El diputado nacional y autor del proyecto, Daniel Arroyo, calificó como “un error absurdo” la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. En una entrevista con Infobae en Vivo, el legislador advirtió que la medida agrava una crisis que ya afecta de manera directa a miles de familias y que, lejos de representar una carga fiscal, busca dar una respuesta urgente a un sistema al borde del colapso.

“No hay ningún fundamento racional para impedir que personas con discapacidad tengan garantizado el acceso al transporte, a la salud y a sus tratamientos. El sistema está absolutamente desacomodado y esta decisión solo agrava todo”, expresó Arroyo.

Según el diputado, la iniciativa fue trabajada de manera transversal y consensuada durante meses. Contó con 12 reuniones informativas, participación de organizaciones del sector, dictámenes favorables en las comisiones de Discapacidad y Salud, y fue aprobada con dos tercios en ambas cámaras. “No hay grieta en este tema. Votar en contra de esto implica profundizar el sufrimiento de miles de personas”, subrayó.

Un sistema en emergencia

La ley vetada establecía medidas para regularizar pagos, actualizar el nomenclador —que determina cuánto cobran transportistas, acompañantes terapéuticos y centros de atención— y garantizar el acceso a derechos básicos. “El nomenclador no se actualiza desde febrero de 2023. Los transportistas siguen cobrando valores ridículos, con naftas reconocidas a $541, cuando en realidad cuestan el triple. No hay forma de sostener traslados ni tratamientos. Los hogares están por cerrar, y los acompañantes terapéuticos cobran a los seis meses”, detalló.

Para Arroyo, lo que se intenta presentar como una cuestión fiscal es, en realidad, una deuda del Estado: “El impacto de esta ley sobre el presupuesto es mínimo: representa apenas el 0,003% del PBI. No hay gasto nuevo, sino una deuda acumulada por falta de cumplimiento de la normativa vigente”.

Acuerdo político y promesas incumplidas

En el diálogo con Infobae, Arroyo criticó la falta de gestión y compromiso del Gobierno nacional: “Hubo reuniones con la Agencia Nacional de Discapacidad, se hicieron propuestas, pero nunca se avanzó. Se enviaron 400.000 cartas documento para auditar pensiones sin cruzar datos básicos. Se piden estudios médicos a personas ciegas de nacimiento o con discapacidades permanentes. Así se maltrata, no se ayuda”.

El diputado también denunció fallas estructurales en la administración pública: “El 40% de las cartas ni siquiera llegó a destino por falta de actualización de domicilios. No se usan registros básicos ni se audita con criterio. La falta de gestión profundiza la vulnerabilidad de los sectores más postergados”.

Emergencia social y reclamo legislativo

Arroyo anticipó que insistirá con la sanción de la ley. Sostiene que están garantizados los votos para revertir el veto cuando el Congreso retome el tratamiento del tema. “Vamos a volver a tratarlo. Hay acuerdo, hay voluntad. Solo falta habilitar el temario. Es urgente”, dijo.

En su diagnóstico, el legislador hizo hincapié en que la situación social es límite: “Los hogares están endeudados, las instituciones educativas especiales no pueden pagar sueldos, los servicios se caen uno a uno. Esta ley no rompe nada. Intenta reconstruir un mínimo de estabilidad y dignidad”.

“Nunca vi tanta desesperación”

Arroyo concluyó con un llamado a la acción inmediata: “Nunca vi tanta gente desesperada. Me tocó estar al frente de situaciones críticas como la pandemia o las inundaciones. Pero nunca tanta angustia, tanta gente llorando en la calle. Esta ley es una cuestión de pura humanidad y racionalidad económica. No hay derecho ni lógica que justifique sostener este veto”.

El legislador remarcó que la emergencia está planteada hasta diciembre de 2026, y que la intención es estabilizar el sistema para luego discutir reformas estructurales. “No se puede discutir el equilibrio fiscal destruyendo servicios esenciales. Discapacidad debería estar fuera de toda grieta. Está en juego la dignidad y la vida cotidiana de miles de personas. Necesitamos actuar ya”, finalizó.