La sorpresiva decisión de Alexis Guerrera, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, de suspender la sesión prevista para el 8 de abril para debatir la suspensión de las PASO, no solo reconfigura el tablero político bonaerense, sino que vuelve a poner bajo la lupa el modo en que se administra el debate democrático en tiempos de tensiones internas y oportunismos electorales.

La medida se dio luego del anuncio del gobernador Axel Kicillof, quien propuso desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales y envió un nuevo proyecto al Senado con el mismo fin: suspender las PASO. Pero mientras desde el Ejecutivo provincial se intenta justificar este cambio de estrategia como un acto de “prudencia institucional”, lo cierto es que la movida dejó en evidencia una alarmante tendencia a legislar por reacción y no por convicción.

La sesión que Guerrera suspendió no era menor. Allí debía tratarse un proyecto presentado por el diputado Rubén Eslaiman, alineado con el Frente Renovador, que impulsaba la eliminación de las PASO en la provincia. Se trataba de un debate esperado, no solo por su impacto inmediato en el calendario electoral, sino por el trasfondo político que implicaba: ¿quién tiene hoy el control real del rumbo en Unión por la Patria? ¿El gobernador Kicillof o los sectores que lo acompañan pero no siempre lo siguen?

Una decisión que huele a censura política

Suspender una sesión que había sido convocada formalmente no es un simple trámite administrativo. Es, en este contexto, una decisión de alto impacto político. No solo se impidió el tratamiento de un proyecto en el ámbito natural del debate –el recinto legislativo–, sino que se cerró la puerta a una instancia de exposición pública de posturas encontradas dentro del propio oficialismo.

Guerrera argumentó que el nuevo escenario ameritaba posponer la discusión. Habló de la necesidad de “ordenar el debate” tras el anuncio del gobernador y el envío del nuevo proyecto al Senado. Pero ¿desde cuándo la existencia de un proyecto alternativo justifica la suspensión del debate de otro en curso? ¿No son justamente las cámaras legislativas el ámbito donde deben convivir y enfrentarse las distintas propuestas?

La decisión, lejos de promover el orden, parece haber buscado evitar el conflicto. Y evitar el conflicto, en política, suele traducirse en ocultarlo, silenciarlo o disimularlo. Lo que debió ser un debate abierto, en el que las tensiones internas se vieran reflejadas en el recinto, fue sustituido por una maniobra administrativa que le ahorró al oficialismo el trago amargo de sus propias divisiones.

Las PASO como síntoma de una pelea más profunda

La discusión sobre la suspensión de las PASO no es nueva, pero en esta oportunidad sirve como espejo de una crisis mayor. En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo convive con serias diferencias internas: el Frente Renovador empuja una estrategia electoral concreta, mientras que el núcleo duro del kirchnerismo, con La Cámpora a la cabeza, resiste determinadas jugadas de Kicillof.

En este contexto, la movida de Guerrera aparece como un intento de aplacar esas tensiones sin resolverlas. Es una maniobra de contención, no de liderazgo. Y el problema con los gestos de contención es que, si no están respaldados por acuerdos políticos sólidos, solo patean los conflictos para más adelante, cuando el costo de enfrentarlos puede ser incluso mayor.

Más aún: suspender las PASO sin un amplio consenso puede derivar en una crisis de legitimidad en el proceso electoral. Por eso la discusión debía darse con luz y taquígrafos. Porque es en ese espacio de pluralidad donde se construye el andamiaje democrático.

Cuando el procedimiento se convierte en estrategia

Guerrera, más allá de su rol institucional, no actúa en el vacío. Su decisión tiene peso porque altera no solo el contenido del debate político sino también el modo en que se ejerce el poder legislativo. El procedimiento –esa estructura legal y normativa que ordena la vida política– se ha convertido en herramienta de una estrategia coyuntural.

Y ese es el problema de fondo. Cuando el procedimiento deja de ser garantía de transparencia y se transforma en herramienta de conveniencia, la institucionalidad comienza a erosionarse. Suspender una sesión ya convocada sin que medie un hecho de fuerza mayor es, en última instancia, un acto de debilitamiento del espacio legislativo. Y eso debería preocuparnos a todos.

Más debate, menos control remoto

El hecho de que un presidente de Cámara suspenda una sesión clave porque un gobernador cambia de estrategia a último momento no solo habla de una desconexión entre los poderes del Estado, sino de una política dirigida a control remoto. El Congreso provincial no puede ser un apéndice del Ejecutivo. Tiene que ser un espacio autónomo de deliberación.

Guerrera debería haber dejado que la sesión ocurriera. El oficialismo podría haber mostrado sus diferencias, sí. Pero también su madurez para resolverlas en el espacio institucional adecuado. El costo político de silenciar ese debate puede ser más alto que el de haberlo perdido en el recinto.

Lo que está en juego no son solo las PASO. Es la vitalidad del debate democrático. Y cada vez que se posterga una discusión de fondo por temor al resultado, el sistema se debilita un poco más.