La media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó mucho más que un resultado legislativo ajustado para el Gobierno nacional. La sesión expuso tensiones profundas dentro del Congreso, fracturas con aliados clave y un clima de desconfianza que ahora condiciona el futuro del oficialismo libertario, especialmente de cara al tratamiento en el Senado. El capítulo más sensible del proyecto, considerado central para sostener el objetivo de déficit cero, fue rechazado y abrió una etapa de reproches cruzados con gobernadores, bloques dialoguistas y el PRO.

Desde la Casa Rosada admiten que el traspié no fue totalmente inesperado, pero sí el margen con el que se perdió. “Hicimos mal los números”, reconoció un interlocutor del Ejecutivo tras una madrugada sin descanso para los principales operadores políticos. Aunque la votación en general se aprobó pasada la medianoche, el verdadero foco estaba puesto en el tratamiento en particular del Capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, dos normas que el Gobierno considera incompatibles con su programa económico.

El Capítulo XI y la estrategia que no funcionó

La conducción libertaria había optado por una jugada arriesgada: evitar la votación artículo por artículo y avanzar por capítulos completos. El objetivo era presionar a la oposición y a los bloques aliados, obligándolos a rechazar también otros acuerdos presupuestarios si querían frenar la derogación de esas leyes. La maniobra, sin embargo, terminó jugando en contra.

Varios gobernadores habían advertido que ese camino podía derivar en una derrota más amplia de la prevista. “Era preferible perder uno o dos artículos y no un capítulo entero”, deslizó uno de ellos, marcando que el oficialismo necesitaba mayor diálogo político. El rechazo al Capítulo XI dejó en evidencia que el respaldo legislativo al Gobierno es más frágil de lo que suponían en Balcarce 50.

Gobernadores en la mira y promesas incumplidas

Tras la votación, el oficialismo apuntó directamente contra mandatarios provinciales que, según su lectura, no cumplieron los compromisos asumidos. Entre los nombres más mencionados aparecen Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes finalmente no aportaron los votos esperados pese a haber mantenido una relación de cooperación con el Gobierno en los últimos meses.

Desde el Ejecutivo recordaron que ambas provincias habían recibido transferencias millonarias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. En el caso de Catamarca, incluso se avanzó en un reclamo histórico: el traspaso de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), cuya intervención estaba en manos de Nación. “Hasta le resolvimos un reclamo de décadas”, se quejó una fuente oficial tras la sesión.

También fue señalado el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aunque en Diputados reconocen que su postura ya estaba anticipada. La sesión, además, fue utilizada como escenario para anunciar designaciones en organismos clave, un movimiento que terminó de dinamitar acuerdos con otros bloques.

La pelea con el PRO y una relación al borde de la ruptura

El punto de quiebre con el PRO se produjo de madrugada, cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, habilitó la inclusión de los nombramientos para la Auditoría General de la Nación (AGN). La propuesta incluyó representantes de La Libertad Avanza, La Cámpora y un sector alineado con Sáenz, en una decisión que el macrismo calificó como inconstitucional por no haber sido incluida en el temario de sesiones extraordinarias.

La reacción fue inmediata: el bloque amarillo abandonó la sesión y endureció su discurso contra el oficialismo. “La falta de códigos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside la Cámara”, disparó Cristian Ritondo. En el PRO advierten que no facilitarán el quórum en futuras sesiones y que la relación política “está rota”, aunque desde el oficialismo intentan minimizar el conflicto.

El malestar venía gestándose desde horas antes, cuando un pedido del PRO para incorporar la deuda por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires fue desestimado en la redacción final del Presupuesto. Ese gesto terminó de sellar el distanciamiento con Jorge Macri y su bloque legislativo.

Radicales divididos y nuevas tensiones federales

La Unión Cívica Radical tampoco logró mostrar una posición unificada. El bloque tuvo votos afirmativos, abstenciones y un rechazo, lo que generó críticas desde la Presidencia de la Cámara. En el oficialismo apuntaron contra los gobernadores de Chaco y Corrientes, mientras que desde Mendoza admitieron que era imposible ordenar una postura común entre mandatarios provinciales con agendas propias.

A esto se sumaron cuestionamientos al gobernador neuquino Rolando Figueroa, luego de que una diputada de su espacio votara en contra del capítulo clave. La legisladora justificó su decisión asegurando que el Presupuesto no brindaba herramientas suficientes para la gobernabilidad que el propio Gobierno reclama.

Un escenario abierto rumbo al Senado

El balance que hacen varias provincias es contundente: lo ocurrido en Diputados es una mala señal para el Ejecutivo, que pese a tener números importantes en el Congreso enfrenta serias dificultades para transformar respaldo político en leyes concretas. Gobernadores consultados coincidieron en que será necesario “negociar más y consultar mejor” para evitar un desgaste similar al que sufrió la gestión de Mauricio Macri en su relación con las provincias.

Mientras tanto, el Gobierno reunió a su mesa política en Casa Rosada para definir la estrategia de cara al Senado. Hay dos posturas en pugna: avanzar con mayor discrecionalidad presupuestaria o intentar recomponer vínculos antes de que el conflicto escale. La votación dejó heridas abiertas y un mensaje claro: sin acuerdos sólidos, el camino legislativo del oficialismo será cada vez más empinado.