El Gobierno nacional atraviesa días decisivos para proteger tres vetos presidenciales que podrían reconfigurar el escenario legislativo. Con un plazo de apenas cuatro días hábiles, la Casa Rosada acelera gestiones para garantizar que el Congreso no insista con las leyes que buscan aumentar las jubilaciones, declarar la emergencia en discapacidad y reinstaurar la moratoria previsional. La resistencia del oficialismo se concentra especialmente en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo considera que tiene más posibilidades de éxito que en el Senado.

En este contexto, el equipo político de Javier Milei, con el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el presidente de la Cámara baja Martín Menem como principales operadores, trabaja contrarreloj para asegurarse al menos 72 votos que respalden los vetos. La prioridad absoluta está puesta en frenar la actualización previsional, una iniciativa que el Gobierno considera inviable fiscalmente y contraria a los lineamientos de ajuste que impulsa.

El juego legislativo: entre alianzas y ausencias

Desde Balcarce 50 apuntan a consolidar un bloque de contención integrado por el PRO, el MID, los radicales «libertarios» —conocidos como «peluca» por su cercanía con Milei— y una serie de legisladores provinciales que responden a distintos gobernadores. Muchos de estos últimos no participaron de las votaciones originales por ausencias o abstenciones estratégicas, por lo que el oficialismo apuesta a capitalizar esos márgenes.

Una de las maniobras más concretas en curso es la negociación con un sector del radicalismo para ofrecer un incremento puntual en las partidas destinadas a discapacidad. «Es lo que se está trabajando. No sé de cuánto sería el aumento, pero por lo menos algo cercano a las demás subas de 2025», aseguró una fuente legislativa involucrada en las conversaciones. Esta concesión funcionaría como moneda de cambio para conseguir cinco votos clave que apuntalarían el veto a la reforma previsional.

Gobernadores en la mira: la puja por los ATN

La otra gran jugada de la Casa Rosada se desarrolla en el plano federal. El Ejecutivo intenta contener a los gobernadores, especialmente a los diez mandatarios que pertenecieron a Juntos por el Cambio, cuya postura podría inclinar la balanza. El foco de las conversaciones está puesto en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), herramientas de asistencia financiera a las provincias en situaciones de emergencia.

Los gobernadores ya impulsaron en el Congreso un proyecto que busca establecer el reparto automático de estos fondos, y que cuenta con media sanción. Como respuesta, en Nación evalúan aumentar el volumen de recursos a distribuir para calmar las tensiones. Hasta junio, las provincias que más ATN recibieron fueron Buenos Aires, Neuquén, Tucumán y Salta.

Pese a estos movimientos, en el entorno de varios gobernadores advierten que no hubo hasta el momento negociaciones concretas. «Por ahora no hubo conversaciones», expresaron desde una de las provincias claves. Aún así, en el oficialismo confían en que el paquete de medidas fiscales —incluyendo la baja permanente de retenciones a productos agropecuarios— ayudará a seducir a los aliados necesarios.

Milei, firme en su postura

Javier Milei ya anticipó que vetará cualquier medida que implique un aumento del gasto público. La promesa libertaria de “déficit cero” sigue siendo el eje rector de su administración. Para el mandatario, tanto la actualización jubilatoria como la moratoria y la emergencia en discapacidad representan “parches populistas” que afectan las cuentas fiscales y desvirtúan su programa económico.

Consciente del costo político que pueden acarrear estas decisiones —sobre todo en un contexto de desgaste por el ajuste—, el Presidente apuesta a mostrar fortaleza institucional y capacidad de gobernabilidad. Blindar los vetos en Diputados sería, en este sentido, una señal clave para los mercados, el FMI y sus propios votantes.

En los próximos días, el tablero legislativo definirá si el oficialismo logra sostener sus líneas rojas o si la oposición, con mayoría circunstancial, impone su agenda en una pulseada que podría marcar un antes y un después en el vínculo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.