La decisión del juez federal Ernesto Kreplak de otorgar prisión domiciliaria a la contadora Natalia Foresio, procesada por integrar una de las estructuras de evasión fiscal más grandes detectadas en los últimos años, es un nuevo capítulo vergonzoso en el manual del privilegio judicial argentino. En lugar de cumplir prisión preventiva en un penal, como correspondería a la gravedad de las acusaciones, Foresio podrá seguir el proceso judicial desde la comodidad de su hogar.

Foresio no está acusada de un desliz menor. Se le atribuye haber sido parte central de un esquema que drenó millones al exterior mediante sociedades fantasma, documentación apócrifa, falseamiento de declaraciones fiscales y movimientos financieros ilegales. La investigación impulsada por el área ARCA de la AFIP derivó en bloqueos de cuentas, inactivación de CUITs, embargos millonarios y decenas de procesamientos. La maniobra no fue un error: fue un plan sostenido para empobrecer aún más a un país que ya camina por la cornisa.

Mientras el sistema educativo se desmorona, los hospitales colapsan y los servicios públicos se degradan, los profesionales del delito financiero logran esquivar los barrotes con la complicidad de un sistema judicial que mira para otro lado. Para el Poder Judicial, si sos pobre y robás un celular, vas preso. Si sos contadora y ayudás a fugar millones, te ponen una tobillera y te desean suerte.

La prisión domiciliaria se ha convertido en una farsa institucional. Su espíritu original –preservar la salud o la vida de personas en condiciones extremas– fue pervertido por una justicia que aplica el beneficio con un criterio elitista, clasista y profundamente antidemocrático. Porque cuando se habla de «reglas de conducta», de «monitoreo electrónico» o de «restricción de contactos», se omite la verdad: en la Argentina, la prisión domiciliaria es impunidad encubierta para quienes tienen poder, estudios, dinero o vínculos.

El daño de estas decisiones no es solo simbólico: es estructural. Porque desalientan la confianza social en las instituciones, profundizan la bronca y el descreimiento, y perpetúan la sensación de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Que el castigo es para los perejiles, y que los cerebros del delito tienen garantizada la comodidad.

Natalia Foresio no es una víctima. Es, presuntamente, parte de un engranaje que ayudó a desfinanciar al Estado, perjudicar a millones de contribuyentes honestos y fugar riqueza argentina al exterior. La Justicia debería ser implacable con quienes vacían el país. Pero decidió protegerla.

Hoy, ella duerme tranquila. Y el resto del país sigue pagando las consecuencias.