El Gobierno nacional comenzó a desplegar su estrategia política para avanzar con uno de los proyectos más sensibles de su agenda legislativa: la reforma laboral. Con el inicio del año parlamentario en el horizonte y un escenario de votos todavía incierto, el ministro del Interior, Diego Santilli, activó la primera ronda de conversaciones con gobernadores para sondear posiciones, detectar resistencias y explorar posibles consensos. El primer destino fue la provincia de Chubut, donde mantuvo contacto con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, en un contexto marcado por una emergencia ambiental que desplazó, al menos de manera formal, la discusión política.

La reforma laboral es considerada por la Casa Rosada como la iniciativa de mayor complejidad dentro del paquete de transformaciones que busca impulsar el oficialismo en el Congreso. A diferencia de otras propuestas —como cambios tributarios o modificaciones sectoriales—, el rediseño del régimen laboral concentra tensiones históricas entre el Estado, los sindicatos, los empresarios y las provincias, lo que obliga al Ejecutivo a un trabajo fino de negociación, especialmente en el Senado, donde la relación de fuerzas es más adversa.

El viaje de Santilli a Chubut no fue casual. El gobernador Torres ha mantenido, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, una relación ambivalente con el Gobierno nacional: acompañó algunas iniciativas clave, como el Presupuesto 2026, pero también expresó críticas públicas frente a decisiones que consideró perjudiciales para los intereses provinciales. Ese perfil lo convierte en un interlocutor relevante y, al mismo tiempo, en un termómetro del clima político que puede encontrarse el oficialismo en otras jurisdicciones.

Sin embargo, la agenda prevista se vio condicionada por la gravedad de los incendios forestales que afectan a la Comarca Andina. Los focos activos en zonas cercanas a El Hoyo, Puerto Patriada, Bariloche y El Bolsón obligaron a priorizar la coordinación operativa y el acompañamiento institucional frente a la emergencia. Desde ambos gobiernos dejaron trascender que la discusión legislativa quedó relegada a un segundo plano, aunque sin descartar intercambios informales sobre el escenario político nacional.

En ese marco, Torres remarcó públicamente que la prioridad absoluta es el control del fuego y destacó la cooperación entre Nación y provincias, así como el trabajo conjunto de brigadistas de distintas jurisdicciones. El mensaje buscó descomprimir tensiones y mostrar una imagen de coordinación institucional, en un momento donde el Gobierno necesita exhibir capacidad de diálogo y articulación, especialmente cuando encara reformas estructurales de alto impacto social.

Más allá del contexto puntual, la visita de Santilli forma parte de una hoja de ruta más amplia. El Ejecutivo pretende replicar el esquema de negociación utilizado meses atrás para lograr la aprobación del Presupuesto 2026. En aquella oportunidad, el Ministerio del Interior actuó como articulador político, realizando un relevamiento previo de demandas provinciales antes de que el Ministerio de Economía definiera los márgenes fiscales disponibles para negociar. Esa lógica, basada en concesiones selectivas y acuerdos bilaterales, es la que ahora se intenta aplicar al debate laboral.

Las sesiones extraordinarias, previstas a partir del 2 de febrero y hasta la apertura del período ordinario el 1 de marzo, serán el escenario elegido para intentar avanzar con el proyecto. En el oficialismo admiten que la reforma laboral será la más difícil de aprobar y que, a diferencia de otras iniciativas, requerirá aceptar modificaciones sustantivas para lograr consensos mínimos. El objetivo central es evitar que el texto quede empantanado en el Senado y obligue a un ida y vuelta permanente con Diputados, lo que dilataría los tiempos políticos del Gobierno.

En Chubut, el posicionamiento del gobernador Torres respecto a la reforma aún no está definido. En su entorno reconocen que no existe una postura cerrada y que cualquier decisión estará atravesada por el impacto concreto que la iniciativa pueda tener en la economía provincial y en el empleo. A esto se suma la postura crítica de sectores aliados al gobernador, como el diputado Jorge “Loma” Ávila, quien ya anticipó su rechazo al texto tal como está planteado actualmente.

El panorama se complica aún más por la oposición explícita de la Confederación General del Trabajo y del bloque peronista, que ven en la reforma una amenaza directa a derechos laborales consolidados. En paralelo, incluso dentro de sectores que suelen acompañar al oficialismo aparecen reparos, lo que obliga al Gobierno a recalcular expectativas. Pese a ello, en la Casa Rosada sostienen un moderado optimismo y confían en que, con ajustes y concesiones, podrían alcanzar los votos necesarios al menos en la Cámara de Diputados.

La agenda de Santilli para enero incluye visitas y encuentros con al menos diez gobernadores. Entre ellos figuran los radicales Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Leandro Zdero, de Chaco, además de una reunión prevista con Sergio Ziliotto, de La Pampa, en la Casa Rosada. El Ejecutivo apuesta a consolidar un bloque de apoyos integrado por aliados provinciales, el PRO y otros espacios que han acompañado proyectos de La Libertad Avanza, con especial foco en convencer a sectores del radicalismo, históricamente más permeables a reformas con un enfoque laboral menos confrontativo.

En paralelo, la conducción parlamentaria del oficialismo también se mueve. En el Senado, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, junto a Santilli, Martín Menem y otros referentes clave, retomará en los próximos días las conversaciones con bloques aliados. La estrategia contempla aceptar cambios en la Cámara alta para que luego Diputados pueda aprobar el texto sin modificaciones, evitando así un nuevo trámite legislativo que complique los plazos.

La posibilidad de introducir correcciones al proyecto cobró fuerza tras la decisión de postergar su tratamiento en el Senado. Desde el oficialismo dejaron trascender que podrían destinarse hasta 45 días a discutir modificaciones, en un gesto que busca mostrar apertura al diálogo. En ese sentido, Bullrich reconoció que el texto no será inmodificable y que el Gobierno está dispuesto a escuchar propuestas que permitan destrabar la discusión.

Uno de los puntos más controvertidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que establece un aporte mensual del 3% de la remuneración bruta de cada trabajador por parte de los empleadores, destinado a cubrir indemnizaciones por despidos. La iniciativa genera resistencia no solo en la CGT, sino también entre gobernadores aliados y en sectores empresariales como la Unión Industrial Argentina, que advierten sobre el impacto que podría tener en los costos laborales.

Con este escenario, el Gobierno se enfrenta a una negociación compleja, donde cada voto cuenta y donde las urgencias políticas conviven con crisis coyunturales, como la emergencia ambiental en la Patagonia. La gira de Santilli marca el inicio de una etapa clave: la de transformar un proyecto ambicioso en una ley posible, en un Congreso fragmentado y con actores que reclaman ser escuchados antes de acompañar una reforma que promete reconfigurar el mapa laboral argentino.