Con el calendario legislativo corriendo y el objetivo político de cerrar el año con una ley clave sancionada, el Senado se encamina a una definición decisiva sobre el Presupuesto 2026. La Libertad Avanza (LLA) confía en llegar al recinto el próximo viernes con los votos necesarios para la sanción definitiva, apoyada en un dictamen de mayoría que sumó a bloques aliados y dejó, al menos en los papeles, un escenario controlado. Sin embargo, detrás de esa aparente calma, el oficialismo trabaja contrarreloj para contener reclamos, disipar temores y evitar que se replique un traspié similar al ocurrido en Diputados con otros proyectos sensibles.

La orden que bajó a los senadores libertarios fue clara: todos deben estar el jueves 25 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, listos para una sesión que el Gobierno considera estratégica. En paralelo, se intensificaron los contactos entre referentes de LLA, dirigentes cercanos a la conducción del bloque y los jefes de las bancadas dialoguistas, con un mensaje común: no hay margen para errores y cualquier ruido de último momento puede alterar un equilibrio frágil. El Ejecutivo quiere mostrar previsibilidad fiscal y cerrar el año con una señal política fuerte hacia los mercados y los gobernadores.

En ese marco, uno de los focos de tensión surgió a partir de versiones provenientes de la Casa Rosada sobre un eventual veto presidencial al Presupuesto si se mantenía la eliminación del Capítulo XI, bajo el argumento de que esa decisión afectaría el superávit fiscal. Aunque la hipótesis fue presentada más como advertencia que como definición concreta, generó malestar en bloques que ya ven con cansancio los embates discursivos del presidente Javier Milei contra el Congreso. Para varios senadores, ese tipo de señales erosiona la confianza construida durante la negociación y reaviva la idea de que el oficialismo podría modificar el rumbo incluso después de lograr la aprobación.

Otra inquietud atraviesa a la oposición dialoguista y tiene que ver con las declaraciones del propio Milei sobre la posibilidad de “acomodar” partidas una vez aprobado el Presupuesto. La facultad del Jefe de Gabinete —cargo que actualmente ocupa Manuel Adorni— para reasignar fondos dentro del esquema presupuestario encendió alertas en sectores que reclaman mayor precisión. “Mover recursos de un lado a otro implica, necesariamente, desfinanciar áreas sensibles. Queremos saber cuáles”, sintetizó un senador radical, reflejando un temor compartido por varios bloques que acompañan el proyecto pero exigen previsibilidad.

Del lado del peronismo, el bloque Justicialista decidió desplegar una estrategia que combina presión política y construcción de argumentos técnicos. Este lunes, sus principales referentes mantendrán reuniones con representantes de escuelas técnicas para analizar el impacto de los recortes previstos en el proyecto. La dinámica no es nueva: el PJ ya había utilizado un esquema similar durante el debate por los fondos del Hospital Garrahan, buscando visibilizar sectores afectados y reforzar su posición crítica frente al ajuste.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) —clave para el sostenimiento de las escuelas secundarias técnicas— sufriría en 2026 un recorte real del 93% en comparación con los niveles de ejecución de 2023. El mismo trabajo advierte que la reducción de recursos no es un fenómeno aislado, sino un proceso sostenido a lo largo de la gestión Milei: durante 2025, apenas se habría ejecutado el 10,8% del total del Fondo. Para el peronismo, estos números son un eje central de su discurso y una base para intentar introducir cambios en el articulado.

Tras esos encuentros, el bloque justicialista planea liberar a sus senadores para que regresen a sus provincias y pasen la Nochebuena, aunque con el compromiso explícito de volver a Buenos Aires el jueves 25 y estar disponibles para la sesión. En cuanto a la estrategia parlamentaria, la intención es impulsar modificaciones puntuales en algunos capítulos que sobrevivieron al paso por Diputados, aun sabiendo que el margen de maniobra es limitado.

La Libertad Avanza, por su parte, ya dejó en claro que no está dispuesta a reabrir artículos que fueron eliminados en la Cámara baja. La falta de acompañamiento de los diez senadores de la UCR en votaciones clave condiciona cualquier intento de ampliar el texto, y el oficialismo prefiere blindar el dictamen antes que arriesgar una derrota parcial. La consigna es evitar sorpresas y sostener el esquema actual, incluso si eso implica tensiones con sectores aliados.

En ese contexto, Patricia Bullrich convocó en las últimas horas a una videollamada con los líderes de las bancadas afines al Gobierno. Según cálculos de la Casa Rosada, esos bloques reúnen alrededor de 44 senadores, un número decisivo para garantizar la aprobación. En el encuentro se evaluó, por un lado, el impacto político de las recientes designaciones en la Auditoría General de la Nación, que golpearon especialmente al PRO, y por otro, si existían nuevos reclamos impulsados por los gobernadores a través de sus representantes en el Senado.

El balance que hicieron en el oficialismo fue positivo, aunque con cautela. Nadie quiere repetir errores ni subestimar el clima interno de la Cámara alta. “Veníamos ganando todo y de repente nos llevamos un golpe en Diputados; acá no puede pasar lo mismo”, admitió un legislador libertario antes de regresar a su provincia. Con ese telón de fondo, el Presupuesto 2026 avanza hacia su tramo final, atravesado por negociaciones silenciosas, desconfianzas latentes y una certeza compartida: cualquier detalle puede inclinar la balanza en una sesión que el Gobierno considera clave para su programa económico y político.