El cierre del índice de precios de 2025 dejó una escena que en otros momentos hubiera resultado contradictoria: el Gobierno nacional festejando un dato inflacionario aun cuando diciembre mostró una aceleración respecto de los meses previos. Con una suba del 2,8% en el último mes del año y un acumulado anual del 31,5%, la administración de Javier Milei considera que el proceso de desinflación está consolidado y sostiene que el sendero hacia registros inferiores al 1% mensual ya está en marcha. En la Casa Rosada interpretan el número como una confirmación política y técnica de su programa económico, más allá de las tensiones coyunturales.

El dato publicado por el INDEC fue leído puertas adentro como un punto de inflexión histórico. No sólo por el nivel alcanzado, el más bajo desde 2017, sino también por el contexto en el que se logró. Funcionarios del área económica remarcan que la desaceleración se produjo sin controles de precios, sin congelamientos cambiarios y sin mecanismos de intervención directa sobre el consumo masivo. La narrativa oficial insiste en que el descenso inflacionario fue el resultado de un ajuste macroeconómico ortodoxo, centrado en el equilibrio fiscal, la restricción monetaria y la liberalización de precios relativos.

Aun con gran parte del gabinete funcionando a ritmo reducido por el receso de verano, el tema dominó las conversaciones internas. En Balcarce 50 sostienen que la suba de diciembre responde a factores estacionales vinculados a las fiestas, el turismo y algunos ajustes puntuales, y no a un cambio de tendencia. La expectativa oficial es que enero muestre una variación menor y que, a partir de allí, el índice retome un sendero descendente más marcado.

La lectura oficial del dato y la defensa del programa económico

Desde el entorno presidencial subrayan que la inflación anual de 31,5% debe analizarse en perspectiva histórica y política. El Gobierno insiste en contrastar ese número con la dinámica heredada, cuando la inflación superaba el 200% anual y mostraba una inercia que parecía imposible de quebrar. La comparación no es casual: forma parte de una estrategia discursiva que busca reforzar la idea de que el actual esquema económico evitó escenarios extremos, como una hiperinflación o una crisis bancaria, aun en un contexto de fuerte ajuste.

La explicación técnica que repite el oficialismo se apoya en la teoría monetaria. Según esa visión, la inflación es consecuencia directa de la expansión de la cantidad de dinero y de los desequilibrios fiscales. En ese marco, los funcionarios sostienen que la decisión de frenar la emisión y ordenar las cuentas públicas comenzó a mostrar resultados con rezagos temporales inevitables. La volatilidad económica atravesada entre principios y mediados de 2024 habría generado una caída abrupta en la demanda de dinero, cuyos efectos, aseguran, todavía se están acomodando en los precios.

En el círculo cercano a Luis Caputo destacan que el proceso de desinflación se logró sin recurrir a herramientas que históricamente fracasaron en la Argentina. No hubo acuerdos de precios masivos, ni fiscalización de góndolas, ni anclas artificiales sobre el tipo de cambio. La apuesta fue, según describen, a una corrección rápida y transparente de los desequilibrios, aun al costo de un impacto inicial más duro sobre la actividad y los ingresos reales.

La defensa del programa también incluye un componente político. Para el oficialismo, el dato de inflación funciona como un activo central de gestión en un año atravesado por reformas estructurales y conflictos legislativos. La estabilización macroeconómica es presentada como la condición necesaria para avanzar con cambios en el mercado laboral, el sistema previsional y el esquema impositivo. En ese sentido, el número del INDEC no es sólo un indicador económico, sino una herramienta de legitimación.

El objetivo de perforar el 1% y el calendario que maneja el Gobierno

Más allá del balance del año cerrado, la atención del Ejecutivo está puesta en lo que viene. Javier Milei reiteró en varias oportunidades que su objetivo es llevar la inflación a niveles cercanos a cero durante la segunda mitad de 2026. En la interpretación oficial, “que empiece con cero” no implica la desaparición total de la inflación, sino registros mensuales inferiores al 1%, algo que en la Argentina reciente parece casi utópico.

El calendario que manejan en el Ministerio de Economía ubica a agosto como un mes clave. Para entonces, confían en que los efectos completos de la política monetaria contractiva se reflejen de manera más nítida en los precios. La estabilidad cambiaria, la continuidad del superávit fiscal y la ausencia de emisión son las variables que el Gobierno considera determinantes para alcanzar ese objetivo.

Las autoridades reconocen que perforar el 2% mensual ha sido más complejo de lo previsto, pero relativizan esa dificultad. Argumentan que el último tramo del año suele mostrar resistencias adicionales a la baja, producto de ajustes estacionales y decisiones empresarias vinculadas al cierre de balances. En esa línea, sostienen que el análisis debe hacerse sobre la tendencia de mediano plazo y no sobre un solo mes.

El propio presidente explicó que la fijación de la cantidad de dinero, implementada a mediados del año pasado, tiene efectos que no son inmediatos. Según su diagnóstico, los rezagos de la política monetaria justifican que la desinflación continúe durante 2026, incluso sin nuevas medidas de shock. Esa convicción es la que alimenta el optimismo oficial y la apuesta a mostrar nuevos hitos en los próximos meses.

En paralelo, el Gobierno busca alinear expectativas. Funcionarios y voceros insisten en que la baja de la inflación no es un fenómeno espontáneo ni garantizado, sino el resultado de sostener un rumbo. Cualquier relajamiento fiscal o monetario, advierten, podría poner en riesgo los avances logrados. Por eso, la narrativa oficial combina celebración con advertencia, reforzando la idea de que el proceso aún está en construcción.

Inflación, política y capital simbólico de la gestión libertaria

Dentro del esquema discursivo del oficialismo, la desaceleración inflacionaria ocupa un lugar central como símbolo de éxito. En un contexto de ajuste y pérdida de poder adquisitivo para amplios sectores de la sociedad, el Gobierno apuesta a que la estabilidad de precios funcione como una promesa de alivio futuro. La idea de “ordenar primero para crecer después” atraviesa los mensajes públicos y privados de la administración Milei.

El respaldo político a la política económica se apoya, además, en encuestas que el oficialismo cita con frecuencia. Estudios de opinión que muestran altos niveles de confianza en el rumbo general son utilizados como argumento para sostener que la sociedad valida el sacrificio presente a cambio de previsibilidad. En esa lectura, la inflación baja no sólo mejora indicadores macroeconómicos, sino que también fortalece el vínculo entre el Gobierno y su base de apoyo.

La figura de Luis Caputo aparece como otro eje del relato. El ministro de Economía es presentado como el arquitecto técnico del proceso de estabilización y recibe elogios explícitos del presidente, tanto en declaraciones públicas como en redes sociales. La dupla Milei-Caputo busca transmitir cohesión y continuidad, dos elementos que el mercado y los actores económicos observan con atención.

Sin embargo, el desafío hacia adelante no se limita a sostener la baja de la inflación. El Gobierno sabe que la estabilidad de precios debe traducirse en mejoras concretas para la vida cotidiana. La recuperación del salario real, la reactivación del consumo y la recomposición del crédito serán variables clave para que el éxito macroeconómico no quede encapsulado en los números.

En ese marco, el dato de inflación de 2025 funciona como una fotografía intermedia. Para el oficialismo, confirma que el rumbo elegido es el correcto y que los costos iniciales empiezan a rendir frutos. Para la sociedad, sigue siendo una señal que necesita consolidarse en el tiempo. La apuesta del Gobierno es que, si logra cumplir su objetivo de romper el piso del 1% mensual, la inflación deje de ser el problema estructural que marcó a la Argentina durante décadas y se convierta, por primera vez en mucho tiempo, en una variable controlada.