El empresario Ariel García Furfaro recibió su primer golpe en los tribunales: fue procesado junto a su madre y su abuela de 90 años en una causa por sobrefacturación de importaciones y maniobras comerciales con China, donde habrían declarado montos falsos ante la Aduana a través de distintas firmas, entre ellas HLB Pharma Group SA.

La resolución judicial no solo golpea al empresario, sino que vuelve a poner bajo la lupa el entramado sanitario y judicial de La Plata, donde se instruye otra investigación aún más delicada que involucra a la misma compañía: la presunta elaboración y distribución de fentanilo adulterado, vinculado a decenas de muertes de pacientes.

El laboratorio bajo investigación

HLB Pharma Group, la empresa emblema de García Furfaro, ya había sido cuestionada por operar bajo un esquema de importaciones irregulares, triangulación comercial con China y vínculos con proveedores de dudosa procedencia. El procesamiento confirma que las maniobras no fueron aisladas y que el núcleo familiar estuvo implicado en la operatoria.

Sin embargo, lo más grave radica en el frente sanitario: la Justicia platense investiga si el laboratorio produjo fentanilo adulterado que ingresó al sistema de salud, con consecuencias fatales para pacientes que recibieron tratamientos contaminados. Esa línea de investigación está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, quien quedó en el centro de los cuestionamientos.

El rol del juez y las dudas sobre la fiscalización

La actuación de Kreplak genera cada vez más controversia. Mientras la causa por importaciones irregulares avanzó con rapidez hasta alcanzar el procesamiento, el expediente sobre el fentanilo adulterado avanza lentamente, a pesar de que allí están en juego vidas humanas y la seguridad del sistema de salud.

Críticos del accionar judicial señalan que el magistrado puso el acento en el costado económico antes que en el sanitario, cuando las consecuencias de la adulteración son irreparables. Además, apuntan a la falta de controles efectivos en La Plata, tanto a nivel judicial como de los organismos encargados de supervisar la producción y circulación de medicamentos.

La sospecha que sobrevuela es si existió una laxitud deliberada en la fiscalización, lo que permitió que un laboratorio con antecedentes irregulares siguiera operando con normalidad en la capital bonaerense.

Política, intereses y conflicto de familia

El caso también tiene un costado político. Kreplak no es un apellido cualquiera en la Provincia: Ernesto, el juez, es hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de Axel Kicillof. Ese vínculo alimenta la hipótesis de un conflicto de intereses y genera desconfianza en la transparencia del proceso.

Desde la oposición bonaerense ya comenzaron a instalar el tema en la agenda electoral. Dirigentes de distintos espacios cuestionaron que la falta de fiscalización en La Plata permitió que un laboratorio sospechado de irregularidades afectara la salud de la población, y reclamaron que se avance sin dilaciones en la investigación sobre el fentanilo.

Un caso que trasciende a García Furfaro

El procesamiento de Ariel García Furfaro es apenas el inicio de una saga judicial que podría escalar. No se trata solo de un empresario y su familia, sino de un esquema que pone en tela de juicio la capacidad del Estado para controlar a actores privados en sectores estratégicos como la salud.

La Plata, epicentro de la causa, se convierte en un espejo incómodo para el sistema judicial y político bonaerense. Allí se cruzan negocios opacos, intereses políticos y la dramática consecuencia de pacientes fallecidos por la presunta circulación de fármacos adulterados.

Final: una deuda de transparencia

El desafío inmediato será que la investigación avance con celeridad y sin condicionamientos políticos. El juez Kreplak y los organismos de control platenses están bajo la mirada de la sociedad, que espera respuestas claras y responsables.

Porque más allá de las maniobras comerciales y los procesamientos familiares, lo que queda en juego es algo mucho más profundo: la confianza en que el sistema judicial y sanitario pueda garantizar que hechos como los del fentanilo no vuelvan a repetirse.