La controversia en torno al juicio por la muerte de Diego Maradona sumó un nuevo capítulo con la presentación formal de un pedido de juicio político contra la jueza Julieta Makintach, a cargo del proceso judicial. La iniciativa fue impulsada por tres diputados provinciales de Buenos Aires, quienes denunciaron a la magistrada por presunto mal desempeño y acciones incompatibles con la función judicial.
El conflicto se desató tras la difusión de un tráiler de un documental titulado «Justicia Divina», en el que la jueza aparece como protagonista durante las audiencias, grabado dentro del tribunal sin la autorización correspondiente. La filmación generó una fuerte polémica, al poner en duda la imparcialidad de Makintach y el respeto por la reserva y la ética que deben caracterizar el desarrollo de un juicio.
Los diputados Florencia Retamoso y Agustín Romo, ambos representantes del bloque libertario en la Cámara bonaerense, junto a un tercer legislador, elevaron una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. En el escrito, acusan a la jueza de negligencia, incumplimiento de sus deberes y conducta incompatible con la dignidad de su cargo, pidiendo que se avance en un proceso que podría culminar con su destitución.
En paralelo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro decidió aceptar la recusación presentada contra Makintach y la apartó del juicio, ante la gravedad de la situación. El juez a cargo, Maximiliano Savarino, calificó la filmación como un hecho «sumamente grave» y aseguró que el tribunal jamás habría avalado la grabación del documental en el ámbito judicial.
La Universidad Austral, institución en la que Makintach se desempeñaba como docente en la Facultad de Derecho, también tomó cartas en el asunto y resolvió suspenderla de su cargo, al considerar que la participación de la jueza en la producción audiovisual sin autorización vulneró normas internas y la ética académica.
Este escándalo no solo pone en entredicho la continuidad de Makintach en el juicio por la muerte de Maradona, sino que además reabre el debate sobre la transparencia, la ética y el comportamiento esperado de los magistrados en causas de alta repercusión pública.
El proceso judicial por la muerte del ícono del fútbol argentino ya enfrentaba numerosos desafíos, y ahora deberá lidiar con la incertidumbre que genera esta denuncia política y las consecuencias que pueda tener para la integridad del caso.
Las autoridades judiciales y legislativas evaluarán en los próximos días la denuncia presentada, determinando si la conducta de la jueza justifica su remoción o si, por el contrario, corresponde otro tipo de sanciones disciplinarias.
Mientras tanto, la causa continúa con la integración de nuevos magistrados y el seguimiento atento de la sociedad, que exige justicia y transparencia en uno de los procesos más mediáticos y sensibles del país.





