La reciente promulgación del decreto 340/2025 por parte del Gobierno Nacional, que amplía la lista de actividades esenciales y exige que durante las huelgas se garantice un servicio mínimo del 50% en el transporte, ha encendido una nueva chispa en el conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento sindical. Lejos de tratarse de una mera medida técnica, el decreto representa una ofensiva directa sobre el derecho a la huelga y la libertad sindical, pilares fundamentales consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en múltiples convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

La respuesta de los gremios del transporte agrupados en la CATT —con el respaldo de la CGT— no se hizo esperar. El estado de alerta declarado y el anuncio de paros sorpresivos para junio ponen en evidencia no solo el rechazo al decreto, sino también el creciente malestar ante una política que busca disciplinar la protesta social por decreto. El recurso de amparo presentado por la CGT refuerza esta postura, señalando que el Ejecutivo ha excedido sus atribuciones al legislar por fuera del Congreso y avanza sobre derechos conquistados con años de lucha.

El Gobierno, por su parte, argumenta que la medida apunta a proteger a los usuarios y garantizar la prestación de servicios básicos. Sin embargo, la ecuación es más compleja: en nombre de la eficiencia o el orden, se pretende recortar derechos colectivos. El problema no es que se busque equilibrio entre derecho a la protesta y derecho al transporte, sino que se hace de forma unilateral, sin diálogo social ni consenso con los sectores afectados.

La posibilidad de interrupciones en trenes, colectivos, subtes y vuelos, en un país donde millones dependen del transporte público para vivir y trabajar, no es un dato menor. Pero más preocupante aún es el intento de criminalizar la huelga bajo el disfraz de «servicio esencial». Esto no es nuevo: es una estrategia conocida de gobiernos que buscan debilitar a los sindicatos, especialmente en contextos de ajuste económico.

El conflicto se agrava con las demandas salariales en curso, como las de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que exige un salario mínimo de 2,5 millones de pesos para los choferes. En lugar de atender estos reclamos legítimos, el Gobierno opta por el endurecimiento normativo.

En definitiva, lo que está en juego no es solo la conflictividad del mes de junio, sino el modelo de relaciones laborales que queremos para el país. ¿Un modelo basado en el diálogo social y el respeto por los derechos laborales, o uno donde se gobierna a golpe de decreto, vulnerando conquistas históricas? La respuesta, como siempre, se dará en las calles… y en los andenes.