La Cámara alta sesiona desde las 11 para resolver dos proyectos centrales del Gobierno: la reforma laboral, que vuelve con cambios desde Diputados, y el Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años. El resultado marcará el cierre de las sesiones extraordinarias y enviará una señal política de alto impacto.

El oficialismo busca sancionar definitivamente ambas iniciativas antes del inicio del período ordinario. La discusión por las licencias médicas, el sistema de indemnizaciones y el nuevo esquema penal para adolescentes concentran el debate. La votación pondrá a prueba la solidez de las mayorías construidas en las últimas semanas.

El Senado afronta este jueves la última sesión del período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei con una agenda que condensa dos de las reformas más sensibles del inicio de su gestión. Desde las 11 de la mañana, el recinto debatirá la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, en una jornada que no solo definirá normas concretas sino también el equilibrio político entre el oficialismo y la oposición en la antesala del período ordinario.

La convocatoria representa el cierre formal de un ciclo legislativo intenso, marcado por negociaciones aceleradas, acuerdos transversales y fuertes discusiones públicas. Para la Casa Rosada, la sanción de ambos proyectos consolidaría una señal de gobernabilidad y capacidad de articulación parlamentaria en un Congreso fragmentado. Para la oposición, en cambio, la sesión expone diferencias profundas sobre el modelo laboral y la política criminal juvenil.

En este contexto, el resultado de la votación tendrá un peso que excede el contenido técnico de las leyes. El Gobierno apuesta a mostrar coherencia entre su discurso reformista y los avances normativos concretos. El Senado, por su parte, deberá resolver si acepta los cambios introducidos por Diputados en la reforma laboral o insiste con la versión aprobada semanas atrás, una decisión que podría redefinir el alcance de uno de los capítulos más discutidos.

Reforma laboral: el punto crítico de las licencias y el modelo de relaciones de trabajo

La reforma laboral llega en segunda revisión tras su paso por la Cámara de Diputados. El núcleo del debate gira en torno a la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias pagas por enfermedad o accidente no laboral. El texto aprobado originalmente por el Senado establecía reducciones en el porcentaje del salario percibido durante la licencia según el origen del hecho.

Si el accidente o la enfermedad derivaba de una actividad voluntaria —como la práctica deportiva— el trabajador percibía el 50% del salario básico. Si no mediaba voluntariedad, el porcentaje ascendía al 75%. Además, el plazo de cobertura se acotaba a tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y a seis meses para quienes sí las tuvieran. Esa redacción generó resistencia sindical y cuestionamientos de bloques opositores.

En Diputados, el oficialismo aceptó suprimir ese artículo para asegurar los votos necesarios. Ahora el Senado debe decidir si convalida esa modificación. De hacerlo, el esquema de licencias quedará sin el recorte originalmente planteado. Si insistiera en su versión previa, se abriría un escenario parlamentario más complejo que podría demorar la entrada en vigencia de la norma.

Más allá de ese punto puntual, la reforma laboral implica cambios estructurales. Durante su tratamiento en la Cámara alta se eliminó el artículo vinculado al alivio en el impuesto a las Ganancias para grandes empresas, una disposición que tenía impacto en la distribución de recursos entre Nación y provincias. También se mantuvo el 6% destinado a obras sociales y se ajustaron aportes obligatorios con topes más bajos, en un intento de equilibrar demandas empresariales y sindicales.

Otro eje central es la reformulación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado al sistema de indemnizaciones. El texto final moderó la propuesta original del Ejecutivo, que planteaba un esquema más flexible y generó fuerte debate público. Asimismo, se incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que despertó críticas por la vía parlamentaria elegida para su inclusión.

En la construcción de mayorías jugó un papel determinante la ministra de Seguridad y figura clave del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Su estrategia permitió avanzar con distintas leyes impulsadas por el Ejecutivo, aunque no sin tensiones internas con la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado, en medio de debates sobre conducción y protagonismo político.

La votación original de la reforma laboral mostró 42 adhesiones y 30 rechazos sobre 72 senadores presentes. Esa mayoría deberá ratificarse ahora, en una sesión que será observada de cerca por sindicatos, cámaras empresarias y gobernadores, atentos al impacto económico y jurídico de la nueva normativa.

Régimen Penal Juvenil: baja de imputabilidad y nuevo esquema de sanciones

El segundo proyecto en debate propone un cambio profundo en el sistema penal juvenil argentino. El nuevo Régimen Penal Juvenil establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y reemplaza un marco normativo vigente desde 1980, heredado del período de facto.

La iniciativa fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por adolescentes, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Para infracciones con penas menores a diez años, el texto prevé sanciones alternativas que incluyen amonestaciones, prohibiciones de acercamiento, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones para conducir vehículos.

El proyecto también enfatiza la creación de institutos especializados para el alojamiento de menores condenados, con personal capacitado en infancia y adolescencia. Se establece la prohibición expresa de convivencia con detenidos mayores de edad y se garantiza el acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.

Durante el debate en comisión, el presidente de Justicia del Senado, Gonzalo Guzmán Coraita, sostuvo que la reforma busca superar una legislación obsoleta y dotar al sistema de herramientas acordes a la realidad actual. El texto incorpora la posibilidad de suspensión del proceso a prueba y mediación penal juvenil en casos leves, siempre con consentimiento de la víctima.

Un aspecto relevante es el reconocimiento formal de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La norma garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas y asistidas con patrocinio jurídico y apoyo psicológico, además de participar en mecanismos restaurativos cuando corresponda.

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad ha generado posiciones encontradas en el ámbito jurídico, académico y político. Mientras sectores del oficialismo argumentan que el cambio responde a una demanda social de mayor seguridad y responsabilidad penal, voces críticas advierten sobre la necesidad de fortalecer políticas preventivas y sistemas de inclusión antes que ampliar el alcance punitivo.

Impacto político y escenario hacia el período ordinario

La sesión de cierre de extraordinarias será, en términos políticos, un punto de inflexión. Para el Gobierno de Javier Milei, lograr la sanción definitiva de la reforma laboral y del Régimen Penal Juvenil implicaría consolidar su agenda de reformas estructurales en un Congreso sin mayorías propias.

El oficialismo ha demostrado capacidad para articular apoyos circunstanciales, pero cada votación exige negociaciones específicas. La dinámica parlamentaria de las últimas semanas evidenció un esquema de alianzas flexibles, con bloques dialoguistas que acompañan artículos puntuales y se desmarcan en otros.

De cara al inicio del período ordinario, el resultado de esta jornada enviará una señal clara sobre la viabilidad legislativa del Ejecutivo. Si ambas leyes se sancionan sin sobresaltos, la Casa Rosada podrá exhibir un cierre exitoso de extraordinarias. Si surgen modificaciones inesperadas o votos disidentes, el mapa político podría reconfigurarse rápidamente.

Más allá de la aritmética parlamentaria, el debate deja abiertas discusiones de fondo sobre el modelo laboral argentino, el rol del Estado en la regulación de derechos y obligaciones y la orientación de la política criminal juvenil. En un contexto económico y social desafiante, cada definición legislativa adquiere un peso simbólico y práctico que trasciende el recinto.

La jornada promete ser extensa y cargada de tensión. El Senado no solo votará dos proyectos; definirá, en buena medida, el tono del vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso en un año que recién comienza y que ya muestra señales de alta intensidad política.