino que reduce de manera significativa las posibilidades de tratamientos exitosos.

En muchos casos, una intervención a tiempo permite una recuperación completa o una vida con mínimas limitaciones. En cambio, los diagnósticos tardíos suelen derivar en cuadros más complejos, discapacidades permanentes o incluso fallecimientos evitables. Arroyo remarcó que estas consecuencias no son abstractas ni estadísticas: impactan de lleno en familias que, sin acompañamiento estatal, quedan libradas a su suerte.

El efecto del desmantelamiento también se siente en el recorrido que deben afrontar madres y padres. Traslados de larga distancia, estudios costosos, trámites interminables y falta de información se convierten en obstáculos cotidianos, especialmente para quienes no cuentan con recursos económicos suficientes. “Cuando el Estado se corre, la desigualdad se vuelve regla”, sintetizó.

Menos Estado, más desigualdad entre provincias

Otro de los puntos centrales del análisis de Arroyo tiene que ver con el impacto federal de la decisión. “La reducción de personal quita capacidades regulatorias al Estado”, sostuvo, y advirtió que esto profundizará las desigualdades entre provincias.

En un país con marcadas asimetrías territoriales, la presencia de un programa nacional permitía equilibrar, al menos en parte, las diferencias de infraestructura sanitaria. Provincias con menos recursos podían acceder a circuitos de atención compleja gracias a la articulación nacional. Sin ese respaldo, explicó Arroyo, el sistema tiende a fragmentarse.

Algunas jurisdicciones, con hospitales de alta complejidad y mayor capacidad financiera, podrán absorber parcialmente el impacto del ajuste. Otras, en cambio, quedarán prácticamente sin herramientas para garantizar tratamientos adecuados, generando un mapa sanitario cada vez más desigual, donde el lugar de nacimiento define las posibilidades de supervivencia.

Desde una perspectiva económica, el exministro remarcó que la decisión también resulta contradictoria. No invertir en prevención y detección temprana termina siendo más costoso para el Estado. Las patologías no tratadas a tiempo derivan en internaciones prolongadas, cirugías más complejas y mayores gastos a mediano y largo plazo, además del impacto social asociado a la discapacidad y la exclusión.

En ese marco, Arroyo insistió en la necesidad de que las políticas sanitarias funcionen de manera automática, sin trabas burocráticas. “Para que una política sanitaria funcione, tiene que ser automática. El médico detecta la patología y el sistema responde, sin demoras ni discusiones administrativas”, afirmó. Según explicó, cada día cuenta cuando se trata de la salud de un recién nacido.

También subrayó que el derecho a la salud no puede quedar atrapado en disputas entre organismos, obras sociales o niveles del Estado. Desde su mirada, tanto el sistema público como el de la seguridad social deben garantizar la cobertura, priorizando siempre al paciente y no las discusiones de competencia.

La salud infantil como responsabilidad indelegable del Estado

Durante la entrevista, Arroyo destacó además el rol que ha tenido la Justicia en la protección de derechos vinculados a la salud y la discapacidad. “La Justicia en salud y discapacidad ha actuado rápido, y eso hay que sostenerlo”, señaló, aunque advirtió que la judicialización no debería convertirse en el único camino para acceder a tratamientos.

Si bien los amparos resultan fundamentales como última instancia, el exministro sostuvo que un sistema sanitario sólido debe evitar que las familias tengan que recurrir a la vía judicial para garantizar derechos básicos. La proliferación de litigios, advirtió, es muchas veces el síntoma de políticas públicas que no están funcionando.

En su mensaje al Gobierno nacional, Arroyo fue categórico: “La salud no es un debate ideológico: es una tarea indelegable del Estado”. A diferencia de otras áreas donde pueden existir miradas contrapuestas sobre la intervención estatal, la atención sanitaria básica —y en particular la salud infantil— no admite zonas grises.

Arroyo introdujo también una comparación con otros líderes del escenario internacional. “Incluso gobiernos con los que no coincido ideológicamente no hicieron en salud lo que se está haciendo acá”, afirmó, en referencia a figuras como Jair Bolsonaro, Viktor Orbán, Giorgia Meloni y Donald Trump. La mención, aclaró, no busca reivindicar esos modelos, sino advertir que incluso administraciones con discursos críticos del Estado mantuvieron políticas básicas de protección sanitaria.

Para el exministro, insistir en un ajuste profundo en áreas sensibles como la salud infantil no solo carece de sustento en la experiencia comparada, sino que genera consecuencias difíciles de revertir. El deterioro de indicadores sanitarios, explicó, no se corrige de un día para el otro.

La discusión en torno al programa nacional de cardiopatías congénitas, concluyó Arroyo, excede ampliamente la coyuntura política. “Cuando el Estado se retira, el que paga el costo es siempre el más vulnerable”, advirtió. Y cerró con una definición que sintetiza su postura: “No invertir hoy en salud infantil es hipotecar el futuro”.