El Gobierno nacional promulgó este martes dos normas clave: la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de residencias médicas en todo el país por un año. Sin embargo, ambas legislaciones quedaron sin efecto inmediato, ya que su implementación fue suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y asigne las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.

La decisión se formalizó durante la madrugada, mediante los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial. Según el Poder Ejecutivo, la aplicación inmediata de estas leyes implicaría un impacto fiscal de gran magnitud, lo que motivó su postergación. Esta medida replica lo ocurrido semanas atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que también fue promulgada pero suspendida hasta nueva asignación presupuestaria.

Financiamiento universitario: actualización automática y alto costo fiscal

La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada tras el rechazo del Congreso al veto presidencial. Su objetivo es sostener el presupuesto de las universidades nacionales, garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento —según la variación bimestral del IPC del INDEC— y recomponer los salarios de docentes y no docentes.

De acuerdo con los cálculos oficiales, la variación del IPC entre mayo y diciembre de 2024 fue del 34,89 %, lo que representa un costo adicional de más de $123 mil millones en el ejercicio actual. Para 2025, el gasto total estimado asciende a $1,06 billones, y para 2026 superaría los $2 billones.

En materia salarial, la norma establece que las remuneraciones se actualicen al menos en línea con la inflación desde diciembre de 2023. Según datos del Ejecutivo, los sueldos se incrementaron un 128,49 %, mientras que la inflación acumulada fue del 220,45 %, lo que implicaría un ajuste adicional del 40 % para equiparar los valores reales. Además, la ley dispone incorporar sumas no remunerativas al salario básico, lo que elevaría aún más el costo fiscal proyectado.

También prevé la actualización de los programas de becas estudiantiles, como Manuel Belgrano y Progresar, de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Solo en 2025, el refuerzo de partidas para estas becas representaría más de $149 mil millones.

Emergencia pediátrica: prioridad sanitaria y déficit presupuestario

La Ley de Emergencia Pediátrica, impulsada con el Hospital Garrahan como institución referente, busca garantizar el acceso universal y de calidad a la atención infantil, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal de salud dedicado al área.

El texto establece prioridad presupuestaria para infraestructura, insumos, vacunas, medicamentos y personal esencial, y exime del impuesto a las ganancias a quienes realicen tareas críticas en hospitales públicos y privados.

No obstante, el decreto aclara que su aplicación demandaría $196.270 millones, cifra que supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, que presenta un déficit superior a $102 mil millones. Según el Ejecutivo, cubrir ese costo implicaría reducir un 30 % los subsidios a medicamentos y tecnología sanitaria, y un 60 % el presupuesto de prevención de VIH-Sida.

Suspensión hasta nuevo aviso

Ambos decretos justifican la suspensión en el incumplimiento del artículo 37 de la Ley N° 24.156, que exige identificar la fuente de financiamiento de toda erogación estatal. El texto sostiene que el Congreso no especificó los recursos necesarios para ejecutar las leyes, por lo que su entrada en vigencia queda diferida hasta que se incorporen las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

El Gobierno ya había objetado las iniciativas al considerarlas “medidas de alto costo y baja sustentabilidad fiscal”. En su veto original, el Poder Ejecutivo argumentó que, aunque las leyes persiguen fines nobles, su implementación “pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran esfuerzo”, con posibles efectos sobre la inflación y la estabilidad económica.

Pese a esas objeciones, el Congreso insistió con la aprobación de ambas normas y rechazó los vetos de Javier Milei, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarlas. Sin embargo, al posponer su aplicación, el Gobierno busca evitar compromisos financieros inmediatos en un contexto de ajuste y de redefinición presupuestaria para 2026.