La Justicia de Bahía Blanca condenó a la consejera escolar Fiorella Belén Damiani a tres años de prisión en suspenso por falso testimonio agravado. El caso se originó en una denuncia por violación realizada en 2017 que, según determinó el tribunal, nunca ocurrió.

Dos hombres estuvieron detenidos por la acusación y luego fueron sobreseídos cuando se incorporaron pruebas audiovisuales y pericias médicas que descartaron el delito. La fiscalía apelará la pena por considerarla insuficiente.

La sentencia dictada en Bahía Blanca cierra uno de los expedientes judiciales más sensibles de los últimos años en el ámbito local. Fiorella Belén Damiani, de 27 años, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de falso testimonio agravado, luego de que la Justicia concluyera que la violación que había denunciado en 2017 no existió.

El caso tuvo alto impacto no solo por la gravedad de la acusación inicial, sino también por las consecuencias inmediatas que derivaron de ella. Dos hombres fueron detenidos e imputados por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos personas. Permanecieron privados de su libertad hasta que la incorporación de nuevas pruebas modificó el rumbo de la causa.

La resolución judicial también proyecta efectos en el plano político. Damiani había sido electa consejera escolar por La Libertad Avanza, lo que añadió una dimensión institucional al expediente. Con el fallo ya dictado y la fiscalía anunciando apelación, el caso vuelve a instalar el debate sobre denuncias falsas, responsabilidad penal y los límites del sistema judicial frente a delitos de extrema sensibilidad social.

Cómo se desmoronó la denuncia inicial

La investigación comenzó tras la denuncia presentada en 2017, en la que Damiani sostuvo haber sido víctima de una violación cometida por dos hombres. La acusación activó el protocolo judicial correspondiente y derivó en la inmediata detención de los señalados, dada la gravedad de los cargos.

Durante la instrucción, sin embargo, comenzaron a surgir elementos que pusieron en crisis la hipótesis del ataque sexual. Los imputados aportaron registros de video guardados en sus teléfonos celulares que, según determinó posteriormente la Justicia, mostraban que el encuentro había sido consentido.

A ese material se sumó el resultado del examen médico practicado a la denunciante en el momento de los hechos. La pericia no constató lesiones compatibles con una violación ni signos físicos que respaldaran la versión de un acceso carnal forzado. La valoración conjunta de estas pruebas fue determinante para que los acusados recuperaran la libertad.

Con el avance del proceso, el tribunal resolvió el sobreseimiento definitivo de los hombres al considerar que no existían elementos para sostener la imputación. Ese cierre marcó un giro absoluto en el expediente y abrió la puerta a una nueva etapa judicial.

Tras su absolución, los sobreseídos impulsaron acciones tanto en el fuero civil como en el penal. Sostuvieron que habían sido víctimas de una denuncia falsa que afectó su honor, su entorno familiar y su situación laboral. La nueva investigación se centró entonces en determinar si la acusación original había sido deliberadamente falsa y si correspondía atribuir responsabilidad penal a quien la formuló.

Qué es el falso testimonio agravado y por qué se aplicó en este caso

El delito de falso testimonio está previsto en el Código Penal argentino y sanciona a quien, bajo juramento o declaración formal ante autoridad competente, falta a la verdad en perjuicio de la administración de Justicia. Se trata de una figura que protege el correcto funcionamiento del sistema judicial.

En este caso, la acusación fue encuadrada como falso testimonio agravado debido a las consecuencias que generó la denuncia. La privación de la libertad de dos personas y la gravedad del delito imputado fueron consideradas circunstancias que intensificaron el daño producido.

El 10 de abril de 2025, Damiani fue detenida en el marco de esta nueva causa y posteriormente enfrentó el juicio oral. Durante los alegatos, el fiscal Mauricio Del Cero solicitó una pena de nueve años de prisión al considerar acreditado el dolo, es decir, la intención consciente de formular una acusación falsa.

La postura fue acompañada por el abogado querellante Juan Vitalini, quien sostuvo que el daño ocasionado justificaba una sanción ejemplificadora. Desde la acusación remarcaron el impacto personal, social y laboral que sufrieron los hombres detenidos.

La defensa, en cambio, pidió la absolución al argumentar que no se había probado la intención deliberada de mentir. De manera subsidiaria, solicitó el mínimo de la pena prevista para el delito en caso de que el tribunal considerara configurada la responsabilidad penal.

Finalmente, los jueces resolvieron imponer tres años de prisión en suspenso. La modalidad implica que la condenada no cumplirá pena efectiva en un establecimiento carcelario, aunque deberá respetar reglas de conducta y quedará sujeta a eventuales sanciones si incumple las condiciones impuestas.

Impacto político, social y debate público

El fallo no solo tiene implicancias penales. La condición de Damiani como consejera escolar electa por La Libertad Avanza generó repercusiones en el ámbito político local. Si bien el proceso judicial se enfocó en la conducta investigada, la condena en suspenso abre interrogantes sobre la continuidad en funciones y las consecuencias administrativas que podrían derivarse.

En paralelo, la fiscalía adelantó que apelará la sentencia al considerar que la pena resulta insuficiente frente a la magnitud del daño. La revisión por parte de un tribunal superior podría confirmar o modificar la condena, por lo que el caso aún no está definitivamente cerrado.

El expediente también reaviva un debate complejo. Por un lado, especialistas subrayan la necesidad de sancionar denuncias falsas que afectan gravemente la vida de terceros y erosionan la credibilidad del sistema judicial. Por otro, advierten que estos fallos deben analizarse con cautela para no desalentar denuncias legítimas de delitos sexuales, un fenómeno históricamente subregistrado.

En ese equilibrio delicado se inscribe la sentencia dictada en Bahía Blanca. El tribunal sostuvo que su decisión se basó exclusivamente en la prueba producida y en la valoración integral del expediente. La resolución remarca que el caso no cuestiona la importancia de denunciar hechos reales, sino que sanciona una conducta que, según se acreditó, fue deliberadamente falsa.

Desde 2017 hasta la condena conocida ahora, la causa atravesó casi una década de trámites judiciales, pericias, detenciones y recursos. El tiempo transcurrido expone la complejidad de los procesos penales y el peso que adquieren las pruebas tecnológicas en la reconstrucción de hechos controvertidos.

Mientras se aguarda la apelación, el caso deja una huella profunda en el ámbito judicial y político local. La sentencia, más allá de su resultado puntual, vuelve a poner en discusión la responsabilidad individual frente al uso del sistema penal y las consecuencias que pueden derivarse cuando una denuncia, según determinó la Justicia, no se corresponde con la realidad.