Sin acuerdos previos con la oposición y con un clima político cada vez más hostil, la Casa Rosada se prepara para jornadas complicadas. Se discutirán interpelaciones a funcionarios clave y los vetos presidenciales a leyes sensibles como la de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. La estrategia oficial es resistir hasta diciembre, aunque el panorama futuro también luce incierto.
El oficialismo de La Libertad Avanza atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su llegada al poder. En la antesala de una seguidilla de sesiones en el Senado, la conducción política del Gobierno admite que no cuenta con margen de maniobra para frenar lo que consideran “derrotas seguras”. Las discusiones previstas en comisiones y en el recinto ponen bajo la lupa a figuras de primera línea del Gabinete, al tiempo que vuelven a exponer la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
Hoy será el turno de varios plenarios en los que se tratarán pedidos de citación e interpelación a ministros y funcionarios de peso, mientras que mañana se prevé el debate en el recinto de los vetos presidenciales a la ley de financiamiento de Universidades Nacionales y a la norma de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan. Ambos temas cuentan con un respaldo mayoritario de la oposición y el desenlace parece cantado: la Casa Rosada perderá nuevamente en la Cámara alta.
En los despachos libertarios la resignación es evidente. “Estamos perdidos. Lo único que puede salvarse son cuestiones muy puntuales, como la Ley Sofía. En todo lo que tiene que ver con vetos y pedidos de interpelación, no hay nada para hacer”, reconoció anoche un alto referente del oficialismo. La apuesta, según afirman, está puesta en resistir hasta diciembre, con la expectativa de que el recambio legislativo aporte algunos aliados adicionales en un Senado que les resulta hostil desde el inicio de la gestión.
Funcionarios en la mira
La sesión de este miércoles tendrá un temario cargado. Entre los puntos más relevantes figuran los pedidos de interpelación a Karina Milei, hermana del Presidente, vinculados con la polémica estafa de la criptomoneda LIBRA, las presuntas irregularidades en las pensiones y los cuestionamientos por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).También fue convocado el ministro del Interior, Guillermo Francos, a raíz de denuncias por incumplimientos en la ley de fortalecimiento de erogaciones para personas con discapacidad, además de la situación de la propia ANDIS. A su vez, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, deberá dar explicaciones sobre la crisis por el fentanilo contaminado y sobre los problemas financieros que atraviesa el Hospital Garrahan, epicentro de la discusión por la Emergencia Pediátrica.
La Casa Rosada sabe que ninguna de estas instancias es favorable. El oficialismo carece de los votos necesarios para frenar las citaciones y, mucho menos, para impedir que se avance en las interpelaciones. En ese marco, los libertarios asumieron una posición de “brazos cruzados”, aceptando que no hay negociación posible con Unión por la Patria ni con los sectores más críticos de la oposición.
“En el Senado hay casi 35 votos del PJ asegurados y, además, están los tres de Martín Lousteau, que siempre se inclinan en contra. Es imposible revertir ese escenario. No hay margen de negociación”, admitió otro funcionario cercano al Presidente. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, no se responsabilizó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por la falta de resultados en la Cámara alta.
Una estrategia enfocada en Diputados
En Balcarce 50 sostienen que la prioridad pasa por concentrar los esfuerzos en la Cámara de Diputados, donde existen mayores posibilidades de negociación y donde se juegan las votaciones consideradas “cruciales” para la gobernabilidad. Según fuentes oficiales, nunca estuvo en los planes modificar la correlación de fuerzas en el Senado antes de las elecciones, pero sí intentar recomponer vínculos con antiguos aliados en Diputados para llegar con chances al final del año parlamentario.
Los libertarios descartan que el resultado de las votaciones de esta semana genere un cimbronazo inmediato en los mercados. “No cambia nada, es más de lo mismo”, aseguraron en la fuerza oficialista. Sin embargo, reconocen preocupación por las fechas de las citaciones, ya que la oposición planea fijarlas estratégicamente antes de las elecciones, probablemente el 16 de octubre, apenas diez días antes de los comicios. Ese escenario, advierten, pondría al Gobierno en el centro de un debate público incómodo en plena recta final de la campaña electoral.
Proyecciones hacia diciembre
Las esperanzas depositadas en el recambio legislativo también son limitadas. Las derrotas electorales en la provincia de Buenos Aires y la caída en la intención de voto en varios distritos redujeron las chances de ampliar la representación en la Cámara alta. Además, la aparición de la alianza Provincias Unidas, que mostró fortaleza en distintos territorios, complica aún más las aspiraciones libertarias.
El oficialismo se muestra algo más confiado en la Ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo un triunfo local y lleva como principal candidata a Patricia Bullrich. También en provincias como Chaco y Entre Ríos, donde los acuerdos con los gobernadores Leandro Zdero y Rogelio Frigerio generan cierto alivio. En contraste, el panorama es mucho más adverso en Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. “El momento es delicado, no podemos arriesgar nada y sabemos que no será fácil”, admitió un operador político libertario.
En el horizonte inmediato, uno de los temas que más desvela al oficialismo es la defensa del Presupuesto Nacional. El texto enviado por el Ejecutivo ya despierta un fuerte rechazo en la oposición y, para peor, la comisión encargada de tratarlo está presidida por el economista José Luis Espert, candidato en la provincia de Buenos Aires, sobre quien resurgen acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico. Este contexto anticipa un debate áspero y con consecuencias políticas de gran alcance.







