La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada durante la tarde de este sábado a una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires para someterse a estudios médicos más exhaustivos, luego de manifestar una dolencia abdominal mientras cumplía prisión domiciliaria. La decisión se tomó tras una primera evaluación realizada en su domicilio y contó con la autorización judicial correspondiente.
Según confirmaron fuentes cercanas a la exmandataria, un equipo médico se presentó en el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario. Tras la revisión inicial, los profesionales consideraron necesario derivarla a un centro de mayor complejidad para avanzar con estudios complementarios, motivo por el cual fue trasladada al Sanatorio Otamendi.
El procedimiento se realizó bajo estrictos protocolos y con conocimiento de la Justicia, que autorizó el traslado teniendo en cuenta la situación médica de la ex presidenta y las condiciones particulares de su detención. Hasta el momento, no se informó oficialmente el resultado de los estudios ni si la dolencia reviste gravedad.

Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El pasado 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado mediante contratos de obra pública. La sentencia también incluyó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
En el marco de la ejecución de esa condena, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso una serie de medidas vinculadas al cumplimiento de la prisión domiciliaria. Entre ellas, ordenó la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y estableció que la exmandataria debe solicitar autorización judicial para recibir visitas que no estén incluidas en un listado previamente aprobado, que contempla familiares, médicos y abogados.
Estas decisiones fueron recurridas por la defensa de Fernández de Kirchner, que sostuvo que las medidas implicaban restricciones arbitrarias y vulneraban derechos constitucionales como la intimidad y el principio de razonabilidad. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó lo resuelto por el tribunal oral y la Corte Suprema rechazó los planteos posteriores, dejando firmes las condiciones impuestas.
Más recientemente, el juez Jorge Gorini resolvió mantener el régimen de prisión domiciliaria en el departamento de Constitución, pero autorizó que la ex presidenta pueda acceder a la terraza del edificio por un máximo de dos horas diarias. Esta medida fue equiparada a la salida al patio prevista para personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.
La resolución también ratificó el uso de la tobillera electrónica y los controles periódicos, al tiempo que introdujo modificaciones en el régimen de visitas. En algunos casos, se redujo el ingreso irrestricto y se estableció la obligación de detallar los motivos de cada visita, incluso para ciertos profesionales y familiares.
El traslado de este sábado al sanatorio porteño se inscribe en ese contexto judicial y sanitario, y se espera que en las próximas horas se conozcan precisiones oficiales sobre el estado de salud de la exmandataria y su eventual regreso al domicilio donde cumple la condena.





