El Gobierno apuesta a cerrar el año político con un maratón legislativo que le permita sancionar el Presupuesto 2026 y, en paralelo, avanzar con la reforma laboral. La estrategia, que comenzará a desplegarse formalmente en Diputados desde el inicio de la próxima semana, dejará al descubierto el verdadero alcance de los pactos con gobernadores, las tensiones internas del oficialismo y los riesgos políticos y judiciales que puede acarrear una ofensiva legislativa de alta intensidad.

El primer paso será la integración de las comisiones, en especial la de Presupuesto y Hacienda, cuya conformación quedó demorada hasta ahora en función de las negociaciones políticas. El armado que se oficializaría el lunes mostrará con claridad quiénes fueron premiados y quiénes quedaron relegados en la mesa chica del poder, en un contexto donde la necesidad de votos obliga a La Libertad Avanza a sostener acuerdos amplios y costosos.

La hoja de ruta diseñada por la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, no se limita a Presupuesto. También incluye comisiones clave para la agenda oficial, como Legislación del Trabajo —a la espera del tratamiento de la reforma laboral en el Senado—, Recursos Naturales —por el capítulo sensible vinculado a la ley de Glaciares—, además de Legislación General y Asuntos Constitucionales. El reparto de lugares en estos espacios será el primer campo de batalla político.

En los bloques opositores y, sobre todo, en el peronismo más duro, advierten que el oficialismo estaría dispuesto a sobrerrepresentar a sectores alineados con gobernadores del PJ que se despegaron de Unión por la Patria y a fuerzas provinciales, a cambio de garantizar apoyos decisivos. La lógica es conocida: asegurar mayorías legislativas mediante concesiones concretas, fundamentalmente en materia de fondos.

El avance en el acuerdo por el Presupuesto comenzó a destrabarse a mediados de semana, luego de una serie de reclamos acumulados en las rondas de diálogo que encabezó Diego Santilli con mandatarios provinciales. No se trató de nuevas negociaciones, sino de respuestas concretas a demandas ya planteadas. “Están cumpliendo”, sintetizó una fuente cercana a varios gobernadores, que días antes describía como lenta la reacción de la Casa Rosada. El Ministerio de Economía aparecía como el principal filtro y, a la vez, como el factor de mayor incertidumbre.

Algunos gestos fueron particularmente explícitos. El giro de ATN a Tucumán, por ejemplo, fue leído como una señal directa del tipo de pacto en juego. Osvaldo Jaldo, aliado temprano del Gobierno, había tomado distancia durante la ofensiva territorial de La Libertad Avanza en su provincia, pero volvió a alinearse tras octubre. Casos similares se observaron con el catamarqueño Raúl Jalil, valorado por su ruptura con UxP y su rol para que el oficialismo se convirtiera en primera minoría en Diputados, así como con gobernadores no peronistas como Marcelo Orrego, de San Juan, y Carlos Rovira, de Misiones.

También se cerraron entendimientos con aliados habituales como Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, mientras que las relaciones con Santa Fe y Córdoba se mantenían más frías. En paralelo, seguían empantanadas las conversaciones con la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de coparticipación dispuesto en gestiones anteriores.

En Olivos confían en reunir los votos necesarios para avanzar rápido: integrar la comisión el lunes, emitir dictamen en tiempo récord y llevar el Presupuesto al recinto a mitad de semana. El objetivo es enviarlo sin cambios al Senado y convertirlo en ley antes de fin de año, un plan que exige replicar en la Cámara alta el mismo esquema de disciplina política y acuerdos territoriales.

Allí aparece la principal incógnita: si el pacto sellado por el Presupuesto alcanza también para la reforma laboral. En el Gobierno no lo dan por garantizado. Algunos artículos, en especial los vinculados a cuestiones tributarias e indemnizaciones, podrían afectar recursos coparticipables y generar resistencias entre los gobernadores. A eso se suman posibles planteos judiciales, que en la Casa Rosada minimizan, aunque reconocen que el costo político puede ser mayor.

Las tensiones internas tampoco son menores. Dentro del oficialismo conviven miradas distintas sobre el ritmo y la profundidad de la reforma. De un lado, el ala más política, referenciada en Karina Milei, Santiago Caputo y el entorno presidencial; del otro, el sector técnico, con Federico Sturzenegger como figura central. La presión para acelerar, impulsada por Patricia Bullrich en su rol de jefa política del oficialismo en el Senado, profundiza esas diferencias, en un calendario apretado por las fiestas y los viajes de los legisladores.

Fuera de la agenda oficial, apareció una señal de alerta adicional. La Asociación de Magistrados cuestionó duramente artículos del proyecto laboral que, según advierte, apuntan a desmantelar la Justicia Nacional del Trabajo. Más que un error técnico, en el Gobierno lo leen como un mensaje político que excede el debate puntual y expone los límites de una estrategia basada casi exclusivamente en el pacto parlamentario.

Así, el maratón legislativo que imagina Olivos combina ambición, urgencias y riesgos. El Presupuesto parece encaminado, pero la reforma laboral abre un terreno más incierto, donde las concesiones, las internas y los conflictos institucionales pueden convertir el sprint final del año en una carrera con obstáculos.